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Asunto:[BoletinAndaluciaLibre] nº 82 - Cañamero - andalusies - Ley estabilidad - Bosn ia - Inmigración - Albarracin
Fecha:Miercoles, 14 de Marzo, 2001  01:33:12 (+0100)
Autor:Andalucía Libre <andalucialibre @.......es>

  Andalucía Libre
   Independencia    República    Socialismo

nº 82
Cita Nacional:
Granada, 2 de Enero de 2002
Toma NO; Viva Andalucía Libre
 
En este Correo:
 
* VIII Congreso Nacional del SOC: Cañamero, secretario general.
   Opinión, Diego Cañamero.
* Granada reclama la devolución de los libros andalusies.
* Jornadas sobre Palestina en Córdoba
* Opinión: Antoni Castells, Fundamentalismo presupuestario.
* Opinión, La inmigración y la cuestión nacional
* Protectorado de Bosnia, Los croatas quieren separarse
   Opinión: La trinidad bosnia, un proyecto artificial  
* Yugoslavia, La tragedia de los refugiados serbios.
   Opinión: Injusticias sobre injusticias.
* Euskadi, Tasio, La conexión panadera de Otegi
* Javier González Pulido, Jesus Albarracín, camarada y amigo
* Sugerencias, Avisos, enlaces, directorio, música
 
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 ANDALUCÍA
VIII Congreso Nacional del SOC 
Diego Cañamero, elegido secretario general en el congreso del SOC
El sindicato suprime la dirección colegiada

EL PAÍS | Málaga

El alcalde de la localidad sevillana de El Coronil, Diego Cañamero, fue elegido el 4 de Marzo secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), al término del VIII Congreso de esta organización, que se ha celebrado durante en Mollina (Málaga). El SOC ha suprimido la dirección colegiada que implantó hace cuatro años. Cañamero destacó la apuesta del sindicato por 'el cuidado de la ecología, la creación de empleo y la calidad de vida'.

El alcalde de El Coronil era el único candidato al cargo y obtuvo 129 votos favorables, seis en contra y ocho abstenciones, informa Efe. Su elección estuvo precedida de un debate mantenido por los opositores a que un cargo público ostentara la máxima responsabilidad de la organización. La mayoría defendió la posición contraria: que el sindicato funciona mejor en las localidades en donde está dirigido por un cargo público.

Cañamero afirmó que basará su mandato en 'la lucha por una reforma agraria que no prostituya la naturaleza, respete los recursos de la tierra y que el SOC se convierta en punto de referencia para todos los problemas del mundo rural'. También criticó la actual Política Agraria Común (PAC), de la que precisó que afecta 'tanto a los ganaderos como al mundo rural' e insistió en la apuesta necesaria por el cuidado de la ecología, la creación de empleo y la calidad de vida.

Este congreso ha suprimido la secretaría colegiada que se instituyó hace cuatro años. De sus cuatro miembros sólo dos, José Fernández y María del Carmen García, han terminado el mandato. Cañamero defendió ayer el cambio de sistema: 'Es más conveniente para el sindicato tener un solo portavoz, porque se visualiza mejor ante la sociedad'.

José Fernández, de la dirección colegiada saliente, destacó el apoyo decidido de su organización a los inmigrantes. 'El SOC está abierto a todos los inmigrantes, con papeles o sin ellos y también estamos dispuestos a ayudarles para que monten sus propias organizaciones', declaró a la Cadena SER. Según los datos que ofreció Fernández, 'hay más de 50.000 inmigrantes trabajando en el campo andaluz, de ellos unos 25.000 sin documentación'. Algunos de estos trabajadores, 'de Senegal, Marruecos, Ecuador o Mali', ya son miembros del SOC. Este dirigente sindical sostiene que, ahora, las campañas de la fresa o el olivar duran menos tiempo 'cuando los empresarios consiguen mejores precios para sus productos'. En Jaén, para la aceituna, 'antes se trabajaba durante de tres meses y medio y ahora si los precios están altos la campaña puede durar mes y medio'. En estos casos, Fernández apuntó que 'hace falta más mano de obra' y hay necesidad de los inmigrantes.

Sobre los jornales, el dirigente sindical afirmó que hay discriminación: 'El convenio de Almería fija en 4.494 pesetas (27€; 24,7$) las ocho horas; el de Huelva de la fresa, 4.458 pesetas por seis horas (26,8€; 24,49$), y un inmigrante puede trabajar más horas y cobrar de 3.500 (21€; 19,23$)a 4.000 (24€; 22$)'.

Opinión
Diego Cañamero
 
Diego Cañamero ya forma parte hace tiempo, por meritos propios, de la historia del movimiento obrero andaluz. Tiene sobradamente probada su militancia sindicalista tras años de duras luchas; su honestidad ética como alcalde de su pueblo de El Coronil es proverbial. Cañamero encarna como pocos, con sus luces y sus sombras, la tradición combativa y las limitaciones políticas de una corriente que tiene al SOC como sigla y referente.
 
Cañamero perdió el anterior Congreso del SOC. Desde entonces acá, el sindicato ha ampliado su actuación (menos su organización) a nuevas comarcas en donde, merced a los cambios económicos y sociales, tienden a concentrarse la conflictividad en sustitución de las comarcas originales donde nació y conserva su mayor implantación como movimiento sociopolítico y sindical. Los efectos de las derrotas históricas del movimiento jornalero y la izquierda andaluza sufridas en la Transición y los primeros años del Gobierno del PSOE (la frustración de la reforma agraria; la secuencia que lleva del Comunitario al Subsidio) no han dejado de afectar también de forma inevitable al escenario social donde el SOC nació y se desarrolló. Hoy, el SOC sigue siendo más un movimiento y una referencia que una organización sindical al uso. Sigue siendo cualitativamente distinto a las estructuras burocráticas y clientelistas en que se han convertido particularmente las federaciones agrarias de CCOO y UGT; sigue siendo depositario de otra tradición y otras aspiraciones. Pero no por ello deja de resentir tanto los cambios generales sufridos por el campo andaluz, como la presión conservadora que estos conllevan y que no dejan de afectar a sus cuadros tradicionales, militantes y simpatizantes.
 
Cañamero ha ganado este Congreso. No sin cierta oposición, como evidencian las notas de prensa para quien conozca las tradiciones de funcionamiento del SOC y cómo se plantean sus debates, pero sí con holgura. Este dato tiene obvias repercusiones políticas.
 
De entrada, fortalece la posición de Cañamero y lo que representa en el ámbito político. En la organización hermana, la CUT-BAI -surgida históricamente como expresión política del SOC- consolida su mayoría frente a Juan Manuel Sánchez Gordillo. Para el PCE-IU es una buena noticia, ya que Cañamero no comparte ni las veleidades criticas de Gordillo y sus desmarques del PCE, que aunque medidos y ocasionales no dejan por ello de resultarle especialmente molestos a la dirección de IU; ni mucho menos las posturas nacionalistas de Gordillo, que le hacen suspirar de vez en cuando en voz alta por sacudirse la bota de IU y contribuir a la configuración de un Bloque Nacionalista Andaluz, aunque luego del desahogo no haya actos que concreten y desarrollen las palabras. Cañamero es estratégicamente leal a IU -haga lo que haga IU- y si tiene a alguien como referencia y norte político este es Julio Anguita. De hecho, Cañamero tuvo mucho que ver -en combinación con el propio Anguita- en la inclusión de la CUT en el bloque pro Llamazares en Andalucía; formando extraña y contradictoria comandita con personajes tan derechistas como Rosa Aguilar.
 
