Andalucía
Libre
Independencia República Socialismo
nº 80
Cita
Nacional:
Granada, 2 de Enero
de 2002
Toma
NO; Viva Andalucía
Libre
En este Correo:
* José del
Toro Domínguez (SOC),
La situación del campo
andaluz
* Miguel
Moya Guirado, Encierro de
inmigrantes: Almería es
diferente
* Granada:
El tripartito (PSOE-IU-PA) recurre a un
ardid contable para incumplir
compromisos sobre solidaridad
* Caja
Única Andaluza: Datos de las
cajas
Opinión: Caja
Única y proyecto
nacional
* Escocia,
SSP: un partido para la
lucha. Crónica de su Congreso
Nacional.
* Euskadi,
Manifestación en Pamplona en defensa
de la lengua vasca
Iñaqui Aldekoa,
Hasta aquí hemos
llegado.
Arnaldo
Otegi, J.M. Olarra,
La Soberanía: una
necesidad popular.
* Córcega:
El proceso corso visto
desde Paris
* Sugerencias,
enlaces, directorio,
música
--oOo--
Andalucía
La situación en el campo andaluz
José del
Toro Dominguez.
Sindicato de
Obreros del Campo (Huelva)
Desde el
pasado 31 de diciembre, todos los trabajadores que realizan su profesión en
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, pecuarias, y en las industrias
complementarias a actividades agrarias, no tienen convenio que los regule. En
estos momentos se está produciendo un movimiento migratorio hacia Huelva, donde
miles de emigrantes andaluces e inmigrantes extranjeros se están acercando para
realizar la campaña de recolección de fresas. Alrededor de 50.000 temporeros
participarán en la recogida.
El
sector empresarial ya ha anunciado que no tiene la suficiente mano de obra que
se necesita para recolectar las casi 8.000 hectáreas que se han sembrado, pero
no anuncian las condiciones laborales y sociales que se van a encontrar cuando
lleguen a Huelva.
Mientras, los representantes de los sindicatos
firmantes del Convenio Provincial del Campo navegan en una nube, erigiéndose
como representantes de los 50.000 temporeros, de los cuales ni un 5% de los
mismos han participado en las elecciones sindicales. Estos representantes
sindicales alimentados con dinero público, están subordinados a las decisiones
de los empresarios.
Si
hacemos un poco de memoria, en el año 1996, los trabajadores que realizaban la
campaña de recolección de fresas percibían un salario de 4.100 pesetas, (26'6€;
22'6$) según convenio, y cinco años después, es decir actualmente, perciben
4.458 pesetas menos el 2% de IRPF, total 4.278 pesetas (25'71€; 23'60$), por
tanto, los salarios se han incrementado en cinco años en 278 pesetas (1'67€;
1'53$), lo que supone una subida salarial de 55 pesetas anuales (0'33€;
0'30$) . Esto nos lleva a la conclusión de que este convenio es el segundo
peor de Andalucía, después del convenio de Almería, pero lo más grave es que los
representantes de estos sindicatos saben que el convenio no se cumple y, además,
no hacen lo más mínimo para que se cumpla. Incluso llegan a decir que el 97% de
los empresarios freseros cumplen el convenio y, sin embargo, saben de más que no
hay ningún empresario que pague la hora extra como está estipulada, ni el plus
del kilometraje.
Hemos
hecho memoria, hemos hablado cómo actualmente se incumple el convenio, pero el
futuro hay que tenerlo en cuenta, y veremos en los próximos meses como ocurrirá
lo mismo que en el año 1999, que el convenio se publicó en el Boletín Oficial de
la Provincia, el 10 de junio, con lo que la campaña estaba terminada, y los
empresarios no abonaron los atrasos salariales. El Sindicato de Obreros del
Campo calcula que los temporeros perderán 500 millones de pesetas en la campaña
fresera (3.005.006€; 2.758.468$). Esta cifra la lanzamos con argumentos sólidos,
tales que dicha cantidad la calculamos de una pérdida de 100 pesetas diarias en
los cinco millones de jornales que genera la fresa.
El
SOC va a realizar una campaña de defensa de un salario único para los
trabajadores agrícolas en Andalucía, en dicha campaña se reivindica un salario
de 6.000 pesetas diarias (36'06€; 33'10$) y una jornada laboral semanal de
35 horas. Esperamos que esta campaña llegue al mayor número de temporeros y que
éstos presionen, y que esa presión sirva para conseguir reivindicaciones justas
que, además, también sirvan para que se dignifique la profesión más pisoteada de
Andalucía.-
Encierro de inmigrantes en la
Universidad de Almería
Almería es
diferente
Miguel
Moya
Guirado
Secretaría Federal de EPA, Privada y Universidad.
USTEA;
epa@ustea.org;
Un encierro como los muchos que hay de
inmigrantes por todo el estado en Almería no se puede permitir. Y es que en
Almería es hoy una sociedad cerrada, donde no se quiere permitir que se observe
la caldera que está en ebullición. Algunas pinceladas tras 5 días del
encierro.
El subgobernador
rápidamente hace declaraciones de que están manipulados por
Nación Andaluza y Sindicato de
Obreros del Campo. Además se acusa a estas
organizaciones de apoyar al "Foro Cívico
Europeo"(1)
En el programa de Iñaki Gabilondo
acusan a sindicalistas de USTEA de haber agredido a un cámara
de Tele 5. Y a pesar de que se le desmiente por fax a tan afamado locutor, no
rectifica. El que en la denuncia ante los juzgados el denunciado no tenga nada
que ver con tal sindicato no sirve tampoco para que rectifiquen.
Que los inmigrantes abren una
cuenta corriente, un reportero de Ideal pregunta a una de las asociaciones que
apoya el encierro y le dicen el nº de cuenta. El intrepido periodista quiere
saber y pregunta por los inmigrantes que han dado el nombre para abrir la
cuenta. Lógicamente la persona a quién se lo preguntan no tiene ni idea.
Conclusión en letra impresa: hay gato encerrado en la misteriosa
cuenta.
La universidad pone cordones de
seguridad a base de vigilantes privados para que no entre ni un inmigrante más y
un Vicerrector, que hasta el mismo Jefe de Seguridad duda de que esté en sus
cabales, empieza a provocar insultando y vertiendo acusaciones gravísimas contra
la gente que apoya e intentado a enfrentar a subsaharianos con
magrebíes.
Un fotógrafo holandés visita el
encierro durante unas horas y ya es convertido en un "cabecilla" llegado de un
país europeo.
Que los inmigrantes intentan
hablar con el rector para pedirle el uso de las duchas. Se trata de una
"estratagema perfectamente planificada" de "los cabecillas" manipuladores para
crear confusión y propiciar entrada de nueva gente al encierro. Otra vez el
Ideal .
De la cantidad de mierda que sale
por la boca de algunas televisiones locales mejor ni hablar. Solo decir que deja
en pañales a los ejemplos puestos.
La Cruz Roja dice el tercer día
del encierro que no puede suministrar alimentos por falta de
presupuesto.
Como acabará todo esto. ¿Hasta
donde piensan llegar quienes dominan en Almería?
No lo se. Lo que si esta claro es
que aquí puede pasar cualquier cosa.
Almería, a 24 de Febrero de
2001.
