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127
En este Correo:
*Andalucía,
Cronica Nacional - Andalucía, tras la Huelga
General
*Agricultura
prevé recortar las ayudas a
grandes latifundios para usarlas en desarrollo rural en
2003
*Andalucía -
Malí: La Junta construye una
biblioteca en Tombuctú para
salvar 3.000 manuscritos
andalusíes
*Aviso Importante:
Comunicado del Servidor
E-Listas sobre la LSSI
*Resultados
Encuesta: La Inmigración
en Andalucía
*Directorio -
Musica
Andalucía - Cronica
NacionalAndalucía tras la Huelga
General
El PSOE toma la iniciativa política
- El SOC mantiene el protagonismo sindical
Andalucía
Libre
Manuel Chaves (PSOE),
Presidente de la Junta de
Andalucía
La escena
política
A diez días de la
Huelga General si algo caracteriza la situación política andaluza es la
capacidad y diligencia mostradas por la sucursal andaluza del PSOE para
capitalizarla políticamente, jugando con imagnes y gestos, hasta situarse en el
centro del escenario político nacional, arrinconando a la sucursal andaluza del
PP y satelizando a PCE-IU, PA y PSA.
El primer día
hábil tras la Huelga y la Cumbre europea, Chaves tomaba la iniciativa diciendo
que su Gobierno intentará
que el decreto-ley sobre las prestaciones del desempleo "no se ponga en
marcha" en Andalucía. El Presidente Chaves anunciaba que "Si
el Gobierno central intenta seguir adelante con el decreto-ley, no nos vamos a
quedar parados (...) Desde todas las perspectivas que tenemos, en base a la
Constitución y el Estatuto de Autonomía, acción política, acción
parlamentaria.... todas las posibilidades que nosotros tenemos para frenar, o
más que frenar para derogar esta reforma, lo vamos a intentar". Estas
declaraciones, incluían desde luego, la posibilidad de presentar un
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional español, pero
políticamente iban mucho más allá, al adelantar la decisión política del
Gobierno andaluz de -sin esperar a la resolución del Tribunal- hacer lo que
estuviera en su mano para hacer inaplicable en Andalucía una disposición legal
adoptada por el Gobierno y refrendada por el Parlamento español. Chaves
sustentaba esta actitud con el argumento de que el masivo seguimiento de la
Huelga General en Andalucía había deslegitimado aquí el Decreto-Ley dictado
por el Gobierno español. En ese instante Chaves se estaba dirigiendo a los
cientos de miles de trabajadores del medio rural, respondiendo a sus inquietudes
y afirmando su papel político e institucional.
El
Gobierno español del PP respondía al día siguiente al Presidente andaluz:
"El
Gobierno aplicará la ley y hará que se cumpla". Aducía que
"la Junta no tiene competencias en materia de empleo para cumplir la amenaza
de Chaves", recordándole que "el Gobierno español tiene la
competencia sobre legislación laboral y que a las comunidades
autónomas sólo les corresponde la ejecución de la mismas; según la
Constitución y los estatutos de autonomía" . Además, subrayaba que "la
Junta de Andalucía no tiene aún transferidas las políticas activas de empleo,
como otras comunidades, por diferencias en su valoración, con lo que es más
inviable cualquier medida para obstaculizar la aplicación del decreto(...) Al no
disponer de competencias, no puede adoptar medidas negativas contra el decreto
de reforma del empleo". No obstante, admitía que
"la Junta de Andalucía podría actuar como ya lo hizo contra el medicamentazo:
compensando a los afectados con subvenciones. Si actúa como entonces,
analizaremos la situación y, en tal caso, estudiaremos la posibilidad de
recurso". Teofila Martínez, portavoz de la sucursal andaluza del PP, se
dedicaba durante días a criticar la actitud insumisa de Chávez declarando
que "Por un lado, dice no a todas las leyes que se aprueben
democráticamente en el Parlamento y en las Cortes Generales españolas, y, por
otro, anuncia que va a hacer todo lo posible para que no se cumplan leyes que
afectan a todos los españoles, cuando no tiene competencias para ello".