Sindicalmente, el SOC lleva años arrastrando una coordinación lánguida con otras organizaciones sindicales (USTEA, SUAT, SU) que configuran la Mesa por la Intersindical Andaluza. Un proyecto necesario que no acaba de cuajar, por la resistencia de unos y otros a dar los pasos necesarios para afirmar de una vez una alternativa sindical nacionalista, lo que requiere la configuración de una confederación sindical nacional dispuesta a implantarse en todas las ramas de la producción y con personalidad politicosindical propia. En ese terreno, el conservadurismo o la prudencia de Cañamero -según se mire- no es precisamente un dato que invite al optimismo. Poco dado a trascender lo cercano y conocido, el desarrollo de un Sindicato Nacionalista Unificado es un proyecto que supera las perspectivas vitales y políticas del alcalde de El Coronil y que, además, no despierta precisamente simpatías en un PCE-IU con relaciones en trance de plena normalización con CCOO, que lógicamente presionará en lo que pueda para congelar aún más el proyecto.
 
No hay que dudar que, en lo que le permitan sus otras obligaciones, Cañamero aportará al SOC de nuevo su voz sincera, su capacidad de conexión telúrica, su olfato e intuición políticas en el regate corto, su imagen de honradez impecable; pero también, que con ellas, irán unidas indisolublemente las limitaciones de visión y de ambición que han llevado al estancamiento político y geográfico al proyecto que desde este Congreso lidera, ya no sólo simbólica sino también formalmente, un jornalero ejemplar y una persona de bien como es Diego Cañamero.
 

Granada pide la devolución a la ciudad de los libros andalusíes

J. A. | Granada

Varios colectivos granadinos y más de 150 firmas, entre las que se encuentran las de profesores y catedráticos universitarios, se han adherido a la petición de una asociación, Garnata 2000, para que sean devueltos a Granada todos los libros escritos en árabe que se salvaron de las quemas a que fueron sometidos por parte de los cristianos a partir del año 1499. Los libros se encuentran actualmente en la biblioteca del Escorial.

En un escrito que ya ha sido entregada a la consejera de Cultura, Carmen Calvo, el colectivo Garnata 2000 reivindica la 'absoluta necesidad de que Andalucía vaya recuperando su memoria histórica' y vuelva a poseer su 'bagaje cultural perdido'. La asociación pide que se tomen las medidas pertinentes para que los 'cuatro mil manuscritos granadinos que forman hoy la mejor colección de Europa con la que empezó Felipe II la biblioteca del Escorial, sean devueltos a Granada y custodiados en la Biblioteca de Andalucía.

La historia se remonta al año 1499, en que toma las riendas religiosas de la recién conquistada Granada el cardenal Cisneros. Al contrario que había hecho su predecesor, que había respectado las Capitulaciones de los Reyes Católicos con Boabdil, en las que se comprometían a respetar la fe musulmana de los granadinos, Cisneros ordenó una conversión forzosa y el requisamiento de todos los ejemplares del Corán que pudieran encontrarse. Los soldados, al desconocer el árabe, requisaron todos los libros, fuesen religiosos o no. Los traductores cristianos de la época decidieron cuáles tenían interés, y cuales no.

Criba

Las decenas de miles que no pasaron la criba fueron amontonados en la Plaza Bib-Rambla y quemados públicamente ante la desesperación de los granadinos. Aquel fue el origen de la primera de las guerras civiles de Granada que se sucederían a lo largo de todo el siglo XVI.

Los libros que se salvaron de la quema fueron destinados, en primer lugar, a Alcalá de Henares, para el uso privado del cardenal Cisneros, y posteriormente pasarían a la biblioteca de El Escorial.

Garnata 2000 reclama que, al igual que ha sucedido con los Libros plúmbeos del Sacromonte, que han vuelto a la ciudad después de estar durante siglos en el Vaticano, los manuscritos árabes, unos 4.000, regresen a la ciudad. Entre los firmantes de la petición hay catedráticos de las universidades de Sevilla, Barcelona, y Granada, arabistas, empresarios y escritores. El Ayuntamiento de Granada ha facilitado sus dependencias a la asociación Garnata para que el lunes expliquen a los medios de comunicación los detalles más pormenorizados de su petición, con la que reivindican el regreso a la ciudad de unos documentos de enorme valor histórico y científico. Las obras que se salvaron eran, en su mayoría, tratados de ciencia.

 
Jornadas "PALESTINA, ¿Es posible la paz?"
MARZO-ABRIL 2001, CORDOBA.

Organiza:

Programa:

Martes, 20 de marzo – Hora 19:30
CONFERENCIA: " BASES HISTÓRICAS DE LA SITUACIÓN PALESTINA"
A cargo de: ESTEBAN PEREZ LACORT. Profesor de Historia de EEMM.
Lugar: Salón de actos, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales:
(Junto a la torre de la Malmuerta)
 
Lunes, 26 de marzo – Hora 19:30
CONFERENCIA: "ANÁLISIS DE LOS TEMAS PENDIENTES DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE PALESTINOS E ISRAELÍES"
A cargo de: JESUS NUÑEZ VILLAVERDE.
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y Director del ICAH (Instituto de estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria).
Lugar: Salón de actos, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
(Junto a la torre de la Malmuerta)
 
Martes, 27 de Marzo - Hora 19:30
CONFERENCIA: " BASES ECONÓMICAS DEL CONFLICTO PALESTINO"
A cargo de: GABRIEL PEREZ ALCALA
Profesor de Economía. E.T.E.A. Universidad de Córdoba.
Lugar: Salón de actos, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
(Junto a la torre de la Malmuerta)
 
Miércoles, 28 de Marzo – Hora 20:30
PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES: 
1 – LA ESPERANZA CON VELO, 1994, de Norma Marcos, 55 minutos.
2 – ZEITUNAT ( El Olivo), 2000, de Liana Badr, 36 minutos
Lugar: Filmoteca de Andalucía, Medina y Corella, 5
 
Viernes, 30 de Marzo – Hora 19:30
CONFERENCIA: " LA MUJER PALESTINA"
A cargo de: JEANNE D’ ARC MANNEH
Profesora y colaboradora de ASPA.
Lugar: Centro cívico de Lepanto. Casa Ciudadana . Ronda del Marrubial s/n.
 
Martes, 3 de abril – Hora 19:30 
CONFERENCIA : "¿ES POSIBLE LA PAZ EN PALESTINA?"
A cargo de MAHMUD SOBH.
Catedrático de filología árabe y poeta palestino.
Lugar: Salón de actos, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
(Junto a la torre de la Malmuerta)
 
Miércoles, 4 de Abril – Hora 20:30
PROYECCIÓN DE LARGOMETRAJE:
"EL CUENTO DE LOS TRES DIAMANTES", 1994, de Michel Khleifi, 106 minutos
Lugar: Filmoteca de Andalucía, Medina y Corella 5

Opinión
Fundamentalismo presupuestario
ANTONI CASTELLS, El País 

Como una apisonadora, el Gobierno del PP está dispuesto a hacer aprobar la denominada Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno se propone autoimponerse a sí mismo e imponer por ley a las CC AA y a los municipios un presupuesto equilibrado. Constituye una iniciativa sin precedentes que debería ser objeto, a mi entender, de un rechazo político frontal por parte de todos aquellos que tengan algo que decir, fuerza para hacerlo e independencia de criterio para poder criticar al PP (condiciones que, me temo, excluyen por el momento al Gobierno de Pujol y a su flamante conseller en cap y candidato a sucesor, Mas, que deberían ser los primeros en saltar a la arena, como han hecho en muchas otras ocasiones por cuestiones mucho más nimias, y que ahora parecen dispuestos a tragar lo que sea con tal de seguir contando con los votos del PP en el Parlamento de Cataluña).