(1)
El tal foro es una entidad pro-derechos
humanos de ámbito europea que cometió el terrible pecado de exponer en un
folleto la realidad de lo que pasó en El Ejido en Febrero del 2000 y que no se
había hecho nada en los meses siguientes para remediar la situación. Esto
originó una campaña de prensa sin igual. Y hoy nombrar al Foro Cívico en
Almería es casi tan malo como nombrar a Goytisolo , otro que por decir la
verdad fue declarado persona non grata por el ayuntamiento de El Ejido
(presunta izquierda incluida)
Granada: El
Gobierno municipal tripartito (PSOE-IU-PA) recurre a un ardid para quitar 40
millones a la solidaridad
J. A. Guerrero • IDEAL Granada
El gobierno
municipal (PSOE-IU-PA) incumplirá este año su compromiso de destinar a los
programas de cooperación al desarrollo el 0,5% del presupuesto del Ayuntamiento
de Granada. Ante el silencio de todos los grupos políticos -incluida Izquierda
Unida, que siempre se ha mostrado muy sensible hacia estos temas-, el PSOE se ha
buscado un artificio legal por el cual los programas de solidaridad recibirán 40
millones menos de lo que debían tener asignado.
El pacto de
gobierno suscrito hace dos años entre el PSOE, IU y PA incluía un punto para, a
razón de una décima por año, ir progresando en la asignación de fondos a
programas de solidaridad hasta alcanzar a final del mandato el 0,7% del
presupuesto. El año pasado, el equipo de gobierno cumplió el compromiso de
consignar el 0,4% del presupuesto a la cooperación al desarrollo. Este año tenía
que haber dedicado el 0,5% y así sucesivamente hasta llegar al 0,7% en 2003,
último año de mandato. Pero a las primeras de cambio el tripartito ha olvidado
su promesa y lo que es peor, ningún partido político, ninguna organización
humanitaria ha levantado la voz.
Durante el año
2000, el Ayuntamiento dedicó a la ayuda internacional 98 millones de pesetas,
dando cumplida respuesta al compromiso de dedicar el 0,4% de los 20.500 millones
del presupuesto de 2000 a este fin. En puridad y siguiendo el mismo criterio que
el aplicado entonces, el Ayuntamiento granadino debía conceder 142 millones de
pesetas, cantidad equivalente al 0,5% (una décima más que el año pasado) de los
28.500 millones de pesetas del presupuesto de 2001. Sin embargo la partida real
que se ha destinado a colaborar con los países del Tercer Mundo asciende a 100
millones, quedando disminuida en 40 millones. El misterio de este incumplimiento
radica en los criterios contables empleados por el concejal de Economía, José
Antonio Aparicio (PSOE), para calcular la asignación a los programas de
solidaridad.
Para la
estimación de este importe, Aparicio ha tomado como referencia los ingresos
corrientes, que son los que proceden de los impuestos, las tasas, las multas y
las transferencias corrientes de otras administraciones, y ha dejado fuera del
0,5% los ingresos de capital, que suponen más de 7.000 millones. El edil
argumenta en su defensa que «sobre algunas partidas de ingreso existen
restricciones legales, como es el caso de los ingresos de la venta de patrimonio
de suelo y las subvenciones finalistas recibidas del exterior». Pero este
criterio no fue el del año pasado, cuando se tomó como base de cálculo el total
de ingresos, incluidos los que ahora se han dejado fuera.
Cuando la tónica
general del presupuesto municipal de 2001 es de subidas generalizadas en todos
los capítulos, la partida consignada a la cooperación con el Tercer Mundo se
mantiene prácticamente igual que el año pasado, con un imperceptible incremento
del 2% (de 98 a 100 millones de pesetas), frente a la subida del 13% que
experimenta la delegación de Bienestar Social; del 18% de Medio Ambiente; del
11% de Cultura o del 20% de Tráfico, por citar algunas áreas.
Así
pues, la partida para proyectos de cooperación y desarrollo con el Tercer Mundo
se convierte en la hermana pobre de un presupuesto que en su conjunto crece el
16%. De hecho, los 100 millones asignados a este fin representan sólo el 0,35%
del presupuesto total, muy lejos del 0,5% previsto.
Ni
el grupo socialista ni Izquierda Unida, que cuando estaban en la oposición se
mostraron muy beligerantes con el PP acerca del 0,7%, han abierto la boca.
Tampoco lo ha hecho el PA, que igualmente alardea de partido solidario, ni el
PP, ni la propia Congra, la coordinadora que agrupa a todas las ONG
granadinas.-
Caja
Única
Las
seis cajas de Andalucía controlan el 46,45% del dinero de los andaluces. El
53,55% en manos extranjeras.
Las seis cajas de
ahorro de Andalucía -Unicaja, El Monte,
Cajasur, La General,
Caja San Fernando y
Caja Jaén- controlan el 46,45% del dinero
que los andaluces han depositado en entidades financieras, frente al 33,5%
por ciento de la banca privada que opera en la comunidad.
En el sector del
crédito, las cajas andaluzas absorben el 35,1% del concedido por el sistema
financiero en Andalucía, y la banca privada controló el 45,2% por ciento de los
préstamos otorgados, según datos actualizados hasta el tercer trimestre de 2000.
La fortaleza del
sistema financiero andaluz se refleja en la evolución de sus activos en los
últimos años, en el ritmo de crecimiento de su cartera crediticia, en el ahorro
captado en forma de depósitos a la vista o a plazo, en la toma de participación
en empresas de diversos sectores y en su inversión en los mercados de renta
variable y fija. En concreto, las seis entidades de la comunidad sumaron
seis billones de pesetas en activos a 31 diciembre de 2000, lo que representa un
incremento de un billón frente a los que contabilizaban en su balances en ese
mismo periodo del año anterior.
Por activos, las
tres entidades líderes en 2000 fueron Unicaja, que contabilizó 1,9 billones de
pesetas; Cajasur, con 1,1; y El Monte de Huelva y Sevilla, con un billón. Tras
ellas, se situaron la General de Granada con 917.088 millones en activos, la
Caja San Fernando de Sevilla y Jerez con 746.515 millones, y la Provincial de
Jaén, con 48.640 millones.
El resultado neto
de las seis cajas de la comunidad continúa también al alza, como revelan sus
cuentas a 31 de diciembre de 2000, con un beneficio neto conjunto de 56.669
millones de pesetas (340.587.549€, 312.639.302$), frente a los 46.213 millones
del año anterior, cerca de cinco puntos por encima de la media de crecimiento
estatal.
Durante el año
pasado, las entidades andaluzas concedieron créditos por importe de 4,1 billones
de pesetas, frente a los 3,4 billones del año anterior, mientras que captaron
depósitos de ahorro por 4,5 billones, frente a los 4 billones del año
anterior.
En el conjunto del
sector a nivel estatal, los resultados aumentaron un 11,41% hasta los 629.550
millones de pesetas, según los datos de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA), que indican que las entidades andaluzas aportan un
9% al total del beneficio de las 47 entidades que integran esta
asociación de cajas.
A pesar de la
estrategia agresiva y de la fuerte expansión de entidades con sede social en
otras comunidades, como La Caixa o Caja Madrid, las instituciones andaluzas
continúan ampliando su red de sucursales, que, en conjunto, suma 2.254 oficinas,
según los últimos datos disponibles de la CECA a 31 de diciembre de 1999. En las
2.254 oficinas operativas de estas entidades andaluzas trabajan 12.584
empleados, de los que 8.761 son hombres y 3.823 son mujeres, repartidos en
distintas áreas, y entre ellas, la que absorbe a una mayor cantidad de personal
es la correspondiente a administración y gestión, con cerca de 11.677
trabajadores, mientras que la Obra Social de las entidades copa a 140 empleados.
Precisamente a Obra
Social, las entidades andaluzas destinaron 13.648 millones de pesetas
(82.026.232€; 75.295.156$), de los que 7.786 correspondieron a área cultural y
2.977 a área asistencial, mientras que casi 2.600 correspondieron a área
docente, otros 259 a investigación y 25,5 millones al área sanitaria.
El mapa financiero
andaluz lo completa la red de cajas rurales de la comunidad, que agrupa a diez
entidades y que durante el año pasado sumaron un beneficio de 19.456 millones,
unos activos de 1,6 billones y créditos sobre clientes por 1,2 billones y
depósitos por 1,3 billones de pesetas.