Llegaba Teofila a preguntarse en publico "si
Chaves cree en el sistema (sic!!!) que nos hemos dado todos, que es el
sistema de las autonomías, con unas leyes estatales básicas, con un Gobierno de
la nación española que tiene unas competencias que tenemos todos que
respetar, igual que en el caso de las comunidades autónomas". Que la
sucursal andaluza del PP tuviera que recurrir a estas tonterias muestra tanto su
nivel de aislamiento social -al menos hoy en la Andalucía rural- como su
situación política a la defensiva, reducida a la ingrata misión de altavoz
en Andalucía del
Gobierno español.
Por
supuesto, el PSOE no asumía el calificativo de insumiso que le
endilgaba el PP, pero -aparte de anunciar la presentación en julio de mociones
contra el decreto en todas los Ayuntamientos y Diputaciones- se reafirmaba en su
posición de, erigiéndose en portavoz del pueblo andaluz que se había manifestado
en la Huelga General, hacer inaplicable el Decreto en
Andalucía.
Obviamente
la muy españolista sucursal andaluza del PSOE no se había convertido al
soberanismo andaluz de la noche a la mañana. Pero lo que Chaves -o sus asesores,
tanto da- había entendido muy bien era que este era precisamente el momento
político de afirmar -a golpe de demagogia- que una administración como
la Junta de
Andalucía -con tantos miles de funcionarios y tantos
millones de presupuesto- sí era capaz de convertirse en un
instrumento útil de defensa del pueblo andaluz frente a una agresión de Madrid
claramente sentida como tal. Si para ello había de cuestionar de hecho la
legitimidad de las instituciones españolas para imponer una
política determinada en Andalucía -aún cuando lo hiciera citando como
avales a la misma Constitución y al Estatuto que supeditan Andalucía a
Madrid- lo haría sin dudarlo. Lo de menos es que, por supuesto, Chaves y el PSOE
no estuvieran ni por un momento dispuestos a auspiciar una insumisión
nacional andaluza frente al Estado español y que sus proyectos realmente se
limitaran a preparar medidas atenuadoras, mantener la presión política y
cubrirse bajo el amparo del recurso ante el Constitucional. Lo
importante de estas declaraciones y de las fechas en que fueron pronunciadas y
mantenidas era que, con ellas, Chaves se situaba a la cabeza del rechazo
andaluz y además con el anuncio de acciones y no de meras opiniones o recursos
jurisdiccionales; como corresponde a un Presidente de Gobierno.
Recordaran
nuestros lectores y lectoras que ya en el ANDALUCÍA LIBRE nē 115 (1 de Mayo
de 2002) y luego en los números 121, 124 y 125 defendimos aquí que
para evitar la capitalización por el PSOE de la protesta andaluza era
conveniente, entre otras propuestas, reclamar desde antes de la Huelga
General "que la Junta de Andalucía asumiera en un acto de
soberanía, las competencias sobre el Subsidio Agrario y el PER, adelantando
su disposición a mantenerlo (y a modificarlo) fuera la que fuere la
decisión del Gobierno español, respondiendo al pronunciamiento favorable al
Subsidio-PER ya expreso de la mayoría absoluta de los representantes
electos del pueblo andaluz.", traduciéndolo en la consigna "Si
lo quita Aznar, que lo mantenga Chaves". Ninguna fuerza
política o sindical con implantación significativa asumió una perspectiva
política así. Todas se negaron siquiera a acercarse a plantear ni remotamente
una insubordinación política de esta naturaleza. El resultado de esta miopía
política es que fue el propio Chaves y el PSOE quien les ganó por la mano,
situándose aparentemente más a la izquierda y más en andaluz que los que
pretendidamente -dentro, por supuesto, del marco institucional existente-
presumen de estar a su izquierda o de ser
andalucistas.