Esta ley es objetable, ciertamente, porque el Gobierno central impone a los gobiernos autonómicos unas obligaciones que cercenan su autonomía. Y sus consecuencias serán sin duda negativas porque una vez más, en lugar de reconocer la autonomía de estos gobiernos para tomar decisiones y hacer que se responsabilicen realmente de ellas ante sus ciudadanos, el Gobierno central opta por la vía de la imposición y la tutela. El Gobierno del PP tiene una curiosa concepción de la autonomía y el autogobierno, más enraizada en la derecha centralista española que en una visión moderna y liberal. También tiene una idea peculiar del papel respectivo del Gobierno y de la sociedad. Por lo visto, piensa que es el Gobierno central, y no los ciudadanos de cada territorio, el más bien emplazado para fiscalizar, y corregir si hay que hacerlo, la actuación del Gobierno autonómico. En realidad, la derecha española, por mucho que diga, nunca ha confiado en la sociedad. Sólo en el Estado. Y no precisamente en un Estado descentralizado.

Nadie discute que la autonomía tiene unos límites. En cuestiones como el déficit público y el endeudamiento, es imposible realizar previsiones realistas si los gobiernos autonómicos (y a otro nivel los gobiernos locales) no están implicados. Y tampoco se puede negar que actualmente hay comunidades autónomas con volúmenes de endeudamiento excesivos. Pero esto no se resuelve con el ordeno y mando tradicional de la derecha centralista, mediante normas de dudosa constitucionalidad, sino con una política de dos direcciones. Por una parte, estableciendo mecanismos institucionales de coordinación, entendiendo que coordinar no es imponer, sino articular las actuaciones de cada una de las partes desde el respeto de sus respectivos ámbitos de autonomía. Por otra parte, introduciendo auténtica responsabilidad fiscal en el sistema de financiación, de manera que los gobiernos autonómicos se vean confrontados a tener que pedir a sus ciudadanos que paguen más impuestos (y no, como ocurre ahora, a demandar más subvenciones al Gobierno central) cuando quieran financiar mayores gastos o deban amortizar la deuda que, a veces con excesiva generosidad, han contraído para financiarlos.

Prohibir por ley la posibilidad de financiar la inversión mediante endeudamiento es, además, ineficiente, injusto y contraproducente. Porque hace recaer sobre las generaciones presentes el coste total de unos bienes que en parte serán consumidos en el futuro, y porque ello acabará conduciendo a realizar menos inversión pública de la necesaria. Cuando en España, como es sabido, las dotaciones de capital público están todavía claramente por debajo de las de otros países europeos.

Pero esta iniciativa es también negativa por las limitaciones que se pretende autoimponer por vía de ley el propio Gobierno central. El Gobierno del PP ha convertido esta historia del déficit cero no en un razonable objetivo político, sino en una especie de dogma. Y los dogmas, ya se sabe, llevan a las guerras de religión, en las que lo importante no son las razones y los argumentos, sino la adhesión a las banderas. El PP ha pensado que enarbolando esta bandera, y dejando las cosas atadas y bien atadas para el futuro mediante una ley, podrá pasar a la historia. Para ello cuenta con una corriente de fondo que más bien simpatiza con la idea de que el Estado gasta demasiado y gasta mal y trata de hacer callar a la oposición con descalificaciones, acusándola de manirrota, partidaria del déficit y de la presión fiscal a la menor señal de crítica y discrepancia.

Autoimponerse por vía de ley una obligación de presupuesto equilibrado es una grave torpeza que no ha cometido ningún gobierno europeo. En Europa existe el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece determinadas obligaciones de estabilidad presupuestaria (un déficit máximo del 3% del PIB, salvo en periodos de recesión, y sanciones y políticas correctoras en caso de incumplimiento). Respetando estas restricciones, los gobiernos nacionales deben reservarse un cierto margen de maniobra, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones a las que aún deben hacer frente las instituciones comunitarias para llevar a cabo una auténtica política económica europea. Este margen es estrecho, porque hay que cumplir el Pacto de Estabilidad, pero no debe ser inexistente. Dentro de este margen, la decisión de cuál es el saldo presupuestario más adecuado es una cuestión que compete al Gobierno, que debe ser adoptada atendiendo a un criterio de oportunidad, y pretender limitarla por la vía legal reduce de forma gratuita y perjudicial las atribuciones del Ejecutivo.

Los promotores de esta iniciativa podrán decir tal vez que algunos Estados americanos también se han autoimpuesto esta restricción. Y ciertamente es así. Pero también esta afirmación es objetable. Por cierto, la primera objeción es que habría que retener este mismo argumento (la restricción se la han autoimpuesto, recordémoslo, no se la ha impuesto el Gobierno federal; ¡pobre de él si lo intentara!) cuando hablamos de lo que supone esta disposición en cuanto a intromisión en el ámbito autonómico. La segunda es que, en Estados Unidos, el Gobierno federal (es decir, el Gobierno central) no se ha impuesto ninguna restricción semejante; el plan Clinton de reducción del déficit tuvo un carácter completamente distinto.

De momento, en Europa los gobiernos nacionales siguen siendo el Gobierno central, y mientras ello sea así deberán seguir teniendo un cierto margen de maniobra para ajustar la política presupuestaria según las necesidades de sus economías, especialmente tras haber perdido cualquier margen de actuación en política monetaria, que es ejercida en exclusiva por el BCE. El día que el gobierno europeo sea el gobierno central ya hablaremos, pero de momento las cosas son como son. Lo que no puede ser es que el Gobierno español restrinja las facultades y atribuciones que debe tener todo gobierno sin que todavía las haya asumido el gobierno europeo. Porque ello es una torpeza en términos económicos y porque con toda seguridad es lesivo para los intereses de los ciudadanos españoles, que tienen derecho a exigir de sus poderes públicos que actúen en función del interés general.

Y que no nos vengan con las consabidas descalificaciones, pretendiendo que los que critican esta medida es porque están a favor del déficit público, el despilfarro y de subir los impuestos. No es descalificando los argumentos de los otros como se defienden las propias ideas. Y, además, los que lo hacen corren el riesgo de que se les acuse ya no de caer en el dogmatismo y el doctrinarismo más estrechos, sino de hacer dejación de sus responsabilidades y de ignorar los intereses de los ciudadanos. Y a lo mejor nos harán sospechar que en realidad tanto fundamentalismo ideológico no es más que una pantalla, y que lo que se esconde de verdad detrás de la misma es una preocupación prioritaria por potenciar los intereses privados y dejar el campo de juego lo más expedito posible para que éstos puedan actuar con total impunidad, sin el contrapeso de unos poderes públicos preocupados por velar realmente por el interés general.

Antoni Castells es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona.
 
Opinión.
La inmigración y la cuestión nacional. 
La coyuntura
 
En el Andalucia Libre nº 79 ya planteamos algunas opiniones al respecto de la actitud a mantener sobre la inmigración desde la izquierda nacionalista andaluza. Nuevos acontecimientos motivan una actualización de esa reflexión a la luz de la coyuntura.
 
De una parte, el encierro de los inmigrantes en Barcelona ha concluido con un acuerdo que recoge buena parte de sus reivindicaciones y fundamentalmente sus aspiraciones a obtener la regularización. De hecho, su lucha ha obligado al Gobierno español del PP a incumplir su propia ley, tolerando, obligado por la fuerza de las circunstancias y la presión popular, que los inmigrantes ejerzan con toda contundencia los derechos democráticos que la Ley les niega y ha tenido que acceder a una negociación en toda regla con quienes en principio sólo consideraba objetos sufrientes y nunca sujetos de decisión. En nuestro país continúan encierros en Lepe y Almería, con un desarrollo tan extremadamente complejo y accidentado (tanto desde el punto de vista de su gestión interna, como de las reacciones externas) que hoy nos limitamos a constatar su existencia y continuidad.
 