El año pasado se inició un
proceso de fusión que culminó con la unión de las entidades de Almería y Málaga
en la nueva Cajamar, la mayor rural del Estado español con unos activos totales
de más de 824.320 millones, y de las de Huelva y Sevilla, que dio lugar a la
Caja Rural del Sur, con 325.020 millones de pesetas en activos totales medios,
la tercera estatal. Este
cuadro muestra los últimos datos recogidos en la cuenta de resultados y balance
de las cajas andaluzas a 31 de diciembre de 2000.
Opinión
Caja Única y
proyecto nacional.
El proceso de fusión de las cajas
andaluzas vuelve a evidenciar los que significa para Andalucía tener que
soportar una clase dirigente y unas elites políticas sin proyecto
nacional.
El contexto general es sencillo.
Una situación global de concentración financiera creciente y un
53,5% del ahorro andaluz en manos
extranjeras (españolas, europeas, etc) a través de bancos y cajas con sede
extraandaluza, con el consiguiente drenaje de recursos.
De otra parte, el tan cacareado en
su día Fondo de Compensación Interterritorial resulta manifiestamente
inútil y nulo para compensar el expolio histórico de Andalucía; los fondos
europeos se reparten desde Madrid de forma interesada y en contra de los
intereses andaluces y se invierten según las prioridades de Bruselas y Madrid
y no las andaluzas; los sucesivos modelos de financiación autonómica
consolidan la dependencia, el retraso y la discriminación; la deuda autonómica
acumulada se muestra incobrable ante la chulería de los sucesivos Gobiernos
españoles; el no reconocimiento del censo andaluz por Madrid constituye sólo
la ultima y más nítida demostración de la impotencia política de Andalucía.
La cobardía política y el
españolismo del PSOE y consecuentemente de la Junta se muestra, por contraste,
cuando el no menos españolista Rodríguez Ibarra, en un momento donde gobierna
en Madrid el PP, propone para Extremadura recientemente la implantación
de un Impuesto autonómico sobre la Banca que "grave fiscalmente la
captación del ahorro extremeño y su falta de reinversión en proyectos
productivos mediante créditos". La Junta de Andalucía, de una entidad política
objetiva cualitativamente distinta, se queda muda ante esa iniciativa para no
molestar ni a la banca ni al Gobierno español y se limita a recurrir
rutinariamente los Presupuestos Generales del Estado español ante el Tribunal
Constitucional español.
Una Administración autónoma que se
reconoce necesitada de contar con un soporte financiero para disponer
de algún margen futuro de actuación, una vez que el marco
jurídico-político (Constitución, Estatuto), sus propias renuncias y opciones
políticas (a establecer tributación propia sobre la Banca extranjera, las
grandes superficies comerciales, etc; su apoyo a Maastrich, al pacto de
estabilidad...) y las impuestas desde Madrid (obligación de déficit cero)
reducen paulatinamente de forma drástica su ya mermada capacidad de maniobra
política. En esa situación, el control de los recursos de las cajas de
ahorro, como regulador de créditos y promotor de inversiones y de su Obra
Social (adonde van sus beneficios una vez detraídos los sueldos y gastos de
funcionamiento) resulta extremadamente
importante.
La Ley de Cajas pretendía
explícitamente favorecer el proceso de fusiones. Implícitamente, el modelo
político que auspiciaba, situaba a Unicaja (la primera caja andaluza, con
sede en Málaga) como eje en torno al que articular las fusiones. El PSOE no
fue capaz en la pasada legislatura de imponer ese esquema,
bloqueado por una coalición de intereses y sus propias contradicciones
internas.
De un lado, el
PP tenia como programa máximo la privatización
de las cajas y como programa mínimo dificultar cualquier proceso de
vertebración financiera autónoma que pudiera conferir margen de maniobra a la
Junta o dificultar la expansión de la gran banca o de cajas extranjeras como
La Caixa o CajaMadrid en nuestro país. El PP, en clara y coherente continuidad
con la tradición de la derecha españolista en Andalucía, actuaba como factor
boicoteador, traidor a los más elementales intereses andaluces, combinando sin
dificultad la defensa de los mezquinos intereses de las oligarquías locales
ligados a la continuidad de las cajas (sueldos, acceso a créditos favorables,
influencias...) con la oposición a cualquier proceso de afirmación andaluza.
En esa línea, contaba con la alianza de la Iglesia Católica (interesada en la
continuidad de CajaSur, entidad que controla por razones históricas bajo la
dirección del Cura Castillejo) y de sectores del propio PSOE. Muy pronto, se
pudo comprobar que el discurso publico con el que camuflar estos espureos
intereses iba a ser el localismo, es decir, la defensa de unos
presuntos intereses provinciales amenazados por la voracidad del
"centralismo sevillano" (aunque, por entonces, el foco promotor de
las fusiones estaba más bien en Málaga). En Córdoba, la defensa de CajaSur
contó con el apoyo, amen del PP, de IU y del PA. Por cierto, recientes
declaraciones del Cura Castillejo proponen la absorción de la Caja Jaén por
CajaSur, en competencia con La General, sin que ello haya despertado ninguna
oposición en Córdoba.
En los últimos tiempos, el centro de
conflicto se ha trasladado de Córdoba al binomio Sevilla-Málaga. En
Sevilla la cuestión se plantea promoviendo la fusión previa de la Caja San
Fernando y El Monte, con el apoyo del PSOE provincial y la oligarquía
sevillana. El objetivo de la operación era y es ganar un peso cualitativo, de
tal manera que bien la hipotética fusión nacional no tuviera como eje a
Unicaja; bien dar lugar en vez de una a dos cajas: una hegemónica en
Huelva, Sevilla y Cádiz y otra en Málaga, Almería, Granada y Jaén; lo que
manifiesta cuan poco sentido nacional habita en esos sectores. Todos los
alcaldes sevillanos desde 1979 (del PSOE y del PA) rubricaron un
manifiesto en favor de la operación y el alcalde actual Monteseirin
(PSOE) -un sujeto torpe donde los haya- se descolgó con la reivindicación
de un estatuto financiero especial para Sevilla por su condición de
capital, acompañado de una apología del peso económico de Sevilla dentro
de Andalucía a partir del recuerdo embellecido de la Expo92. Todo ello con el
objetivo de generar una cobertura populista-localista para la minifusión.
Desde Málaga, el alcalde De La
Torre (PP) vio como se le colocaba en bandeja un enfrentamiento en los justos
términos deseados por la derecha españolista y respondió contraponiendo al
populismo localista sevillano, dosis semejantes de populismo localista
malagueño; en este caso, aduciendo que Málaga era "el motor económico de
Andalucía". CCOO de Málaga promovió inmediatamente un foro en
defensa de los intereses de Málaga (frente a Sevilla) al que se apuntaron
entusiastas IU y demás fuerzas parlamentarias. La minifusión sevillana se
desarrolla ante la oposición de la consejera de Economía, Magdalena Álvarez,
que la denuncia, no por supuesto por sentido nacional sino porque altera sus
planes favorables a la preeminencia de Unicaja.
Entretanto, en Granada, las fuerzas
vivas (PSOE-PP-IU-PA-CCOO-UGT-Cámara de comercio-patronal) coincidían
también en la defensa de la autonomía de La General y en contra de la Caja
Única, mientras IDEAL (que es una sucursal del grupo vascoespañol El
Correo Español), por la vía de columnistas y articulistas afines al PSOE,
hacia lo propio en cuanto a fomentar el correspondiente populismo
localista granadino, resucitando espectros como el regionalismo
orientalista o amenazas de "irse a Murcia" (sic). El alcalde de Granada,
Moratalla, aportaba un matiz proponiendo a Granada como sede nacional de la
futura Caja Única.