Por
si esto no fuera suficiente,
PSOE, IU y PA presentaron conjuntamente en el Parlamento andaluz una
proposición no de Ley -ampliamente difundida- en la que se instaba al Gobierno
andaluz a exigir al Ejecutivo español que retirara el decreto, "a la vista
del rechazo masivo expresado por la sociedad andaluza", y que, una vez
retirado, abriera un proceso de negociación con los sindicatos más
representativos, así como con las comunidades autónomas afectadas especialmente
por esta normativa. En la exposición de motivos de la iniciativa, se
señalaba que la huelga general día 20 había significado la paralización de la
vida ciudadana no sólo en los pueblos de la Andalucía rural, sino también en las
ciudades y grandes concentraciones urbanas, "evidenciando un malestar social
ampliamente extendido frente a una reforma que es un paso más en la ruptura del
modelo social puesto en marcha en la Constitución española de 1978 y el Estatuto
de Autonomía para Andalucía". Con ello, el PSOE reducía a sus socios al
nivel de coro de palmeros, que respaldaban unitariamente desde la retaguardia
sus mucho más contundentes posiciones publicas en solitario.
Para
completar el cuadro, mientras esta escena se desarrollaba ante sus mismas
narices, cada uno de los satélites daba buena muestra pública de sus alcances y
limites.
Valderas,
coordinador de la sucursal andaluza del PCE-IU, entendía -tras la reunión de su
Permanente- que lo prioritario era declarar que "se abre un escenario
diferente en el que se puede producir una victoria de la unidad de la izquierda
más social frente a la política neoliberal de la derecha, para lo que resulta
necesario proceder al reagrupamiento de la izquierda". Es decir,
traduciendo de su críptica jerga habitual, postularse como pivote de una alianza
-no se sabe si preelectoral o postelectoral- que fuera desde el PSOE hasta los
sectores presentables del movimiento antiglobalización, pasando por las
burocracias de CCOO y UGT y que en lo concreto significara plasmar el ansiado
acceso del PCE-IU al Gobierno andaluz en coalición subordinada con el
PSOE.
Al
Partido Andalucista, casi siempre pintoresco, no se le ocurría, por su
parte, otra idea mejor que preguntar a través de su eurodiputado,
Carlos Bautista, a la Comisión de la Unión Europea si tenía algún sistema
previsto ante estas modificaciones, demandándole "que explique, según su
criterio, qué mecanismos de protección social deben contemplarse para mantener
el nivel de rentas agrícolas y de este modo, evitar el éxodo de la población
rural, el despoblamiento y la concentración parcelaria". El
representante andalucista solicitó además a la Comisión Europea que aclare
"si tiene constancia del citado decreto y si conoce el alcance social de la
media del ejecutivo del PP en el medio rural español". En Estrasburgo y no
digamos en Bruselas, deben estar todavía carcajeándose ante un parlamentario que
no sólo manifiesta tamaña ignorancia ante las prioridades, contenidos y
funcionamiento políticos de la Unión sino que además no halla mejor recurso
polémico que preguntarle a la Comisión, a modo de examen de
revalida, si lee la prensa o los informes diplomáticos que se le
suministran desde los Estados
miembros.
Como
remate, Pedro Pacheco -alcalde de Jerez, diputado andaluz y coordinador
nacional del PSA- no encontró mejor recurso que ponerse el traje de
estadista responsable y declarar que "si
el Gobierno español no se sienta a negociar con los sindicatos para suavizar los
aspectos más duros del decretazo, este país va a entrar en una dinámica de
conflictividad social que no es buena". Para que no cupieran dudas de por
donde iba el eterno alcalde jerezano, a renglón seguido afirmaba que "el
triunfo del 20-J hay que dejarlo un poco aparcado y ver el día después,
negociando con seriedad", ya que de lo contrario "el país puede entrar
en una vía muy conflictiva, cuando la economía no va muy bien". Con ello
(aparte de nuevamente dejarnos con la duda de a qué país se refiere Pacheco, si
a Andalucía o a España) el PSA aparecía reclamando moderación a CCOO-UGT (¡como
si lo necesitaran!) y a la derecha del
PSOE.