Además, el PSOE sigue negándose a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería que cuestione su legitimidad para no dificultar su aspiración a formalizar un pacto al respecto con el PP. Esta actitud lo ha puesto en evidencia, particularmente cuando el Parlamento vascongado, gracias a los votos del PNV, EA y EB-IU, ya ha decidido recurrir la Ley. El PSOE vasco ha tenido que abstenerse sin atreverse a votar a favor para no molestar demasiado al PP, su aliado españolista en Euskadi. Simultáneamente, el PSOE catalán votaba junto a ERC e IC a favor de una propuesta de inconstitucionalidad en el Parlamento catalán, condenada aritméticamente de antemano a perder por la alianza entre CiU y PP. En Baleares, los socios del PSOE en su Gobierno, PSM e IU también se han manifestado favorables a ejercer el recurso. Igual ocurre en Aragón. En Andalucía, PA e IU ya han propuesto que el Parlamento andaluz recurra la ley mientras el PSOE duda. Por su lado, el ultrareaccionario españolista Múgica, militante del PSOE y Defensor del Pueblo por voluntad del PP, mantenía su renuncia a ejercer su posibilidad de recurrir, demostrando de nuevo por enésima vez cuan baja es su catadura política y moral. El Gobierno español del PP, por su parte, ha tenido que reconocer el fiasco de su proyecto de retorno pagado ida y vuelta a Ecuador; desbordado por el coste económico de lo que en principio creía que iba a reducirse a una simple operación de imagen y que se ha convertido en un desplazamiento másivo.
 
Es conveniente recordar que la inmigración en el Estado español dista aún mucho de los niveles de otros estados europeos y que actúa sobre realidades nacionales y económicas muy distintas. El Gobierno del PP ha optado por favorecer una estabilización de la marginación de los inmigrantes, dificultando su integración por la vía del recorte de derechos y de la dificultad para acceder a una residencia estable y al acceso al disfrute de plenitud de derechos de ciudadanía. La derecha españolista (con el apoyo de CiU y Coalición Canaria) ha apostado por consolidar una bolsa de fuerza de trabajo en condiciones de sobreexplotación, que coadyuve a la degradación de las condiciones generales del mercado de trabajo. Es lógico que ello haya provocado rechazo, aunque este haya tendido a expresarse más en términos humanitarios que de clase; entre otras razones por la complicidad de las burocracias sindicales de CCOO y UGT en el establecimiento de unas condiciones generales de precariedad laboral (en las que se inserta la inmigración) que lógicamente las inhabilitan y deslegitiman para abordar esta cuestión.
 
Públicamente, el debate está de momento restringido a la inmigración extracomunitaria, obviando las otras inmigraciones: europea o peninsular; de particular importancia y repercusión en países como Canarias, en determinadas comarcas andaluzas, en Mallorca o en sectores sensibles como la función pública, especialmente la enseñanza.
 
El debate catalán 
 
Cabe preguntarse porqué en este contexto tan agitado han obtenido tan gran atención durante semanas y hasta hoy, dentro y fuera de Cataluña, las sucesivas declaraciones racistas y xenófobas de Ferrusola, consorte del Presidente Pujol y de Heribert Barrera, expresidente del Parlamento catalán de 84 áños y militante histórico de ERC. La respuesta es evidente: en el Estado español en general y en Cataluña en particular, toda cuestión social y política de entidad está irremisiblemente atravesada por el problema nacional. Mientras no se destruya España, este fenómeno insoslayable volverá una y otra vez a manifestarse, para tormento de cosmopolitas o españolistas de izquierda, a quienes les encantaría vivir en un país normal, sin estas distorsiones que reiteradamente alteran sus esquemas preconcebidos. También ocurre en la cuestión de la inmigración. Veamoslo.
 
La esposa del presidente de la Generalitat catalana, Pujol, hizo unas declaraciones claramente xenófobas y, añadimos nosotros, manifiestamente estúpidas, en relación a la inmigración magrebí en Cataluña. La sra. Ferrusola llegaba a inquietarse porque las iglesias románicas catalanas pudieran terminar siendo reconvertidas en mezquitas. Alucinante. El desmarque de CDC fue en principio suave. Las declaraciones comprensivas de Pujol y Mas sobre la esposa presidencial evidenciaron los limites del pujolismo. Cuando quiso arreglarlo reintegrando la cuestión a los términos de lo "políticamente correcto", volvió a recuperar el mismo discurso paralizante que ha usado desde los 60, que es el que ha servido de cobertura a una situación en la que las tensiones no desaparecen sino que sólo se contienen y camuflan, esperando el momento de emerger.
A continuación, el expresidente del Parlamento catalán, Heribert Barrera, dirigente histórico de ERC, exponía públicamente una amplia relación de topicos xenófobos y reaccionarios, entre los que incluia la defensa de la pena de muerte y la comprensión a los becerros racistas de El Ejido, en una entrevista periodistica destinada a promocionar un libro autobiográfico que, en principio a ser presentado por el Presidente Pujol. Finalmente la presentación hubo de suspenderse ante una concentración de protesta de inmigrantes y catalanes. Estas declaraciones, reiteradas en varias ocasiones a varios medios, llevaron a las Juventudes de ERC y a varias organizaciones locales de ERC, a exigir su expulsión. La dirección de ERC, a traves de su secretario general Carod-Rovira, se desmarcó claramente de Barrera con el comunicado que reproducimos en nuestro numero anterior (ver aqui) aunque sin atreverse a hacer lo que correspondia, dadas la naturaleza politica del posicionamiento de Barrera y sus consecuencias: expulsarlo. Una reacción insuficiente que sólo se explica -que no justifica- por la cercanía de su Congreso Nacional. Además, un sector minoritario del independentismo catalán embarcado en  una deriva confusionista extrema encarnado en UNC, sostenía públicamente a Barrera convirtiendolo en la veu del català del carrer (la voz del catalán de la calle); mientras otras organizaciones socialistas de izquierda nacionalista independentista (Endavant, Maulets, PSAN ...) lo condenaban y rechazaban con contundencia.
El punto que unía a ambos, la presidenta consorte y el anciano exparlamentario, era la consideración de la inmigración extracomunitaria como un peligro para el mantenimiento de la identidad y la lengua catalanas y una actitud favorable hacia la Ley de extranjería del PP (apoyada por CDC y rechazada por ERC) como presunta protección ante esa pretendida amenaza.
Lo aparentemente sorprendente del caso y lo que confirma nuestra primera apreciación, son las reacciones de las fuerzas nacionalistas españolistas. El PP no le agradeció a Barrera el apoyo a su Ley, (recordémoslo, a SU Ley) en un momento de aislamiento político; antes bien lo condenó y lo elevó a la categoría de exponente de la intrínseca naturaleza impositiva y excluyente de todos los nacionalismos (que no sean el español, claro, que como tiene un Estado detrás no necesita reconocerse nacionalista). Para colmo de cinismo, el PP a los dos días presentaba en el Parlamento catalán una proposición no de ley para que otras confesiones religiosas "no desplacen a la católica" en la enseñanza y más recientemente, a traves de Fernández Miranda, delegado  del Gobierno para la Inmigración, se permitía con toda desfachatez incluir el catolicismo como elemento de preferencia o discriminación en cuanto al origen de los inmigrantes a acoger. El PSOE, por su parte, también echo leña al fuego, olvidando que la Ley de Extranjería de 1985 que aprobó cuando contaba con mayoría absoluta era aún más reaccionaria y policíaca que la ultima del PP y si no despertó tanta oposición entonces era, por un lado, por el contexto político y por otro porque había muchos menos inmigrantes que ahora. A ello se han dedicado figuras tan impresentables como Bono o el consejero andaluz Zarrias, miembro de un Gobierno y un partido que han sido políticamente incapaces de generar un cambio en Andalucía que permitiera facilitar el retorno a su Nación de quienes fueron obligados a abandonarla hace veinte o treinta años, si ese es su deseo.  Llama poderosamente la atención que las criticas más exaltadas a Barrera provengan del binomio PP-PSOE, cuando son precisamente PP-PSOE los responsables -por acción u omisión- del más grave progrom racista ocurrido en Europa desde 1945 que, para nuestra vergüenza nacional, tuvo lugar en El Ejido el año pasado sin que, hasta la fecha, ni la Junta de Andalucía ni los Ayuntamientos de la comarca que ambos controlan hayan cumplido sus compromisos y mientras -ambos- mandan delegaciones por Europa para mentir sobre la degradante realidad del Poniente y evitar riesgos de boicot a los productos hortofruticolas. Y tras ellos, fuerzas menores como IC o EUiA (que, por su parte, no tiene el menor inconveniente en tolerar que un militante suyo, Vicente Serrano, encabece una plataforma españolista reaccionaria como es el Foro Babel). De parte del PP-PSOE era nítido el intento de aprovechar la ocasión para eludir responsabilidades propias y favorecer una idea de presunta oposición ineluctable entre derechos de los inmigrantes y reivindicaciones y derechos nacionales que cuestionen el marco político constitucional y la estabilidad del regimen. Lo paradójico del caso es que la paternidad de la legislación discriminatoria es de las fuerzas españolistas y que las competencias fundamentales al respecto, desgraciadamente, también le pertenecen. Pero la realidad y las responsabilidades reales no importan mucho en este asunto.
 