En Almería, por su lado, las ven venir.
Los sectores políticos, mediáticos y económicos homólogos a los citados
en Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, ya se han blindado mediante la
formación de CajaMar, que se anuncia dispuesta a fusionarse en un futuro con
entidades extranjeras, en nítida y descarada manifestación de lo que realmente
hay tras los discursos localistas.
No hay mejor caracterización posible del
carácter español y antiandaluz de la burguesía dependiente andaluza que este
repaso descriptivo.
Ante este maremagnum, Chaves -presidente
de la Junta de Andalucía- hacía en publico un alegato en contra de los
localismos. IU, por boca de su portavoz parlamentario Antonio
Romero, le respondía, con razón, que tras su gestión el PSOE no tenía
autoridad política y moral para levantar ese discurso ya que era su
propia política la que había favorecido la desvertebración de Andalucía.
A Romero se le olvidaba, eso si, citar que IU en Sevilla, Málaga, Córdoba
y Granada reproducía con la mayor virulencia lo peor del discurso localista,
golpes de pecho granadinistas, malagueñistas,
cordobesistas etc, incluidos.
El espectáculo, como puede comprobarse,
raya entre lo patético y lo nauseabundo. Todos aquellos cómplices de la
subordinación política de Andalucía, apologetas de la sumisión a España y
responsables de la parálisis nacional, repartidos en las ocho
provincias, se trasmutan a todo ritmo en combativos denunciantes de las
presuntas agresiones de otras provincias y defensores de presuntos
intereses locales. No hay mejor manera de mostrar su nulidad, su bajeza moral,
su demagogia, su ausencia de dignidad... En una nación que sigue en la cola,
bien hundida en todos los parámetros estadísticos en todas sus provincias, la
continuidad de entidades financieras separadas se convierte -en claro
contraste con lo que la experiencia evidencia- en condición sinequanon del
desarrollo y la prosperidad.
Desde una posición nacionalista esta
claro que hay que denunciar la ausencia de instrumentos económicos -por
imposición ajena o por voluntad propia- de que dispone la Junta para un
desarrollo económico andaluz. Ello supone combatir el marco constitucional y
estatutario que nos condena a la dependencia. La ausencia de potestad y
soberanía fiscal, arancelaria, monetaria, de control sobre los flujos
financieros, sobre la ordenación del mercado laboral, sobre la Seguridad
Social, etc. Denunciar también los efectos nefastos de la pervivencia de las
delimitaciones provinciales, impuestas por el Estado español en 1833 y la
oposición a implantar de una vez una estructura administrativa y política
comarcal.
En ese contexto, hay que apoyar la
formación de una Caja Única Nacional, frente a las maniobras divisionistas. La
cuestión fundamental no es donde se ubicará su sede administrativa (o si esta
se concentra o se desconcentra) aunque bien podría optarse por la
diversificación y escoger a Córdoba o Granada, sino qué política financiera
seguirá y qué criterios de inversión sectorial y territorial aplicará. Para
ello sería necesario que quedara claro que su función económica no es sostener
operaciones compradoras o a la tradicional especulación urbanística o
turística sino fomentar el tejido productivo de base y composición nacional.
Es también perfectamente posible asumir desde su constitución como compromiso
estatutario, si hay voluntad política para ello, una línea de inversiones
equilibradora y redistributiva de base comarcal, que prime porcentualmente
tanto en su gestión comercial como en su Obra Social, precisamente a aquellas
menos desarrolladas. E incluir también una practica de
austeridad que destierre privilegios y sinecuras en forma de
sueldos escandalosos o créditos de favor.
EscociaSSP, Un partido para la lucha
Traducción: Andalucía
Libre
La
conferencia anual del Scottish Socialist Party-Partido Socialista Escocés tuvo
lugar el fin de semana del 10-11 de febrero en Glascow. En su orden del día, un
manifiesto electoral y nuevas reglas de funcionamiento para una organización muy
joven pero con un crecimiento extremadamente rápido.(*)
El
principal objetivo de la Asamblea del SSP era poner a la organización en orden
de batalla para las elecciones al Parlamento británico que deberán tener lugar
en mayo proximo. El SSP, que hoy ya tiene un diputado en el Parlamento escocés
elegido por sistema proporcional, ha tomado la decisión de presentarse en las 72
circunscripciones de Escocia. Esta Decisión implica un esfuerzo económico sin
precedentes, ya que la ley británica establece la obligación para los candidatos
de depositar una fianza, que no es restituida salvo para quienes rebasan el
umbral del 5%. A fin de obtener los medios de estar presente en Mayo de 2001
para Westminster y en mayo de 2002 para la renovación del Parlamento de
Edimburgo, el SSP ha abierto una suscripción excepcional de 100.000 libras
(26.373.500 pesetas; 158.730€;144.927$) entre sus militantes y simpatizantes. En
el curso de la Conferencia, una sesión completa fue consagrada a esta
movilización financiera; los participantes mostraron en la tribuna los
compromisos nominativos de suscripción, ante las ovaciones de la
asamblea...
Elecciones
Tommy
Sheridan, diputado en el Parlamento escocés y portavoz del SSP, abrió la
Conferencia e insistió sobre la necesidad de estar presente en todas las
circunscripciones, a fin de dar la oportunidad a todo el electorado escocés para
que pueda votar a quienes se reclaman realmente del socialismo, en un momento en
el que el New Labour de Tony Blair se orienta más y más hacia una adhesión sin
reservas al liberalismo. Es con decisión,
como los militantes del SSP han optado por responder a este desafió,
teniendo en cuenta que el SSP no tiene más de dos años de existencia y que el Partido Nacional Escocés
(Scottish National Party), hoy segunda fuerza en Escocia, ha necesitado treinta
años para llegar a ese nivel. Para el SSP esta campaña electoral se inscribe
como prolongación de las campañas de masas desarrolladas estos últimos meses:
contra la privatización de los servicios públicos; por la renacionalización de
los ferrocarriles; contra la tasa municipal –una versión edulcorada del “poll
tax” de Margaret Thatcher-; por los derechos de la mujer; por un salario mínimo
de 7 libras la hora (1.850 pesetas) y por la legalización del cannabis.
Temas que figuran destacados en el Manifiesto electoral del
SSP.
La
filosofía electoral del SSP está sintetizada en Imagine,
la obra ampliamente difundida de Tommy Sheridan y Alan McCombes, redactor jefe
de Scottish Socialist Voice:"nosotros no cambiaremos la sociedad simplemente
convenciendo a la gente de votar por nosotros. Aunque, esta claro, si nosotros
no convencemos siquiera a la gente de votar por el cambio, dificilmente seremos
capaces de convencerla de luchar por el cambio”. Una amplia mayoría de
los participantes reafirmaron su voluntad de situar estos combates políticos en
el cuadro de una perspectiva general de lucha por una Escocia independiente y
socialista.
Tras
la clausura de la conferencia, los participantes se fundieron con los centenares
de manifestantes que mantenían el sitio de la base militar británica de Faslane
(de lo que ya informamos en Andalucía
Libre)
Estatutos
El
rápido desarrollo del SSP hacía necesario también un debate sobre la
modificación del funcionamiento organizativo y las reglas estatutarias del
partido. Hasta ahora, la conferencia anual era en realidad una asamblea general
a la que todos los militantes podían asistir, intervenir y votar. Este era un
funcionamiento adecuado, sin duda, para una pequeña organización centrada en
Glascow y Edimburgo. Pero ahora ya no asegura la representatividad de una
organización que a día de hoy agrupa a 2.000 militantes y tiene ya más de
cincuenta secciones locales implantadas a lo largo y ancho del territorio de
Escocia. De ahí la propuesta, ampliamente apoyada, de tener el año próximo una
Conferencia formada sobre la base de delegaciones elegidas localmente. De otra
parte, se concluyó necesario redefinir las reglas de juego en un partido que si
bien nació en su origen como alianza electoral de diversas corrientes de la
izquierda revolucionaria escocesa, hoy suma a muchos militantes que no provienen
de ninguno de estos componentes originales. Una necesidad reforzada por la
perspectiva de la próxima incorporación al SSP de los militantes escoceses del
SWP; la mayor organización de la izquierda
revolucionaria en la isla.