El
contraste entre un Presidente que, respaldado por su Parlamento y su partido,
dice que hará lo posible porque no se aplique en Andalucía un decreto y sus tres
aliados acompañantes: uno, pensando y hablando en voz alta de alianzas
gubernamentales y electorales; otro, directamente en las nubes; el de más allá,
dando tumbos y los tres atenazados por su respeto reverencial al marco
constitucional y estatutario, no podía ser más favorable para el PSOE. Como
si no le fuera suficiente el disponer tras de si de todo el poder
presupuestario y clientelista de la Junta y de tantos ayuntamientos y organismos
y organizaciones paragubernamentales, la sucursal andaluza del PSOE
mostraba, en una coyuntura trascendental, tener un sentido político de la
oportunidad, el descaro y la iniciativa, a muchos codos por encima de sus
adláteres. PCE-IU, PA y PSA evidenciaban, no sólo que carecían de proyecto
político estratégico nacional diferenciado o de valor para planteralo sino que
ni siquiera tenían la capacidad e inteligencia tácticas mínimas para ya
aceptaban el no condicionar la agenda del PSOE al menos no verse tan
absolutamente sobrepasados y digeridos por sus
iniciativas.
Mientras
alguno intenta ahora tardíamente situarse en su estela, Chaves acaba de
reafirmar que sigue "dispuesto a dictar todas las normas que puedan
compensar o matizar los efectos del Decreto". Como complemento político y
como si hubiera escuchado atentamente uno de los ejes básicos del actual
discurso político del SOC, el Gobierno andaluz anuncia ahora la modulación
de las ayudas a los latifundistas (ver abajo). Está claro que la sucursal
andaluza del PSOE no está dispuesta a regalar un átomo de espacio ni dar
ningún margen para ningún ataque de flanco y que ha entendido bien que en estos
momentos -ante la inconsistencia de sus satélites- se está jugando no sólo las
próximas municipales sino también la mayoría absoluta en las próximas elecciones
nacionales andaluzas. Gracias a sus aciertos propios y sobre todo a las
carencias ajenas, el PSOE está convirtiendo una situación que podía a priori
haberlo situado a la defensiva en Andalucía -mostrando sus fracasos y sus
falsedades- en una catapulta que no sólo le permita preservar su base política,
social e institucional sino incluso
incrementarla.
En
todo caso, conviene retener, por lo que pueda pasar en el futuro, los
términos de la propuesta presentada por la sucursal andaluza del PP: "ampliar la renta activa de
inserción a desempleados eventuales agrarios que no obtengan el subsidio por no
haber sido beneficiarios en los 3 años anteriores; programas similares a las
escuelas taller y casas de oficio para jóvenes menores de 25 años;
compatibilidad del subsidio agrario por desempleo de eventuales agrarios y el
trabajo; potenciar el trabajo de los beneficiarios del subsidio por desempleo de
eventuales agrarios, y regular que las cotizaciones por trabajos no agrarios se
reserven para acceder a las prestaciones por desempleo con carácter
general. Puesta en marcha, con un montante de 4.800 millones de euros para
5 años, un plan de modernización del mundo rural, de carácter integral y que la
Junta pague la deuda de 52 millones de euros (9.000 millones de pesetas) que
tiene contraída con las diputaciones provinciales en concepto de aportación al
pago de materiales para las obras del PER-Aepsa en los municipios andaluces con
cargo al convenio de colaboración INEM-corporaciones locales. Reforma del
actual porcentaje de participación en los costes de los materiales para las
obras del PER-Aepsa, de forma que se pase del actual 40% que aporta la
administración autonómica al 75%, haciéndose cargo del 25% restante las
diputaciones y que los ayuntamientos queden exonerados de aportación
alguna.". Ya se sabe que entre esta gente, la política no entiende de
derechos de autor.
La
escena
sindical.
