Andalucía
Libre
Independencia República Socialismo
nº 89
En este
Correo:
*Andalucía: Otro
pacto social
Opinión:
Más de lo
mismo.
*Nuevas propuestas de
financiación autonómica.
Opinión:
Variantes de expolio y
Alternativa nacional.
*Pesca: La
Junta proyecta Empresa
mixta con Marruecos
*Isidoro Moreno,
Premio Andalucía de
Investigación
*Concierto
independentista en Málaga.
*Córcega: Luz
verde para el Proyecto
Jospin
*Portugal: Luis
Branco, El
PSR. El Bloque de
Izquierdas.
*Cataluña: Miniwatt, una
lucha obrera ejemplar.
*Sugerencias, Encuestas,
Enlaces, Directorio,
Música.
--oOo--
Andalucía
Otro Pacto Social
La concertación social inyectará 884.612 millones en
el mercado laboral andaluz
Chaves ofrece al Gobierno central un pacto para incrementar las
inversiones en infraestructuras
ESTHER
RODRÍGUEZ |EL PAIS/ Sevilla
El
quinto Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado ayer por el
presidente de la Junta, Manuel Chaves, sindicatos y empresarios, tendrá un coste
total de 884.612 millones de pesetas; con este pacto, el Ejecutivo se garantiza
la paz social hasta 2004. El acuerdo tripartito, único en España, aspira a
transformar el mercado laboral y productivo, a la vez que servirá 'como arma
importante para afrontar los indicios de recensión económica', aseguró Chaves.
El presidente de la Junta aprovechó la ocasión para ofertar al Gobierno un pacto
para aumentar las infraestructuras en la región.
La
sede del Gobierno andaluz, el Palacio de San Telmo, volvió a ser ayer el
escenario elegido para la firma de un nuevo pacto social entre la Junta, los
sindicatos y los empresarios, que viene a reeditar los acuerdos formalizados
entre los agentes sociales y el Ejecutivo autonómico durante estos últimos ocho
años. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, rubricó el Acuerdo de
Concertación de Andalucía, junto al presidente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) Rafael Álvarez Colunga, y los secretarios
generales de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Julio Ruiz,
respectivamente.
Los
cerca de 900.000 millones de pesetas en los que ha evaluado la Consejería de
Economía el coste total de las medidas, que deben ser gestionadas en su mayor
parte por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, no sólo incluyen
fondos propios de la Junta, sino también la financiación del Gobierno central y
de la Unión Europea a los programas desarrollados por el Ejecutivo andaluz. El
quinto Acuerdo se desarrollará entre 2001 y 2004, aunque la mayor parte de las
medidas no contarán con dotación presupuestaria hasta el próximo
año.
Los
dirigentes sindicales fueron los primeros en exponer los contenidos y la
intencionalidad del acuerdo a tres bandas. El máximo responsable regional de
CCOO, Julio Ruiz, destacó que 'la apuesta sigue siendo la misma que al
principio: empleo y estabilidad' y resaltó el impulso a la política de igualdad
en el mercado laboral con incentivos a la incorporación de la mujer a puestos de
empleo.
El
acuerdo contempla ayudas de entre 400.000 y 700.000 pesetas para los empresarios
que contraten mujeres, jóvenes o colectivos con dificultades para acceder al
mercado laboral. El apartado de políticas activas de empleo aglutina una de las
mayores asignaciones económicas, con 349.594 millones en cuatro años. El
desarrollo de estas políticas (que van desde la cogestíón de las ayudas a los
jornaleros a la acciones formativas en escuelas-taller) dependen en gran medida
de la transferencia de las competencias, que el Gobierno central tiene
congelada.
El
secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, destacó la singularidad de esta
triple alianza, ya que 'no hay ningún otro acuerdo en España y en Europa que
permita un mayor nivel de colaboración, de intervención' de los agentes sociales
y económicos en las políticas económicas y laborales. Pastrana recordó el
intento fallido del Gobierno central de lograr una concertación similar a nivel
nacional: 'Se habla de un acuerdo ambicioso porque hemos vuelto a dar, con este
quinto acuerdo, un paso más en muchas materias que en otros ámbitos de diálogo
social son una añoranza, un permanente sueño'.
Por su
parte, el presidente de la patronal, Rafael Álvarez Colunga, interpretó el
acuerdo como 'un paso adelante en el desarrollo económico de Andalucía', que no
ha resultado fácil, tras siete meses de 'duras e intensas' negociaciones, en las
que la patronal llegó a levantarse de la mesa, al no estar de acuerdo con las
reivindicaciones sindicales sobre siniestralidad laboral e incentivos a
contratos fijos-discontinuos. En el apartado de fomento a la actividad
empresarial y el desarrollo de los sectores productivos, el acuerdo contempla
inversiones de 72.204 y 380.031 millones, respectivamente.