A
partir de la lectura de los mensajes de solidaridad de la LCR francesa y la
Alianza Roja y Verde de Dinamarca, numerosos intervinientes subrayaron la
necesidad de perseverar en los contactos con la izquierda europea insertos en
los procesos abiertos con la reunión de Lisboa y la conferencia de la izquierda
europea anticapitalista de diciembre pasado en Paris. Una inquietud que no puede
dejar a la LCR indiferente proviniendo de un partido que proclama sin
ambigüedad: “Esta es la cuestión clave: ¿de qué lado estas tu?. ¿De la
rapacidad privada o de la satisfacción de las necesidades sociales?. ¿De los
beneficios o del pueblo?. ¿De la desigualdad o de la justicia?. ¿De la jerarquía
o de la democracia? ¿Del capitalismo o del socialismo?".
EuskadiMANIFESTACION POR EL EUSKARA EN
IRUÑEA
27.000 personas contra el acoso al
euskara
Una
multitud sin precedentes se manifestó en Iruñea en defensa de la lengua como «un
derecho de todos»
Los últimos ataques del Gobierno
de UPN al euskara fueron contestados ayer con una de las mayores manifestaciones
conocidas en Iruñea. Según el recuento de los organizadores, sus calles se
llenaron con 27.000 euskaldunes, euskaltzales y simples ciudadanos partidarios
del respeto a la «lingua navarrorum» y a sus hablantes. La marcha estuvo
encabezada por representantes de la plataforma Oinarriak y por los 51 alcaldes
de la «zona vascófona» que habían lanzado de forma conjunta este llamamiento a
salir a las calles en defensa del euskara, entendido en su opinión como «un
derecho de todos».Ramón SOLA, GARA |
IRUÑEA
La imagen de una Plaza del
Castillo abarrotada por sus cuatro costados puso brillante colofón a la
manifestación organizada por Oinarriak y los alcaldes de la «zona vascófona»
como respuesta a los últimos ataques al euskara impulsados desde el Gobierno de
UPN con el respaldo del PSN. A falta de referentes cercanos en el tiempo con los
que efectuar la comparación, muchos de los manifestantes expresaron la
posibilidad de que la de ayer haya llegado a ser la mayor manifestación
realizada en la historia de Iruñea. Sí queda claro que fue la mayor marcha por
el euskara en Nafarroa, al margen de la celebración anual del
Oinez.
Hablantes y simpatizantes del
euskara de todas las edades recorrieron durante casi una hora el espacio
comprendido entre los cines Golem del barrio de Donibane y la Plaza del
Castillo. La marcha la encabezaron representantes de la plural plataforma
Oinarriak, entre ellos miembros de sindicatos, Federación de Ikastolas,
Sortzen-Ikasbatuaz, AEK o Kontseilua, en este último caso con su presidente,
Xabier Mendiguren, a la cabeza. Todos ellos sostenían conjuntamente la pancarta
con el lema de esta movilización, «Euskara, guztion eskubidea».
Tras ellos marcharon los 51
alcaldes de la «zona vascófona» que compartían con Oinarriak la convocatoria de
la manifestación, acompañados de otros ediles de sus localidades y de otros
consistorios de las zonas «mixta» y «no vascófona» que también se adhirieron a
la marcha.
El éxito de esta movilización
queda fuera de toda duda en función de los números. Según el recuento de la
organización, que tuvo que ser corregido en dos ocasiones desde la megafonía
debido a que la marcha no terminaba de concluir, se reunieron para defender los
derechos de los euskaldunes cerca de 27.000 personas.
El sistema utilizado para
constatarlo fue el implantado en su día por «Egin». Entre los cines Golem y la
Plaza del Castillo, en un recorrido que transcurrió por las anchas avenidas de
Baiona y del Ejército y por el Paseo de Sarasate, se contabilizó una media de
quince manifestantes por cada fila. Posteriormente, se calculó que la velocidad
de la marcha hizo que cruzaran un mismo punto 36 filas por minuto, lo que daba
un resultado de 540 personas en cada 60 segundos. Finalmente, esta cifra fue
multiplicada por el tiempo que se debió emplear para completar el recorrido, y
que ascendió a 50 minutos. En total, por lo tanto, los organizadores ofrecieron
la cifra de 27.000 manifestantes.
Este volumen supone duplicar la
participación alcanzada por la anterior iniciativa de Oinarriak, que el 2 de
diciembre pasado logró movilizar a unas 15.000 personas. En aquel momento sólo
se conocía el borrador del decreto sobre el euskara en la Administración, que
fue aprobado finalmente por el Gobierno de UPN poco después y dio origen a dos
planes de implantación posteriores que prevén incluso la modificación de la
señalización viaria, de forma inmediata, para restringir más el euskara. Del
mismo modo, tras la manifestación de diciembre llegaron otras iniciativas muy
criticadas del Gobierno de Miguel Sanz como la retirada de las subvenciones a
Eusko Ikaskuntza, en discrepancia con el texto de la Enciclopedia Auñamendi, y a
la UEU. Para comprobar la dimensión de la marcha, cabe citar también que cuando
la cabeza llegó a la Plaza del Castillo, la cola todavía se encontraba en la
zona del parque de Antoniutti, y le restaba por tanto recorrer toda la longitud
de la Avenida del Ejército y girar a la izquierda para cruzar el Paseo de
Sarasate.
«Duro ataque al
euskara»
Esto obligó a demorar un tanto el
inicio del acto final, en espera de que los participantes pudieran escuchar el
doble mensaje. Por un lado, los alcaldes de la «zona vascófona» hicieron público
un comunicado reproducido íntegramente en la parte superior que fue
leído por el alcalde de Arantza, José Ramón Amoros, en euskara, y el primer edil
de Baztan, Patxiku Oiartzabal, en castellano.
Luego, la periodista Reyes
Ilintxeta y el músico Koldo Pastor dieron lectura al texto preparado por la
plataforma Oinarriak y titulado «El euskara, derecho de todos y todas». En el
mismo se critica de forma especial el polémico decreto del Gobierno de UPN por
ir en contra de la normalización del euskara y suponer «un duro ataque contra la
propia lengua, el euskara».
Oinarriak acusó a la legislación
vigente de «dar prioridad total al castellano, marginando el uso oficial del
euskara». Frente a ello, reclamó el «derecho elemental de todos los ciudadanos a
elegir el euskara, lengua propia, en su vida pública», y recordó al Gobierno
navarro que es responsable de garantizarlo.
Reacciones:
Patxi
OIARTZABAL Alcalde de Baztan (EA)
Se nos
pidió la adhesión para esta manifestación desde Oinarriak, y el Pleno del
Ayuntamiento se unió a la convocatoria y a la petición de derogación del
decreto, que supone un ataque frontal al euskara y mezcla muchos conceptos. Está
diseñado para conseguir un enfrentamiento social. Desde el valle del Baztan han
venido autobuses, y la respuesta ha sido muy clara.
Camino
MENDILUZE Alcaldesa de Altsasu (EH)
Este
decreto ha creado en Altsasu, en toda Sakana, una situación de enfado de la
población euskaldun, y también incluso de la no euskaldun. Es el momento de que
el Gobierno navarro recupere la cordura y se dé cuenta de que la lingua
navarrorum es apreciada en todo el mundo menos por algunos en Navarra. Deben
entender que es una riqueza cultural que no podemos
perder.