Manifestación del SOC en Cádiz
El SOC, aparte de recoger firmas
contra el decreto, se plantó en Cádiz con 2.000 jornaleros coincidiendo con un
Pleno del Ayuntamiento. Resultado: Teofila Martínez, alcaldesa de Cádiz y
portavoz de la sucursal andaluza del PP, accedió a conseguir que una delegación
del SOC se reuniera el próximo 2 de Junio con el ministro español de Trabajo,
Aparicio. Con ello el SOC obtenía nuevamente un reconocimiento político de
representatividad -ganado a partir de la movilización- por parte del Gobierno
español y rompía el monopolio de interlocución de CCOO y UGT. Lo de menos es que
de esa entrevista es previsible que no surja nada nuevo en positivo. El próximo
día 3, el SOC ha anunciado su intención de ocupar fincas en diferentes comarcas
de Almería, Jaén y Granada. Y el 11 de Julio inicia su Marcha a Madrid para
montar su acampada indefinida.
CCOO y UGT, por su parte, han tenido
que anunciar que hasta que se resuelva lo del Decreto del desempleo suspenden
todas sus negociaciones abiertas con el Gobierno. El 15 y 16 tienen previsto
realizar movilizaciones y en septiembre, emulando al SOC, las sucursales
andaluzas de CCOO y UGT han propuesto a sus centros de Madrid que se organice
una marcha convergente hacia la capital del Estado coincidiendo con el debate
del proyecto de Ley en el Senado.
El SOC sigue llevando bien la batalla
por la iniciativa, sosteniendo acciones como la recogida de esparto para
autofinanciar actividades, que le permiten seguir estando en primera línea de la
opinión. La marcha y acampada en Madrid en pleno verano es una apuesta
arriesgada, por múltiples factores. Aún así, su punto débil sigue siendo el
discurso político, más si cabe cuando el PSOE y la Junta le marcan muy de
cerca.
Agricultura
prevé recortar las ayudas a grandes latifundios para usarlas en desarrollo
rural en 2003
Plata propone
retener un 20% de las subvenciones a quien recibe más de 78.340 euros
anuales
ALEJANDRO BOLAÑOS | Sevilla, EL
PAÍS-ANDALUCÍA
La Junta tiene ya preparada al
detalle su propuesta de modulación de las ayudas agrarias, anunciada por el
consejero de Agricultura, Paulino Plata, hace casi tres años. Según este
modelo, los recortes se centrarían en los 2.279 agricultores, el 0,9% del
total, que concentran el 25% de las ayudas en Andalucía. A estos grandes
propietarios, que cobran más de 78.340 euros al año (unos 13 millones de
pesetas) en subvenciones, se les aplicaría la máxima retención (un 20%)
permitida por la Comisión Europea; Agricultura prevé conseguir así 70 millones
para inversiones en desarrollo rural.
La Junta aplicará su modelo el
próximo año si Bruselas no aprueba antes un esquema obligatorio de modulación
que Paulino Plata considera 'un simple recorte financiero'. Desde 1999, los
Estados de la UE pueden, optativamente, redistribuir una parte de las ayudas
que reciben sus agricultores para destinarlas a medidas agroambientales,
repoblación forestal, zonas desfavorecidas o a financiar jubilaciones
anticipadas. En este tiempo, sólo Francia, Reino Unido y, en menor medida,
Portugal, han ensayado algún esquema de modulación de sus ayudas. En España,
el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha renunciado a esta
posibilidad por no ser de obligado cumplimiento para todos los países, algo
que UPA y COAG, las organizaciones agrarias más empeñadas en la medida
consideran una excusa. Ante la negativa del Ministerio, algunas comunidades
gobernadas por el PSOE (Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía)
comenzaron a estudiar modelos autonómicos de modulación.
El primero en mover ficha fue el
presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien anunció en febrero
que remitiría un proyecto de ley del que todavía no hay noticias al Parlamento
autonómico. En Andalucía, el modelo está mucho más definido. La Consejería de
Agricultura se basa en la renta de referencia establecida (19.585 euros, 3,26
millones de pesetas) y establece tres tramos sobre las ayudas europeas a
olivar, cultivos herbáceos, primas ganaderas y otros, que concentran la
inmensa mayoría (1.333 de los 1.500 millones de euros) de las subvenciones que
recibe el campo andaluz. El primer tramo incluye al 97,7% de los agricultores
andaluces, que reciben menos de 39.170 euros al año en ayudas (el doble de la
renta de referencia), a los que no se aplicará ningún
recorte.