Chaves,
hizo una defensa de la concertación, dirigida a 'muchos agoreros' que
cuestionaban su consecución, a la vez que advirtió que el acuerdo 'no debe ser
criticado en función de quien lo firma, sino valorado en función de sus
contenidos'.
Con el
acuerdo de concertación, la Junta cree haber logrado un escudo ante las
previsiones de enfriamiento económico en un futuro próximo. 'Es cierto que
existen indicios de recesión o de deceleración económica, pero pienso que
nosotros estamos bien preparados y este acuerdo es un arma importante para
afrontar lo que pueda venir', subrayó Chaves.
El
presidente andaluz finalizó su intervención abogando por un acuerdo con el
Gobierno central que garantice un incremento de la inversión en
infraestructuras, al considerarlo 'como un instrumento importante de desarrollo
económico y de creación de empleo' para la región.
El acuerdo prima el autoempleo y la contratación de
mujeres
E. R.
/ A. B. | Sevilla
El
quinto Acuerdo de Concertación Social repite la misma fórmula de los acuerdos
precedentes para reducir el desempleo: incentivos públicos a las empresas por
contratos de trabajo con determinados colectivos que tienen difícil acceso al
mercado laboral; a estos colectivos, además, se dirigen la mayor parte de las
acciones formativas que tratarán de adaptarse a las necesidades de las empresas.
En esta ocasión, se han aumentado los fondos y se han centrado las acciones en
mujeres, jóvenes y profesionales autónomos.
- Mujeres y jóvenes: 500.000 (a empresas
de 50 a 249 empleados), 600.000 (a empresas de 10 a 49) o 700.000 (a empresas
con menos de 10) pesetas por contrato. En estos colectivos, se incentivará con
400.000 pesetas la transformación de un contrato temporal en
fijo.
- Fijos-discontinuos: (fundamentalmente en
turismo y agricultura): hasta 600.000 pesetas por contratos a jóvenes y mujeres,
hasta 500.000 pesetas por contratos a colectivos con especiales dificultades de
acceso al mercado de trabajo. Siempre en empresas de menos de 250
trabajadores.
- Contratos estables: Hasta 500.000
pesetas por contratos a colectivos con especiales dificultades. 400.000 pesetas
a empresas de más de 250 trabajadores por contrato, siempre que supongan
aumentar la plantilla en un 10%.
- Personas con discapacidad: Ayudas para mantener
estos puestos de trabajo en casos de reestructuración. Dos millones por la
creación neta de un puesto de trabajo. 500.000 por contratos estables o
transformación de temporales en fijos.
- Autoempleo: Incentivos al inicio de
actividad de autónomos (500.000 pesetas; un millón en el caso de las mujeres).
Incentivos a la primera contratación laboral (hasta 600.000 pesetas). Ayudas a
los intereses de préstamos y asistencia técnica.
Además
de los incentivos, se intensifican las ayudas públicas a las nuevas iniciativas.
Así habrá financiación para los gastos de constitución, de planificación y de
inversión en los activos necesarios para poner en marcha nuevas empresas. Se
mantendrá el programa Empresa Joven, con ayudas a sociedades promovidas por
menores de 35 años y se crea el programa Mujer y Empresa con el que se
facilitará asistencia técnica, apoyos económicos específicos y asesoramiento a
las empresarias. Se ampliarán las ayudas reembolsables y se aumentarán los
fondos de capital riesgo.
El
acuerdo también prevé un nuevo plan de internacionalización para la empresa y
mantiene la vía de ayudas públicas a empresas en crisis. Las medidas para
generalizar el uso de nuevas tecnologías de la información cuentan con una
financiación de 70.000 millones de pesetas, aunque su desarrollo está
condicionado al plan direcor de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Junta,
aún sin aprobar.
Las 35 horas en el sector privado, en el
olvido
A. B.
/ E. R. | Sevilla
Las
negociaciones entre los sindicatos, la Junta y la patronal para renovar el
acuerdo de concertación obviaron casi desde el principio un asunto que podía
haber bloqueado las conversaciones indefinidamente: la generalización de la
jornada de 35 horas en el sector privado. La reducción de la jornada laboral fue
un caballo de batalla de la Junta en la anterior legislatura que cristalizó en
un decreto de incentivos, que la mayor parte de los empresarios ha
ignorado.