José María OTAEGI
Secretario general de ELA en Nafarroa
Las calles de
Iruñea están hoy llenas de la gente que no está por la discriminación
lingüística, al contrario que UPN y PSN, sino por el respeto a todas las
lenguas, y por eso mismo defendemos al euskara. A partir de aquí, tendrían que
tomar buena nota y dar marcha atrás. Nosotros también debemos hacerlo y buscar
los medios para que estas agresiones no sean aceptadas.
José María JIMENO
JURIO Historiador
He venido a poner
un granito de arena en la defensa del euskara. La situación en Navarra la veo
dura, dura, dura. El panorama no es nada risueño. Desde el postfranquismo no ha
habido seguramente otro periodo tan duro como el que estamos viviendo ahora.
Esperemos y deseemos que actos como el que estamos viviendo hoy, con esta
manifestación, levanten el ánimo a todos.
Conchi BLANCO
Presidenta de la ikastola Argia de Tutera
A nuestra
ikastola, por estar en la «zona no vascófona», le afectan profundamente todas
estas normas. Antes nos subvencionaban todas las gelas, pero ahora nos exigen
tener 18 alumnos en Primaria y 23 en Secundaria. Si no se llega, se hace un
prorrateo y la ayuda es menor. Y seguimos siendo ilegales, pero pese a ello
llevamos tres años con aumento de matriculaciones.
Koldo PASTOR
Director de la Coral de Cámara
Me
resulta plenamente satisfactorio haber tomado parte en esta manifestación. Hay
mucha gente, pero de verdad creo que todavía deberíamos de estar muchos más.
Parece mentira que a estas alturas, ya en el siglo XXI, todavía tengamos que
estar reivindicando nuestra propia lengua en nuestra propia ciudad. El Gobierno
navarro ha rebasado cotas impensables.
Situación política
Dirigentes de EH y LAB en su concentración en
Tolosa
en solidaridad con los familiares de los dos
trabajadores
asesinados por ETA en el atentado de Martutene
Opinión
Iñaki
Aldekoa
Hasta aquí hemos
llegado
GARA, 24 de Febrero de
2001
Se veía
venir, tanto va el cántaro a la fuente. El colegio de Irun, la Universidad de
Leioa, paquetes y coches bomba en cualquier sitio y de cualquier manera.
Finalmente, Martutene. ¿Accidente, error? No nos engañemos, acciones como éstas,
en el contexto operativo en que se producen no son accidentes ni errores, antes
bien están en la lógica estadística de la dinámica de la lucha armada tal como
se practica en la actualidad. Lo extraño es que no hayan sucedido antes y con
resultados aún más espeluznantes.
Tampoco
es que fuera necesaria a estas alturas una acción indiscriminada y brutal como
ésta para darse cuenta de que la actual práctica de la lucha armada, por su
forma de ejecución, por su contenido político-estratégico, por su discurso
ético-social es objetivamente contraria al proyecto de construcción política,
social y cultural de la nación vasca y un formidable obstáculo para el
desarrollo y consolidación de una izquierda abertzale que aspire a ser uno de
los pilares políticos de aquella construcción, amén de un castigo cruel e
injusto para toda la sociedad vasca.
Llevamos
casi un año con documentos, reuniones, ponencias, debates y votaciones sobre
cómo tendría que ser la izquierda abertzale que Euskal Herria necesita para el
S. XXI y un golpe como éste derriba como un castillo de naipes todos nuestros
discursos y «reflexiones» sobre las formas de lucha o sobre cualquier otro
elemento clave.
No es
que la deriva del proceso «Batasuna» en los últimos meses diera para muchas
expectativas, pues cada vez estaba más clara la dinámica de involución y
repliegue sobre sí misma de la línea oficialista mayoritaria de HB, con la
vuelta a los tradicionales sistemas de control interno, lo que suponía de facto
la renuncia al objetivo inicial de ampliar el espectro ideológico y estratégico
de la nueva izquierda abertzale a cambio de asegurarse el máximo dominio de la
nave. Quizá quepa decir aquí que para este viaje en redondo para llegar al mismo
punto de partida no eran necesarias tantas alforjas, ni habernos vendido tantas
expectativas. ¿O es que se trataba también de un «ilusionante proceso-trampa»
más?
Quiero
creer que no. Que al menos desde la mayoría del sector oficialista de HB se hizo
un esfuerzo sincero de intentar en un primer momento una apertura, pero no ha
podido ser y esto no cabe atribuirlo únicamente a la mayor o menor voluntad de
los dinamizadores del proyecto, sino también y sobre todo al brusco cambio
climático-político operado con la ruptura de la tregua y con el abandono del
Parlamento de Gasteiz.
Batasuna, como
Udalbiltza o Batera eran criaturas, más bien embriones, aptos para desarrollarse
en otras condiciones de climatología política, aquella que parecía iniciarse con
la declaración de Lizarra-Garazi. Pero aquel anuncio de primavera resultó
prematuro y un nuevo periodo glaciar tan duro o más que el anterior nos ha
venido encima. En estas condiciones el empeñarse en impulsar más allá de lo
posible proyectos como aquellos puede provocar su perversión y esterilización,
transmutando lo que deberían ser foros de encuentro y unidad entre abertzales y
progresistas en armas arrojadizas de desencuentro, división y sectarismo del más
rancio estilo, que no van a producir más que heridas y desconfianzas que luego
costará mucho superar. El lamentable espectáculo que estamos presenciando en
torno a Udalbiltza estos últimos días es un claro ejemplo de lo que quiero
decir.
Con esto
no pretendo ignorar las razones para criticar algunas de las decisiones que se
han tomado en la dirección del organismo. Pero ¿merece realmente la pena una
iniciativa que puede resultar traumática para no conseguir, en el mejor de los
casos, más que la desnaturalización de lo que se pretende construir? Porque si
de criticar se trata, también podríamos hacer algunas consideraciones respecto a
la forma en que se ha venido desarrollando la última fase de
Batasuna.
La
primera constatación sería que el proceso Batasuna ha venido sufriendo una
pérdida de pulso e impulso notables, que se expresa tanto en la participación
continuamente decreciente desde su inicio hasta hoy, lo mismo a nivel de las
asambleas locales como de la propia asamblea general, así como en la falta de
interés, motivación y quizás credibilidad en el mismo proceso o en su
oportunidad, entre amplios sectores de base a los que se pretendía
llegar.
No menos
preocupante ha resultado el oscurantismo y semiclandestinidad del procedimiento
de convocatoria de muchas asambleas locales, donde no se ha puesto ningún
interés especial en hacer llamamientos lo más abiertos y bien publicitados
posible. Lo mismo cabe decir de la atmósfera enrarecida generada desde
determinadas instancias, poco propicia para el debate abierto, cuando no
abiertamente hostil hacia las posiciones no oficialistas, lo que en algún caso
ha llevado a la «caza de brujas» de los disidentes y aumentando la falta de
incentivo por la participación presencial.
Otro
tanto hay que decir de la opacidad del proceso de gestión y control de los
resultados, de modo que, sin poner en cuestión el valor global de los mismos, se
confirma la falta de garantías democráticas en el procedimiento aplicado al no
existir ni censos, ni control de participantes, ni seguridad de un voto secreto,
ni actas públicas verificables y contrastables.
Finalmente, los
propios resultados cuantitativos presentados oficialmente resultan muy poco
satisfactorios para un proyecto tan ambicioso, con una participación total muy
reducida a niveles de base, cuando es evidente que la militancia de la izquierda
abertzale es muy superior a las cifras dadas y con unos porcentajes de blancos y
nulos que resultan ser juntos la segunda opción más votada después de la
oficialista y que están probablemente relacionados con las citadas falta de
garantías democráticas y de caza de brujas.