En el segundo tramo quedarían unos
3.493 agricultores que cobran entre 39.170 euros al año y 78.340 (cuatro veces
la renta de referencia). A éstos, que representan el 1,4% de los propietarios
andaluces pero reciben el 13% de las ayudas, Agricultura prevé aplicar una
retención del 10% si no garantizan un determinado nivel de empleo. En
realidad, con esta condición, la modulación apenas afectará a este colectivo,
salvo en el caso de las explotaciones dedicadas a cultivos herbáceos que
suelen generar poca mano de obra. Las reducciones se centrarán casi
exclusivamente en ese 0,9% que concentran el 25% de las ayudas europeas:
aquellos que sobrepasan el límite de los 78.340 euros.
'La política agraria tiene que empezar a
definirse en función de las personas, no de las hectáreas', defiende el
consejero de Agricultura, Paulino Plata, quien asegura que la Junta ha
esperado a una campaña como ésta, 'paradigmática', en la que las abundantes
cosechas, sobre todo en el olivar, implicarán fuertes penalizaciones a las
ayudas europeas (un 50% en el caso del aceite), para que se visualice la
necesidad de su modelo. 'Con las penalizaciones, muchas pequeñas explotaciones
con condiciones ambientales adversas se quedan al borde de la desaparición',
argumenta Plata. Las inversiones en desarrollo rural que se nutran de la
modulación se destinarían a paliar estas situaciones.
El modelo de la Consejería de
Agricultura plantea la necesidad de aplicar la modulación en el ámbito
autonómico para evitar el trasvase de recursos entre regiones y una fecha de
referencia anterior a su puesta en marcha para evitar la división artificial
de las explotaciones. La Junta esperará a ver qué dan de sí las propuestas
planteadas ahora en el Congreso de los Diputados y en el seno de la Comisión
Europea. En el Congreso, el PSOE ha presentado una proposición no de ley para
compatibilizar la modulación en todas las regiones que, previsiblemente, será
rechazada por el PP.
Reforma de la PAC
En Bruselas, el comisario europeo
de Agricultura, Franz Fischler ultima una propuesta de revisión de la Política
Agraria Común que incluye cambios en la modulación: una aplicación obligatoria
y progresiva de recortes, hasta llegar al 20%, a los agricultores que cobran
más de 5.000 euros (830.000 pesetas) y un tope máximo de 300.000 euros en
ayudas. 'Eso no es modulación, es recorte financiero puro y duro porque afecta
a casi todos los agricultores y favorece la división artificial de
explotaciones para evitar llegar al tope', afirma Plata.
La
propuesta de revisión de Bruselas tiene que pasar el refrendo de los ministros
de Agricultura de la UE, y ya varios países han mostrado su rechazo a lo que
se ha conocido de los planes de Fischler. Si finalmente no se impone la
modulación obligatoria, la Consejería de Agricultura está dispuesta a elaborar
un decreto para aplicar su modelo a partir de 2003. 'Es un compromiso
electoral y tenemos competencias para ello', defiende Plata ante la
posibilidad de un nuevo conflicto con el Ministerio de
Agricultura.
Andalucía -
MalíLa
Junta construye una biblioteca en Tombuctú para salvar 3.000 manuscritos
andalusíes
Andalucía24Horas / 29/06/2002
El consejero de Relaciones
Instituciones, Juan Ortega, junto al director de la Biblioteca Fondo Ka"ti,
Ismaël Diadié Haidara, ha anunciado la mañana del sábado que la Junta de
Andalucía va a construir una Biblioteca en Tombuctu con el objetivo de salvar
los manuscritos andalusíes que se encuentran en esta ciudad africana.