Tras
renunciar a que el acuerdo de concertación recogiera una normativa más ambiciosa
para generalizar las 35 horas en el sector privado, los sindicatos centraron sus
exigencias en la lucha contra la siniestralidad laboral. Al final, tras un
fuerte rechazo inicial, los empresarios han suscrito la mayor parte de las
medidas propuestas a cambio de rebajar las funciones de los delegados
territoriales de prevención que pasan a ser coordinadores. En todo caso, se
prevé la creación de un Instituto Andaluz de Riesgos Laborales y la elaboración
de un Plan Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
Además,
el acuerdo refuerza la línea de participación de los agentes sociales en las
decisiones de la Junta, que ya había sido esbozada en anteriores acuerdos, y que
se ha constituido en una clave distintiva del pacto andaluz respecto a acuerdos
tripartitos similares en España o Europa. Así, sindicatos y empresarios, además
de participar en el diseño de los programas que se financiarán con fondos
comunitarios hasta 2006, intervendrán en la elaboración del Plan Director de
Innovación y Desarrollo Tecnológico, el Programa Industrial o el Plan
Energético, entre otros.
Opinión
Pacto Social: Más
de lo mismo
Cuentan en Cádiz -de lo que se hace eco Félix
Bayón en EL PAÍS- que CCOO, UGT y la patronal se repartieron 150 millones
de pesetas, presuntamente para elaborar un estudio sobre la jornada
laboral de 35 horas. Muchos millones para repetirse unos a otros lo que
ya todos saben o intercambiarse unos cuantos folletos. El contrato,
previsoramente, incluía una cláusula de omertá por la que
todas las partes se comprometían a guardar secreto sobre cualquier información
que pudiera dañar la imagen o la reputación de alguno de los socios.
Esto se ha sabido sólo porque el ultimo responsable del Plan de Empleo de la
Bahía, Jorge González Aznar, ha sido despedido sin indemnización y ha tirado
un pelin de la manta. Cualquiera sabe cuantos casos más habrá en la
trastienda.
Este ejemplo describe bien uno de los objetivos
de la concertación social desarrollada por el PSOE desde su instalación en la
Junta: instaurar la dependencia de los aparatos sindicales, regulada
mediante la corrupción. Paz social a cambio de millones para sostener la
estructura de liberados. El resultado: unos sindicatos inútiles, cómplices;
instalados en el neoverticalismo de la negociación a cualquier precio y la
dependencia de la Administración. Una burocracia satisfecha, ultraconservadora
y españolista que no recuerda siquiera lo que antes se conocía como lucha
de clases. En paralelo una clase obrera desestructurada, inerme y
escéptica; condenada a buscarse la vida individualmente o a luchar a la
desesperada cuando le cierran la empresa. El Imperio de la economía sumergida,
la ilegalidad o la jungla del trabajo temporal y la precariedad. No es de
extrañar la ausencia de alternativas desde el movimiento sindical mayoritario
para la situación nacional. No las tienen; las suyas son las del PSOE. Quien
paga, manda.
Los indicadores económicos andaluces (ese
terrible 21,53% oficial de paro; 8% más que la media estatal) son una evidente
muestra del fracaso de una política de instalación en la dependencia y la
subvención selectiva. Toda la política del PSOE se reduce, desde hace no se
sabe cuantos años, a rebajarles los costes laborales a la burguesía
andaluza, a ver si de esa manera invierte y crea empleo y como complemento,
más ideológico que practico, a promover la autoexplotación por la vía del
autoempleo; cubierto bajo el púdico eufemismo de la promoción de
emprendedores. Es la misma política que animó en su día al Subsidio
Agrario: favorecer los bajos salarios, la irregularidad y la acumulación de
capital. No es de extrañar que los salarios andaluces sean los más bajos del
Estado ni que la estructura económica andaluza sea cada año más débil y
subordinada si cabe.
La Junta ni tiene ni aspira a tener una
fiscalidad propia ni a recuperar nada del expolio histórico sufrido por
Andalucía. No tiene lo que hay que tener para luchar por una Hacienda que haga
a Andalucía realmente autónoma de Madrid, capaz de gravar beneficios y
patrimonios, atraer inversiones y proteger nuestro escuálido tejido
productivo de forma discriminada, según los intereses andaluces. La Junta
ni tiene ni aspira a tener una política laboral propia (los sindicatos
españolistas, dicho sea de paso, tampoco) que cree una situación jurídica
nacional especifica. La Junta -bien instalada en el Pacto de estabilidad
europeo, el respeto a las directivas de Bruselas y toda la parafernalia
neoliberal- renuncia a ejecutar una política de inversiones publicas
productivas que generaran un fuerte sector publico nacional; sólo acude en el
ultimo momento como una especie de UVI para atenuar los costes políticos
y sociales de empresas privadas en situación terminal. Convertida la Reforma
Agraria en un tema para la historia revisionista, se limita a gestionar la
política agraria que le marcan Madrid y Bruselas.