Pero
empeñarse en hacer de estas o aquellas críticas el centro de la cuestión con lo
que «está cayendo» suena a discusión bizantina frente a la «real politik» que
nos viene impuesta por la lucha armada de un lado y la represión indiscriminada
y persecución de las señas de indentidad vasca por el otro. Dedicarnos en estas
circunstancias a hacernos heridas con una discusión agria en torno a Batasuna o
Udalbiltza no nos aporta nada positivo y no hace más que dejar cicatrices
abiertas para cuando bajo otras condiciones estos proyectos u otros parecidos
sean de nuevo posibles.
Se puede
estar en una organización a pesar de que la línea política de la misma no
coincida con lo que pensamos, siempre que haya garantías reales de que un juego
limpio y democrático interno, sin imposiciones ni controles externos, permita la
posibilidad de cambios futuros, pero es demasiado pedir que con unas condiciones
internas tan poco claras y con una política de hechos consumados impuestos desde
fuera, como los que se derivan de la lucha armada y de la violencia política
directa de la kale borroka, se haga una vez más un acto de fe para el cual los
últimos restos de confianza se han agotado. Hasta aquí hemos
llegado.
En
cualquier caso, el atentado de Martutene zanja la cuestión y supone, a mi
entender, el golpe de gracia al proceso Batasuna, la demostración de que, hoy
por hoy, no hay condiciones para construir una «nueva izquierda abertzale» como
la que se soñaba en el manifiesto de mayo del 2000 en torno a HB-EH. El núcleo
de regeneración y construcción de la izquierda abertzale y democrática que
Euskal Herria necesita para el S. XXI no está en el proyecto Batasuna. No estoy
diciendo que no pueda continuar HB, pero eso es «más de lo mismo», y para esto
algunos no nos sumamos a aquel proceso en su día.
Mi
respeto y admiración por los que creen lo contrario y se siguen esforzando en
demostrarlo con una moral y capacidad de trabajo digna de mejor causa. Buena
suerte. *
Opinión
Arnaldo Otegi y Joxe Mari Olarra
La
soberanía: una necesidad popular
GARA. 17 de Febrero de 2001
Es ciertamente
relevante, que en numerosas ocasiones se trate de enfatizar la supuesta división
existente entre nuestra demanda de soberanía y las necesidades más cercanas que
puedan interesar a nuestros ciudadanos y ciudadanas.
En muchas
ocasiones oímos plantear que el debate y las propuestas que realiza la izquierda
abertzale están alejadas y no tienen nada que ver con las auténticas
aspiraciones y necesidades de la población de Euskal Herria.
Este discurso, que
curiosamente comparten los sectores españoles más reaccionarios (PP-PSOE) junto
con otros sectores que se reclaman, al menos de forma teórica, de la izquierda
progresista (IU), pretende funda- mentalmente ocultar que nuestra propuesta para
la soberanía plantea una alternativa de gestión de la misma en defensa de los
intereses de la mayoría social trabajadora de Euskal Herria.
Efectivamente, si
alguien hace un repaso objetivo de las posiciones políticas que ha mantenido la
izquierda abertzale observará que una de las mayores aportaciones que hemos
hecho al acervo del pensamiento nacionalista ha sido la de sintetizar en una
sola la lucha por la soberanía junto a la defensa de una sociedad socialmente
justa.
O dicho de otra
manera: la izquierda abertzale siempre ha mantenido que la lucha por un estado
soberano para nuestro país interesa de manera objetiva y fundamentalmente a la
mayoría trabajadora de Euskal Herria, a sus capas populares y a su clase
trabajadora.
Y ese que siempre
ha sido nuestro pensamiento, viene siendo corroborado por los hechos en estos
últimos años, por múltiples ejemplos, de los cuales sólo vamos a extractar
algunos en este artículo.
Por un lado, la
defensa a ultranza de la necesidad de situar a nuestro país en un escenario de
soberanía plena ha correspondido, en gran medida, a las organizaciones
sindicales y de clase en Euskal Herria.
Al mismo tiempo,
la defensa de los actuales marcos de partición, de las actuales reglas de juego
democrático, han contado con la adhesión, más o menos entusiasta, de las
organizaciones empresariales, llámense Confebask, Círculo de Empresarios,
Confederación de Empresarios de Navarra...
Estos
posicionamientos antisoberanistas de las organizaciones empresariales no
representan al conjunto del empresariado vasco, pero dejan bien a las claras
determinadas posiciones que, anteponiendo las necesidades objetivas de Euskal
Herria, no tienen empacho en plantear una posición absolutamente irresponsable,
en la medida en que coadyuvan a sostener y dar cobertura a una apuesta por el
mantenimiento del conflicto político, y sitúan sus intereses de clase, con
nitidez, en posiciones de confrontación con las posiciones del pueblo vasco.
Es por ello que
manifestamos, también con nitidez, que la soberanía interesa fundamentalmente a
los trabajadores y a los sectores populares, y que por ello, luchar por la paz
es situarse al mismo tiempo en la trinchera de la lucha por la soberanía de
Euskal Herria.
Máxime si, además,
tenemos en cuenta lo que para nosotros son factores políticos imprescindibles
para decodificar la actual coyuntura política:
En primer lugar,
la victoria de alcance estratégico obtenida por las fuerzas populares vascas, al
inutilizar el actual marco autonómico como marco potencial de aniquilación
política para el movimiento independentista vasco.
En segundo lugar,
la corroboración de nuestras tesis históricas, que reclamaban con justeza como
reflexión política que no existen espacios intermedios de reivindicación y
estrategia entre la autonomía y la soberanía. O dicho de otra manera: que la
globalización económica (imperialismo) y la construcción europea, muestran a las
claras que no hay más opción, en términos nacionales y de clase, que la
construcción de un estado para el pueblo vasco.
Y en tercer y
último lugar: la posición que desde la más absoluta debilidad estratégica
plantean los estados español y francés, que se sitúan, todavía más si cabe, en
posiciones ultrajacobinas y ultrarreaccionarias en su estrategia de negar
nuestra propia existencia como pueblo.
Soberanía y paz,
paz y soberanía son, pues, los ejes que animan nuestra iniciativa política.
Soberanía y modelo social justo, soberanía y socialismo, soberanía y democracia,
no son más que los ejes estratégicos únicos y viables que permitirán aglutinar
al pueblo vasco en torno a una estrategia nacional, popular y progresista, que
instale a nuestro país en ese tan ansiado escenario de paz que todos
anhelamos.
Porque la
soberanía significa fundamentalmente, que los recursos financieros, naturales,
culturales de nuestro país sean gestionados sin interferencias y en beneficio de
una mayoría social progresista y socialista que la izquierda abertzale pretende
liderar y articular.
Soberanía para la
carta social, para los derechos sociales, para los derechos económicos, para los
derechos culturales y educativos, soberanía para la paz y la solidaridad.
Soberanía en un
contexto como el europeo o mundial, donde el imperialismo pretende clonar los
pueblos y sus culturas, para reivindicar nuestras propias señas de identidad
como la mejor aportación a la biodiversidad cultural del planeta.
En esa apuesta
estamos, y en esa apuesta estaremos junto con nuestros compañeros y compañeras
de LAB hoy en Iruñea, reivindicando la necesidad, la urgencia histórica y la
posibilidad real de construir un espacio para la utopía en el siglo XXI, un
espacio llamado Euskal Herria soberana, un espacio llamado socialismo vasco.
Por eso estaremos,
por eso hay que estar. *
CórcegaEl Parlamento francés
debatirá la autonomía de Córcega en contra de Chirac
JOAQUÍN PRIETO |
EL PAIS, París
El Consejo de
Ministros francés aprobó ayer el envío al Parlamento del proyecto de ley por el
que se delegan poderes legislativos y reglamentarios a la isla de Córcega, un
proceso sin precedentes en Francia, que nunca ha llegado a reconocer la
autonomía política a sus regiones metropolitanas. El presidente Jacques Chirac,
que se negó a discutir este tema en el Consejo de Ministros de hace una semana,
advirtió ayer al Gobierno de Lionel Jospin de los peligros que ve para mantener
a Francia como 'el país unitario' que ha sido desde la Revolución Francesa.