En rueda de prensa, Ortega dijo
que dichos manuscritos, unos 3.000 y de gran valor histórico, se encuentran en
grave peligro de deterioro físico, y para su salvación, intelectuales de la
talla de José Saramago, Juan Goytisolo y José Angel Valente, entre otros, han
firmado un manifiesto solicitando "que se preserve este tesoro".
En este sentido, el propio Diadié
ha señalado que en la biblioteca "se encuentra un compendio de todo el saber
medieval andalusí", y agradeció la colaboración de estos intelectuales y de la
Consejería de Relaciones Institucionales, "porque le ha puesto toda la ilusión,
el amor y la pasión que hacía falta para que saliera un proyecto así".
"He hablado con muchas
instituciones, y todas hablaban de dinero; esta consejería habló de Andalucía",
añadió el director de la Biblioteca Fondo Kati.
Por otra parte, el consejero
indicó que con la construcción de esta biblioteca "lanzamos puentes entre
Andalucía y sus descendientes asentados en la curva del Níger", y apeló a la
sensibilidad de otras administraciones "para que no se pierdan documentos
históricos de esa magnitud".
El presupuesto de la construcción
de la nueva biblioteca asciende a 150.253 euros (25 millones de pesetas), de los
cuales 120.202 (20 millones) aportará la Consejería y 30.051 (5 millones) la
familia Ka"ti. El convenio de colaboración incluye que se microfilmen los
manuscritos para que investigadores andaluces puedan acceder a ellos a través de
la sede que el Centro de Estudios Andaluces instalará en Almería.
Aviso Importante
Comunicado del
Servidor E-Listas sobre la LSSI
Ponemos en vuestro conocimiento
el siguiente Comunicado emitido por el servidor E-Listas en el que se
encuentra alojado nuestro Boletin ANDALUCIA LIBRE
Estimado administrador,
En previsión del
Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la nformación y de Comercio
Electrónico (la LSSI)
recientemente aprobado por el parlamento español, desde eListas nos vemos
obligados a remitir durante los próximos días un comunicado a todos los
usuarios de eListas.net que estén suscritos a una o más listas gratuitas bajo
eListas.net, para que la recepción de mensajes provenientes desde eListas a
dichos usuarios y uso de dicho servicio se atenga a la mencionada Ley
(LSSI).
Este mensaje indicará a los usuarios entre otras cosas sus
derechos bajo la mencionada Ley, indicará la lista o listas a las que están
suscritos, se les invitará a activar su cuenta caso que no lo esté, y se les
ofrecerá la posibilidad de cancelar su cuenta, caso que así lo deseen, según
lo previsto en dicha Ley (LSSI) así como en la Ley Organica 15/1999 sobre
Proteccion de Datos. eListas iniciará el envío de estos mensajes el próximo 3
de Julio, y recomienda a los administradores de listas que remitan previamente
un mensaje a sus listas, avisando a sus usuarios de este procedimiento.
Reiteramos que eListas realizará estos envíos con el principal propósito de
atenerse a esta Ley (LSSI) para así poder continuar ofreciendo estos servicios
de forma legítima a todos los usuarios de eListas.net.
Saludos
cordiales,
Soporte técnico de eListas
Resultados Encuesta:
La Inmigración en
Andalucía
A
partir del articulo del nē 123, La Inmigración en Andalucía, ¿con
que posición estas más de acuerdo para Andalucía?
(numero
de direcciones suscritas: 817)
|
Respuestas |
Votos |
Porcentaje |
|
"Papeles
para todos". Ninguna limitación para la inmigración.
|
47 |
66.20%
|
|
Derechos
plenos-igualdad para la inmigración ya legal; restricción de la
ilegal
|
23 |
32.39%
|
|
Fuera
toda la inmigración
|
1 |
1.41%
|
|
Participación y
porcentaje sobre total de suscripciones |
71 |
8,69% |
Música: Golfo
arabigo
Publicidad del Servidor
E-Listas:
nē 127 - Andalucía
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