De resultas de todo ello, se desprende también la urgencia de una reflexión, al menos a nivel de actitudes públicas, por parte de los colectivos organizados de inmigrantes y de sus movimientos de apoyo sobre el problema nacional en el Estado español y sobre todo lingüístico, allí donde existe. Ciertamente, no es sensato exigirles posicionamientos expresos sobre cuestiones políticas pero tampoco cabe instalarse en la ambigüedad o reiterar errores pasados, sea consciente o incoscientemente. Los inmigrantes extracomunitarios no pueden dejarse instrumentalizar por el españolismo, convirtiéndose en carne de cañón para sus operaciones mediaticas. La reivindicación de derechos  sociales, civiles y políticos, de medidas e inversiones que hagan factible la integración cultural y educativa, han de ser acompañadas de gestos que los inserten explícitamente en el proyecto nacional de sus sociedades de acogida y ello significa, por ejemplo, la opción consciente por utilizar en su discurso y propaganda, junto a sus lenguas y banderas respectivas cuando así lo estimen conveniente u oportuno, sólo la lengua nacional propia del país en donde aspiran a establecerse (es decir, en Cataluña, sólo el catalán) y sus banderas (la senyera, la ikurriña, la verdiblanca...). En Cataluña, por ejemplo, mientras esta no sea nacionalmente libre siempre será políticamente mejor maltratar la lengua de Espriu -por un insuficiente conocimiento, pongamos por caso- usandola que recurrir a la de Cervantes, por bien que pudiera dominarse esta ultima.
Al día de hoy, resulta claro que la inmigración extrapeninsular no es un peligro ni cuantitativo ni cualitativo para la identidad catalana ni para la de ninguna de las naciones del Estado y si pudiera contribuir a ello en un futuro no es ni será por si misma, sino por el contexto de ausencia de Soberanía Nacional, el bilingüismo oficial favorable al castellano, el control español de la educación, etc; hechos políticos que están presentes en la Constitución que tanto defienden PP, PSOE e IU. De hecho, lo absurdo del episodio deriva en buena parte de que, hablando formalmente sobre la inmigración exterior, lo que realmente se estaba constatando era el fracaso del modelo constitucional y estatutario y del discurso y las practicas pujolistas en Cataluña. El discurso xenófobo de Barrera-Ferrusola, primero, desviaba contra inocentes, frustraciones que nacen de sus propias responsabilidades políticas en el establecimiento y mantenimiento de una situación que sigue impidiendo la normalización política, cultural y lingüística catalana. Segundo, reiteraba como la cobardía nacional y la primacía de los intereses de clase que los vinculan a España no era obstáculo para ser simultaneada, como en el caso de Barrera y su rechazo al baile de las sevillanas en Cataluña, con la forma menos hábil que pudiera darse para plantear la relación entre la inmigración andaluza y la normalización política y cultural catalana; en lugar de situar la cuestión en términos positivos, combinando integración, respeto y apertura a las aportaciones foráneas y defensa de mecanismos políticos, culturales y lingüísticos de normalización efectiva, desde el reconocimiento de la singularidad y la entidad nacional de Cataluña.
 
Inmigración y proyecto nacional 
 
Ahora mismo, la posición inteligente y coherente desde la izquierda nacionalista, tanto desde el punto de vista de clase, humanista y nacional, es apoyar y participar en la lucha contra la Ley de Extranjería del PP, reclamar el fin de la economía sumergida que sostiene a la inmigración etc; a la vez que exigir que las decisiones sobre ciudadanía y residencia sean competencia política de las respectivas naciones, de tal forma que, 1º. Se eliminen discriminaciones que cristalicen guetos e impidan la integración; 2º. Cada nación pueda establecer su propio régimen de entradas, en función de su realidad y sus decisiones soberanas. La integración como objetivo, no implica olvido o menosprecio de la cultura o lengua original ni renuncia a impregnar la cultura del nuevo país con las propias aportaciones pero si significa asunción de la incorporación a un marco social cultural, linguistico e histórico dado a respetar, al tiempo que se contribuye a su evolución, construyendo las condiciones políticas, educativas, económicas, culturales y sociales que lo hagan posible.

Obviamente no es sensato ni justo plantear posiciones del tipo "puerta abierta estable sin limites" (que suelen ir acompañadas de un discurso liberal demagógico) porque ninguna sociedad viva y sana admite ni admitirá minorizarse en su propio territorio (y quienes lo han sufrido como los kanakos, los palestinos o los estonios, lo han hecho como consecuencia de su falta de libertad), ni siquiera acercarse remotamente a una situación que lo convierta en una perspectiva creíble. Pero la forma de hacerlo no es desviando la cuestión hacia una falsa contraposición autóctonos-inmigrantes sino abordando los problemas de fondo que están, de un lado, en el marco político constitucional y estatutario y de otro en el sistema capitalista. La solidaridad y el internacionalismo no se manifiestan generando una situación que haga seguro el conflicto e imposible la integración, sino, de una parte, combatiendo las causas de la emigración: reclamando la anulación de la deuda externa, apoyando a los movimientos populares de los países de origen, por ejemplo; de otro, exigiendo recursos que faciliten el acceso a la vivienda, a la educación, en condiciones dignas y que tampoco creen perjuicios a los más débiles de entre los nacionales de la sociedad receptora y luchando conjuntamente por eliminar los salarios de miseria y las condiciones esclavistas de trabajo.
 