El Parlamento
comenzará a discutir este proyecto en mayo. Tras el Consejo de Ministros, Chirac
hizo una declaración por radio y televisión en la que pidió a los parlamentarios
que enmienden 'sabiamente' el texto remitido por el Gobierno, bajo la
advertencia de que, de lo contrario, él lo recurrirá ante el Consejo
Constitucional. Chirac se alinea así con los que equiparan la autonomía corsa al
fin del principio de igualdad de los franceses ante la ley proclamada en 1789 y
de la indivisibilidad de la República, vigente desde 1792.
Chirac argumentó
contra el proyecto sentado a la cabecera del Consejo de Ministros. Aun
declarándose partidario de 'una nueva arquitectura de poderes y
responsabilidades' y de 'un refuerzo de la democracia local que no puede
limitarse a la región de Córcega', el jefe del Estado insistió en que algunas
disposiciones del proyecto gubernamental 'presentan un fuerte riesgo de
inconstitucionalidad'.
Para Chirac, el primer
riesgo es que Córcega se aleje 'progresivamente' de Francia, 'como lo desean los
partidarios de la independencia que han aportado su sostén al proyecto de ley';
y el segundo, que esas disposiciones sean reivindicadas por 'otras regiones', en
una velada alusión al País Vasco, Bretaña o Alsacia.
Pacto republicano
Para el jefe del
Estado, si ese proceso sigue adelante, Francia 'dejará de ser un país unitario
en el que cada uno es igual delante de la ley votada por el único Parlamento'.
Esto supondría 'cuestionar profundamente nuestro pacto republicano en un momento
de nuestra historia en que debemos permanecer juntos y unidos para estar más
presentes, más fuertes, más influyentes en la Europa en construcción'. Argumento
este último particularmente curioso: al otro lado del Rin, y para temor de
Francia, Alemania está destacándose en la carrera por el liderazgo europeo, sin
perjuicio de existir como Estado federal.
Lionel Jospin rebatió
a Chirac en la reunión del Consejo de Ministros: a su entender, este proyecto se
ajusta a la Constitución. El actual primer ministro y casi seguro candidato a la
presidencia está pensando en un referéndum para el año 2004, bien sea sólo para
una revisión definitiva del estatuto de Córcega, bien para un proyecto más
amplio de reforma del Estado centralista que Francia conserva todavía. A su
vez, Jospin advirtió al jefe del Estado y a los grupos políticos que se oponen a
su plan: 'El proceso comprometido en Córcega comienza a producir resultados: un
retroceso de la violencia y una esperanza de solución. A nadie le interesa
comprometerlo'. El titular de Interior, Daniel Vaillant, remató ante los
periodistas el aviso del primer ministro con un recordatorio de que los
anteriores Gobiernos de derecha 'no habían tenido gran éxito' en la política de
combatir la violencia con una combinación de 'represión y negociaciones
secretas'. Paul Giacobbi, presidente del Consejo General de la Alta Córcega, se
preguntaba ayer, en declaraciones a Le Monde, por qué Chirac no había defendido
'el pacto republicano' cuando 'un ministro próximo a él, Charles Pasqua, recibía
a terroristas en su mesa', y atribuyó gestiones también secretas a Jean-Louis
Debré, otro ex ministro del Interior aún más próximo a Chirac.
El enfrentamiento no
se limita a las dos cabezas del poder ejecutivo. Al mantener el rumbo hacia la
autonomía corsa con firmeza, Jospin obliga a definirse a la mayoría
parlamentaria que sostiene su Gobierno. Ya sufrió la dimisión de Jean Pierre
Chevènement como ministro del Interior por este plan político. Henri Emmanuelli,
que en el último congreso socialista de Grenoble encabezó una corriente
minoritaria de izquierda, no ha ahorrado críticas contra el proceso corso. Los
Verdes lo apoyan, por el contrario, y los comunistas mantienen un perfil bajo
sobre este asunto. A la derecha, la Unión por la República (RPR) se manifiesta
oficialmente unida como una piña con Chirac; la centrista UDF se muestra más
tibia, y el líder de los liberales, Alain Madelin, apoya el proyecto de
autonomía, aunque espera que sea retirada 'la obligatoriedad' de aprender la
lengua corsa.
Poder, lengua corsa y fiscalidad
J. P. | París
Por difícil que
resulte comprenderlo en un Estado como España, dotado de comunidades autónomas
con Parlamento y Gobierno propios, 4 de los 51 artículos de que consta el
proyecto de ley francés sobre Córcega han suscitado las reservas del Consejo de
Estado y de Jacques Chirac. Estos son los puntos sensibles:
- Poder
político. La Asamblea de Córcega podría 'modificar o adaptar'
disposiciones legislativas o reglamentarias que se refieran a Córcega, así
como todas las normas sobre el desarrollo económico, social y cultural de la
isla. También se concedería a la Asamblea corsa el derecho de 'adaptar' a 'las
especificidades de la isla' las disposiciones legislativas de difícil
aplicación en Córcega. El Parlamento francés se reserva la facultad final de
'confirmar, modificar o aplazar' las normas emanadas del órgano corso, lo que
constituye una prueba del reducido poder atribuido a esa autonomía.
- Lengua
corsa. El proyecto prevé enseñar la lengua corsa a todos los alumnos
desde el grado preescolar, 'salvo voluntad en contra de los padres o del
representante legal del niño'. El hecho de que los padres hayan de tomar una
iniciativa equivale, para el Consejo de Estado, a establecer la obligatoriedad
de aprender el corso. Sin embargo, la introducción de la lengua tahitiana en
las escuelas francesas de Polinesia -sin mención alguna a la posibilidad de
los padres de negarse- no suscitó reserva alguna del Consejo Constitucional en
1996.
-
Fiscalidad. No pagarían ciertos impuestos las pequeñas y
medianas empresas que inviertan en Córcega en los sectores de hostelería,
nuevas tecnologías, energía (salvo la distribución), comercio y actividades
industriales. El proyecto fija un mecanismo progresivo, de 15 años, para el
retorno al derecho común de los derechos de sucesión sobre bienes inmuebles,
de los que los corsos llevan exonerados dos siglos. Para el Consejo de Estado,
esta disposición mantiene demasiado tiempo la 'discriminación' entre los
herederos de bienes situados en Córcega y en el continente.
-
Urbanismo. El Consejo de Estado critica la
concesión de poderes a la Asamblea de Córcega para legalizar las
construcciones provisionales que salpican el litoral de la
isla.
Enlaces
Corsos: Corsica
Nazione; Muvimento di a
Manca Naziunale
Sugerencias
1ª. Recursos
sobre política en la
Red (en ingles). Lista por Estados con enlaces a
Constituciones, instituciones, organizaciones políticas, prensa, procesos
electorales... Politica21,
pagina con enlace a organizaciones políticas del Estado español. Partidos
de Izquierda del Mundo (en inglés),
pagina con enlaces a organizaciones de izquierda de todo el mundo, organizada en
categorías regionales e ideológicas y estado a
estado.
2ª. Al Nakba,
el desastre. Pagina dedicada al Desastre que para el pueblo palestino supuso la
división de Palestina en 1948 y la formación del Estado de Israel. En árabe,
castellano, italiano, francés, ingles, alemán. Editada por el
Centro Cultural Khalil
Sakahini. Incluye testimonios, fotos, cronología,
bibliografia...
Música: Capricho
árabe, Tarrega
-------
Directorio de Andalucía en
Internet:
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