Andalucía tiene un 25% de desempleo; no ha sido potencia colonial; no hay multinacionales andaluzas, no tiene desarrollo económico que necesite fuerza de trabajo ajena, al margen del modelo perverso instalado en algunas comarcas, sostenido en la economía sumergida y en la sobreexplotación, a extirpar a poco que sea posible. Incluso, en estas circunstancias, hoy Andalucía puede asimilar todavía mas inmigración. Está claro que todas las personas que residen y trabajan en Andalucía han de tener derechos civiles, laborales y sociales iguales; que al tiempo de vivir en Andalucía han de tener también derechos políticos a participar, por ejemplo, en las elecciones municipales (sean o no originarios de la UE) y facilidad para que, si esa es su voluntad, pasado un tiempo adicional que asegure su arraigo, puedan acceder a la plena ciudadanía andaluza. Pero ha de ser el pueblo andaluz, la nación andaluza, y no el Gobierno español o la dinámica del mercado mundial, quienes establezcan la cantidad y los requisitos para fijar cada una de estas circunstancias. 
 
    
Protectorado de Bosnia
Los croatas de Bosnia quieren separarse de los bosniacos

J. M. | Belgrado EL PAIS

Los croatas de Bosnia abrieron ayer un nuevo frente secesionista en los Balcanes con la aprobación por unanimidad de una petición de autonomía separada de la entidad musulmana con la que forman una federación y la declaración unilateral de que la autoridad del Gobierno de la Federación croata-musulmana 'no será reconocida en las zonas habitadas por los croatas de Bosnia'.

La rebelión está capitaneada por Ante Jelavic, que es miembro de la presidencia colegiada de Bosnia-Herzegovina, Estado formado por dos entidades: la serbia y la croata-musulmana. Jelavic consiguió que los 538 miembros del Parlamento de los croatas de Bosnia (Zavor) votaran a favor de una resolución que declara 'la autonomía temporal en el seno de Bosnia-Herzegovina hasta que se garantice una auténtica igualdad constitucional para los croatas'. En las calles de Mostar, sede del Parlamento croata, cientos de manifestantes aclamaron la decisión.

El alto representante de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina, Wolfgang Petritsch, se opone a la resolución. Aunque el país está dotado de órganos de Gobierno propios, el representante de la ONU tiene poder para destituir a cualquier cargo o prohibir cualquier acción cuando lo considere necesario. Esta prerrogativa ya fue empleada por su antecesor, el español Carlos Westdendorp.

Opinión
La trinidad bosnia, un proyecto artificial
 
La Bosnia trinacional, una y trina como la Trinidad católica, es un proyecto artificial que sólo puede sostenerse bajo tutela exterior, en régimen de protectorado y con la permanente amenaza de intervención imperialista. La reciente petición de separación de los croatas de Bosnia de sus conflictivos aliados bosniacos, así lo vuelve a evidenciar.
 
Años después del cese de las hostilidades, el protectorado bosnio sigue requiriendo para sostenerse de una presencia militar extranjera omnipresente y de la injerencia política permanente de los representantes del imperialismo europeo. La persistencia de la ficticia entidad semiestatal bosnia no ha facilitado en nada el restablecimiento de relaciones soportables entre las tres nacionalidades bosnias, sólo ha congelado el conflicto.  Las tensiones persisten comprimidas; esperando tan sólo la coyuntura apropiada para manifestarse con renovado vigor. Ni todas las presiones y manipulaciones de las potencias protectoras han conseguido ganar sostén electoral y no digamos social para las fuerzas comprometidas con el Protectorado y consiguientemente con el mantenimiento de la ficción bosnia.
 
La Bosnia del protectorado tiene un irreparable déficit de legitimidad porque su nacimiento y continuidad es resultado, no de un acuerdo libre de sus nacionalidades sino de la imposición extranjera, empeñada en preservar la conversión de lo que eran fronteras administrativas dentro de una federación plurinacional en limites entre nuevos estados nacionales, ignorando la voluntad de sus habitantes.
 
Bosnia como entidad administrativa sólo tenia sentido y justificación en tanto se mantuviera la federación yugoslava. Una vez rota, por la combinación del neoliberalismo federal y el chauvinismo serbio, el ejercicio del derecho a la autodeterminación conducía inexorablemente a la partición de Bosnia en dos o en tres (dependiendo  de si la nacionalidad bosniaca, de matriz cultural musulmana, optaba, bien por formar su Estado, bien por unirse a Croacia o a Serbia). A la posición bosniaca de independencia con negación a la partición, se le respondió con una guerra salvaje desde la parte serbia (y en menor medida, también croata) en la que las hipotéticas fronteras quisieron establecerse mediante el terror. Esta circunstancia confirió un legitimo derecho de autodefensa a los bosniacos que, a continuación y bajo el amparo internacional, establecieron una alianza de intereses con Croacia. A cambio del aplazamiento de la incorporación de las zonas croatas de Bosnia, Croacia obtuvo el hipócrita asentimiento internacional para expulsar a su minoría serbia y anexionar sus territorios en la Krajina.
 
En el momento presente y en una coyuntura distinta, vuelve a plantearse el núcleo del problema. El derecho de autodeterminación de los bosniacos no puede sobreponerse al derecho a la autodeterminación de croatas y serbios, negándoles la opción de fusionarse con sus respectivas naciones. Como resultaba previsible dados los acontecimientos precedentes, no existe sostén social significativo para el mantenimiento de la Bosnia trina. Bosnia sigue en situación de provisionalidad, con los consiguientes perjuicios para bosniacos, serbios y croatas. 
 
Así pues, si se quiere conseguir un marco de relaciones sano y estable entre las distintas nacionalidades, los elementos a debatir son dos: 1º. El futuro nacional de los bosniacos y si estos continúan optando por un Estado propio o bien asumen levantar una federación o confederación con las debidas garantías, con alguno de sus dos vecinos. 2º. Como realizar la partición a partir de las líneas de armisticio, estableciendo, en una primera fase, mecanismos pactados de compensación e intercambio territorial, de asistencia para desplazados y de protección para quienes, por cualesquiera circunstancias, decidan a pesar de todo mantenerse en territorios bajo soberanía de otra nacionalidad, y en una segunda, instrumentos de coordinación y cooperación mutuas, cuyo mero planteamiento exige como precondición el reconocimiento reciproco de la plena libertad y soberanía.
 
Los pueblos de Bosnia no pueden ser condenados a seguir sufriendo indefinidamente las consecuencias de sus propios errores y de los intereses imperialistas; por mucho que ello conlleve que algunos occidentales, más o menos bienintencionados, hayan de revisar sus esquemas o sus posiciones doctrinarias; o en el caso de Andalucía y del Estado español, además, hayan de cesar de proyectar sobre Bosnia sus propios y bien distintos problemas nacionales, distorsionando la específica, a la vez que bien compleja, realidad balcánica.

 

 Yugoslavia
600.000 refugiados serbios viven diseminados por Yugoslavia a la espera de ayuda urgente
Procedentes de Bosnia, Croacia y Kosovo, se hallan en una situación de pobreza absoluta
JORGE MARIRRODRIGA | Belgrado EL PAIS,

Unos 600.000 serbios refugiados de las diferentes guerras libradas y perdidas por el régimen de Slobodan Milosevic durante la pasada década se encuentran en una situación desesperada y necesitan ayuda urgente. De ellos, unos 200.000 proceden de Kosovo y habitan en campos de refugiados diseminados por el sur y el centro del país. Apenas cuentan con la ayuda de algunas organizaciones y de la empobrecida Cruz Roja local. En condiciones de pobreza extrema y sin empleo, se ven obligados a vivir con poco más de 6.000 pesetas al mes.

En Zemun, barrio de Belgrado, se encuentra un pabellón de deportes llamado Hala Pinki. El edificio sigue utilizando sus instalaciones deportivas, pero en los locales donde había oficinas y tiendas han sido alojadas unas 400 personas procedentes de Kosovo. Han llegado hace un par de meses y desde entonces sólo disponen de unos pocos metros cuadrados que se han repartido en habitaciones hechas con mantas suspendidas de cuerdas. En el piso de arriba están los serbios y en el de abajo los gitanos. Allí los ha colocado el Comisariado Yugoslavo para los Refugiados (un organismo gubernamental) y, al estilo de los tiempos de Milosevic, les ha prohibido hablar con nadie bajo la amenaza de desposeerles del techo que les cobija.

'Nosotros tuvimos más suerte', reconoce Zoran en el apartamento que comparte con unos familiares en el centro de Belgrado. Él y su mujer llegaron en 1992 desde Croacia y fueron acogidos por unos parientes cercanos. Su historia es calcada de la escuchada durante meses a los refugiados albanokosovares, 'pero nosotros estábamos en el bando equivocado y en 10 años nadie nos ha prestado atención', se queja. Ahora, los problemas de Zoran son los mismos que los del resto de los yugoslavos, un país con un 25% oficial de paro -el real se sitúa en torno al 40%- y una inflación galopante. 'Tuvimos que dejar casi todas nuestras pertenencias en casa. Salimos a toda velocidad, de noche y muertos de miedo. Vale, no duermo bajo una tienda de campaña, pero me considero un refugiado'.

Según Patricia van Nispen, directora de la organización holandesa Alliance International, el régimen de Milosevic encajó mal, desde el primer momento, el problema de los refugiados porque se empeñó en que pronto volverían a sus casas. 'Eso provocó una situación de provisionalidad que a la larga es insostenible y, además, muchos ya no querían volver y preferían rehacer sus vidas'. A unos pocos les permitió convertirse en ciudadanos de la nueva Yugoslavia, pero la mayoría se han visto obligados a sobrevivir como ciudadanos de segunda categoría en un país que consideran propio. 'Reciben una comida diaria y los médicos los visitan con frecuencia, pero, por ejemplo, sus hijos no pueden ir al colegio', señala una fuente de un organismo internacional.

Las organizaciones que ayudan a los refugiados subrayan que la guerra y las teorías racistas han desequilibrado las relaciones sociales de estos grupos y las relaciones humanas están reguladas sobre la dominación y no en el respeto a la ley y el consenso. 'Lo peor de todo es cuando ves a personas que llevan casi diez años viviendo en campos de refugiados. Han caído en la apatía y la desesperanza y son incapaces de seguir adelante', explica Van Nispen.

En algunos lugares, el desequilibrio social creado por los refugiados es tal que amenaza con ser la chispa que haga estallar una situación que ya de por sí es explosiva. Es el caso de la región de Vojvodina, al norte de país, donde está casi el 50% de los refugiados serbios, lo que supone que un 20% de los habitantes de Vojvodina son refugiados que apenas tienen lo mínimo para vivir. La apatía mostrada por Belgrado para afrontar el problema es uno de los factores que ha disparado las reclamaciones autonomistas de la región.

Los refugiados serbios en ocasiones han sido víctimas de dos conflictos. Cuando 300.000 serbios llegaron prácticamente con lo puesto desde Croacia a principios de los noventa, Milosevic maquinó el plan de alterar el equilibrio demográfico de Kosovo -con un 90% de población albanesa- mediante el traslado masivo de los recién llegados. Muchos se negaron, pero los más pobres y los más desesperados por rehacer sus vidas aceptaron el traslado. En verano de 1999 tuvieron que repetir la experiencia y huir de Kosovo junto a los restos del Ejército yugoslavo. Los campamentos en los que fueron alojados, al sur de Serbia, eran casi inhabitables y -tras una década de guerras y sanciones- Serbia no podía prestarles la ayuda que necesitaban. Un miembro de una ONG occidental resume así la política que durante una década tuvo Yugoslavia con sus propios refugiados: 'A Milosevic no le importaban los refugiados. Jamás los visitó; sólo los utilizó'.

Opinión
Injusticias sobre injusticias

El chauvinismo serbio se nutrio de su pretensión de establecer su dominación sobre el conjunto de Kosovo, a costa de su mayoría albanesa. Su practica opresiva en el sur, alimentó la desconfianza en Eslovenia y Croacia. La crisis del régimen burocrático postitista y la deriva neoliberal del Gobierno federal, acabaron por hacer inviable políticamente la continuidad de la II Yugoslavia.

El comportamiento del Gobierno serbio de Milosevic en Kosovo deslegetimó sus declaraciones en las que justificaba su actuación en los territorios de las antiguas republicas yugoslavas de Croacia y Bosnia por su pretensión de proteger allí los derechos nacionales de los serbios. No eran creíbles sus argumentos de que defendía el derecho a la autodeterminación de los serbios de Krajina, Bosnia y Eslavonia cuando resultaba evidente que por la fuerza de las armas lo negaba a los albaneses de Kosovo. La total ausencia de principios de Milosevic y su miopía política, condujeron a la nación serbia al desastre. En una cruel paradoja, los serbios de Krajina, Eslavonia, Bosnia y Kosovo pagaron las culpas de su pretendido protector de Belgrado.

Aun hoy -cuando rebrotan combates en Presevo- y con un nuevo Gobierno surgido tras el derrocamiento de Milosevic, sigue sin reconocerse en Belgrado el derecho a la independencia de Kosovo (y a su eventual reunión con Albania), cuando resulta del todo evidente que el legitimo objetivo de la recuperación de las comarcas serbias de Kosovo exigen este reconocimiento expreso como precondición indispensable e inexcusable. No es ni justo ni sensato mantener desde Belgrado la aspiración a recuperar algún día, mediante la colaboración occidental, la totalidad de Kosovo. Este proyecto, si de una parte requiere una Serbia títere de Occidente, de otra la encamina hacia una meta sin sentido. Kosovo ha de dividirse respetando sus mayorías y la parte albanesa obtener la plena soberanía, librándose de la ocupación imperialista. Solventar este expediente es imprescindible para afrontar el asunto bosnio, fijar un marco aceptable para Montenegro y Vojvodina en una renovada federación y plantear cara al futuro una negociación que resuelva de forma definitiva la cuestión de la Krajina, de tal forma que se consiga un marco estable de relación entre Croacia y Serbia; clave para la región.

Pese a lo que pudiera parecer, los intereses reales albaneses y serbios coinciden, pues ambos sufren de las limitaciones que las potencias occidentales han fijado al ejercicio de su derecho a la autodeterminación. De un lado y de otro resultaría muy conveniente que cuanto antes se constatará esta realidad y se extrajeran la debidas conclusiones.

Quizá sea posible convivir un tiempo con estos problemas heredados, pero hasta que no se resuelvan, los agravios y temores seguirán latentes, esperando una ocasión para emerger. La generación de un nuevo escenario que haga posible una convivencia y una cooperación renovadas en los Balcanes -no digamos pretensiones o proyectos más ambiciosos- demanda que no se cierren en falso. De lo contrario, las declaraciones de fraternidad sonaran siempre a falsas, mientras la espiral de odios y cuentas pendientes continuará agrandandose. 

 Euskadi

Tasio, en GARA
 
 Jesus Albarracín, camarada y amigo.
Javier González Pulido.
 
Conocí a Jesús en la Liga. Era uno de esos militantes veteranos que nos daban charlas de formación en las escuelas del partido. Formaba parte de ese escogido grupo de personas capaces de hacer fácil lo difícil, de transmitir conocimientos con rigor y con pasión. Gracias a gente como Jesús algunos aprendimos buena parte de lo que sabemos y además aprendimos a aprender; gracias a gente como Jesús algunos nos hicimos militantes para toda la vida. 
 
Cada cierto tiempo, leíamos también en COMBATE sus artículos, habitualmente fruto de su colaboración con Pedro Montes. Análisis de la situación del movimiento obrero y de la coyuntura económica, en los que datos y elementos aparentemente inconexos, tomaban coherencia. Cada entrega nos aportaba argumentos para entender la realidad y para armarnos en la polémica. Más tarde supe de sus responsabilidades en la dirección del trabajo sindical de la LCR. Para nosotros, jóvenes estudiantes sin muchos recursos económicos dedicados de lleno a reconstruir la organización en Andalucía en los 80, Albarra -que era como le llamábamos- era también conocido por ser de aquellos que pagaban más alta cuota en la Liga. Albarra contribuía mensualmente con un alto porcentaje de su sueldo como profesional para sostener el funcionamiento del partido. En aquella época nos parecía algo normal; más tarde la experiencia nos haría comprender que lo que entonces veíamos normal sólo lo era para quienes eran, sentían y actuaban como militantes revolucionarios.
 
Luego vino la desastrosa unificación con el MC y la destrucción de la LCR. Nos equivocamos juntos. Por entonces algunos, intentamos salvar la situación y el futuro organizando una Tendencia. Luego vinieron, entre conflictos, la separación del MC a cachos, el desanimo y el abandono de muchos. En esa época Albarra nos comprendía, pero seguía intentando mantener la conexión y el ritmo con quienes habían estado con él dirigiendo la LCR durante años. Después, algunos también, nos vimos obligados a constatar que  se habían roto demasiadas cosas y demasiadas personas y consideramos que la continuidad en las ideas básicas no implicaba mantener una relación política ficticia y que era el momento de extraer conclusiones políticas de lo acontecido. Albarra siguió intentandolo. Pero cuando la realidad impuso inapelablemente sus condiciones, no tuvo dudas. Al tener que optar entre participar de lo que el entendió con razón como una posibilidad de articulación de una oposición sindical de izquierdas en su sindicato, CCOO, o el mantenimiento de amistades y relaciones de años a costa de la coherencia con sus principios, escogió lo que correspondía escoger en un militante comunista revolucionario: el compromiso con su clase. No lo hizo sin sentir un profundo dolor y una honda decepción que le acompañaron el resto de su vida.
 
Fueron en sus últimos años cuando realmente trate con mayor intimidad y conocí de verdad a Albarra; cuando por ello llegue a apreciarle, a admirarle y a quererle como un amigo entrañable. El seguía implicado hasta las cejas en la dirección del sector critico de CCOO, intentando y muchas veces consiguiendo gracias a su capacidad y a su entrega, superar las limitaciones propias de no contar detrás con un soporte organizativo estructurado, para empujar al sector critico adelante, para consolidar y ampliar sus posiciones de izquierda en ruptura con la tradición burocrática y reformista del sindicato. Los textos de las enmiendas y documentos alternativos son reflejo de su esfuerzo; la practica contradictoria, constatación de sus limites. La pasión con que se daba a su trabajo le hacia a veces en publico subrayar los elementos positivos pero ello no le impedía reconocer entre camaradas de la Internacional lo complicado del empeño.
 
Se ha dicho de Albarra que era intransigente. Y era verdad en relación a los principios, a la coherencia política y ética, a la exigencia del rigor intelectual. Pero siempre modulaba esa intransigencia -aunque no la anulaba- una profunda comprensión de las debilidades humanas y de las presiones del sistema. La intransigencia de Albarra no le impidió relacionarse y colaborar políticamente con destacados socialdemócratas en conflicto con el social-liberalismo del PSOE; o trabajar de la mano en pos de objetivos comunes que hicieran avanzar a la izquierda política y social con militantes del PCE o de otras organizaciones en el seno del sector critico de CCOO o de IU; a la que se incorporó sabiendo siempre perfectamente donde se metía y para qué se metia. Y a la vez, mantener relaciones con dirigentes de LAB y de otros sindicatos; trabajar con compañeros de profesión críticos; colaborar con los teólogos de la liberación... Porque Albarra si era intransigente nunca fue sectario. Albarra admitía las diferencias políticas entre revolucionarios como hechos naturales consecuencia de los diversos contextos nacionales, de las amplias incógnitas, de las diferentes circunstancias... Albarra sabía distinguir lo fundamental de lo accesorio. Lo que Albarra no toleraba era la duplicidad, la hipocresía, el compadreo entre presuntos revolucionarios. Albarra quería las cosas claras y a cada cual en su sitio.
 
Siendo una figura intelectual por meritos propios, Albarra siempre se vio a si mismo como un militante implicado en un proyecto colectivo. Quizá sin sigla pero siempre con partido. Y como militante, llegado el caso, nunca tuvo inconveniente en someterse a las reglas del trabajo colectivo, sin vedettismos ni egos. Doy fe de ello.
 
Permítaseme una ultima referencia personal. Durante mi etapa en la dirección estatal de IU en representación de la CUT-BAI (donde confluimos quienes formamos Andalucía Libre, provenientes de la LCR), mi trato con Albarra se hizo mas estrecho si cabe. Los viajes continuos a Madrid desde Andalucía se hicieron para mi soportables en buena parte, porque tras la reunión, estaba casi siempre la perspectiva de compartir con Albarra (y muchas veces con sus hijos) un almuerzo, una cena, un rato de charla entre camaradas y entre amigos. Siempre cordial, siempre atento, siempre interesado por discutir, por compartir ideas, proyectos... No me extraña que entre todos los que tuvimos la fortuna de conocerle y de disfrutar de su amistad sea un lugar común afirmar que nunca podrán olvidarle. Hay muchas razones para ello. 
 
Hasta siempre, Albarra. Camarada y amigo.
 
Sugerencias
1ª. Si te interesa el cante flamenco, tienes que visitar el Centro Andaluz del Flamenco.
2ª. Si lo que buscas son textos de Constituciones, International Constitutional Law. La mayoría en inglés pero tambien algunas en castellano y otros idiomas.
3ª. Otra visión de Euskadi, Argitan, revista de debate y pensamiento.
4ª. Cuatro paginas nacionalistas. Centro de Estudios Historicos de Andalucia, un instrumento de recuperación y debate historico para nuestra Nación. Revolucionarios de Andalucía, una pagina personal hecha en Dos Hermanas al servicio del movimiento de liberación nacional andaluz. Su sección Comentarios Andalucistas recoge variados documentos y textos polémicos del nacionalismo andaluz. En el sitio de Nación Andaluza, ya está asequible el Independencia nº 36. Y el de Jaleo!, por su parte, sigue ampliandose, incorporando articulos de Armando Bulla, nuevos textos históricos, comentarios de actualidad, etc 
 
Aviso.
Reenviamos el nº 81 porque algunas direcciones suscritas nos escribieron informandonos que habían tenido problemas de recepción (superposición de textos, en un caso; dificultades de descarga en otros) e inferimos que podían haber más casos. En la web, sin embargo, el numero estaba sin mayor problema. Nos parecio menor el coste de repetir excepcionalmente el mensaje que enviar un aviso tecnico a toda la lista y a continuación, en su caso, tener que enviar uno a uno, segun fueran llegando las respuestas. En adelante, rogamos que de reproducirse problemas tecnicos de recepción se nos comunique con la mayor rapidez posible para proceder al reenvio individualizado y para ponernos, en su caso, en contacto con el servidor a fin de resolverlos. Gracias.

        

Música: Layla, Layla Mardd 
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Directorio de Andalucía en Internet:
 
 




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