No se sabe qué intriga o indigna más de este
panorama. Si esta política repetida, reiteradamente fracasada o la connivencia
por el silencio o la colaboración de esos pretendidos intelectuales andaluces
que se amontonan en tantísimos departamentos de economía en nuestras
Universidades y que, ante el desastre, sólo saben, todo lo más, repetir como
loros el mismo discurso neoliberal o callarse, para no poner en riesgo sus
ambiciones de promoción personal, abdicando de su obligación de pensar en
Andalucía.
Una economía dependiente, una sociedad
atomizada, unos sindicatos comprados, una clase obrera desarticulada, una
intelectualidad entregada, una prensa tan sucursalista como localista y
españolista, la misma burguesía parásita de siempre... Sólo hay que mirar
a los portavoces de las fuerzas presentes en el Parlamento andaluz (Chaves,
Teofila, Romero, Ortega, Pacheco) para, de un vistazo, hacerse cargo de cuan
hondo hemos caido. Está claro que sólo en el movimiento de liberación
nacional andaluz existe la voluntad de afrontar la tarea de denunciar
insobornable, coherente y consecuentemente esa realidad e ir construyendo
las vanguardias que puedan definir
la alternativa.
Financiación
Autonómica
Los expertos proponen que las regiones puedan
subir impuestos especiales e IVA
C. M.
EL PAIS| Madrid, 23 de Mayo de 2001
El
actual sistema de financiación autonómica es opaco, se ha pactado de forma
bilateral, es inestable, no garantiza la corresponsabilidad y tiene deficiencias
constitucionales. A estas conclusiones han llegado un grupo de expertos,
encabezados por el catedrático y consejero del Banco de España José Manuel
González-Páramo, en un libro publicado por la fundación BBVA y presentado ayer.
Su propuesta es que el nuevo sistema resuelva estos graves defectos y ceda a las
comunidades el IVA y los impuestos especiales con capacidad normativa. El libro
incluye una estimación sobre las balanzas fiscales que sitúa a Baleares, Madrid
y, de lejos, Cataluña, a la cabeza de la solidaridad.
El
estudio enfrenta la opinión de los expertos a la de los políticos en el momento
en que se han de negociar las bases del nuevo sistema de financiación que ha de
entrar en vigor el año que viene y que decidirá el reparto de unos ocho billones
de pesetas. En el estudio han participado también los catedráticos y profesores
de Universidad Eliseo Aja, Francisco Alcalá, Julio López Laborda, Carlos
Monasterio, Juan Ramallo y Ezequiel Uriel. Las principales conclusiones son las
siguientes.
- Opacidad y bilateralismo. El actual sistema ha
sido negociado y varias veces modificado por los Gobiernos del PSOE y del PP
para contentar a CiU. El nuevo modelo debería ser pactado entre todas las
comunidades, al margen de los partidos. Para ello tendría que cambiar la
composición del Consejo de Política Fiscal y Financiera (los acuerdos son por
mayoría absoluta y el Gobierno tiene la mitad de los votos) y convertir al
Senado en una cámara territorial. El acuerdo ha de ser transparente para que no
ocurra, por ejemplo, como con los escenarios de consolidación presupuestaria
(los límites de endeudamiento para cada comunidad) que son
secretos.
- Corresponsabilidad. El actual sistema ignora la
corresponsabilidad fiscal, ya que a las comunidades les da igual subir o bajar
los impuestos sobre los que tienen competencias porque de ello no dependen sus
ingresos. Una modificación secreta entre el Gobierno del PP y CiU en el año 1998
garantiza a las comunidades que sus ingresos crecerán, como mínimo, igual que el
PIB nominal (crecimiento más inflación). La propuesta es esa suprimir esa
garantía.
- Cesión de impuestos. Además de parte del IRPF,
las comunidades deberían obtener la cesión parcial del IVA y los impuestos
especiales con capacidad normativa; es decir, con la posibilidad de modificar
los tipos. En los impuestos sobre hidrocarburos y matriculación, habría que
atenerse a los mínimos europeos, de forma que las comunidades sólo puedan subir
los tipos. La sanidad debería incluirse dentro del nuevo sistema de financiación
-pronto estará totalmente trasferida- y no quedar aparte, como ahora. La
propuesta socialista de ceder un tipo fijo del IRPF a aplicar en la base del
impuesto es defendida por Monasterio como 'padre' de la
idea.
- Balanzas fiscales. Los autores del libro
reniegan de la utilización política de las balanzas fiscales como arma
arrojadiza y aseguran que no existe relación alguna entre el sistema de
financiación y lo que cada una aporta y recibe. Las comunidades, señalan, están
formadas por personas que están sujetas a un impuesto progresivo (el IRPF) y que
reciben prestaciones. Las más ricas aportan por ello más de lo que reciben y al
revés. Según el estudio, Baleares, Madrid y, en tercer lugar, Cataluña son las
más 'generosas'.
Balanza
Fiscal (1991-1996)
Incluyendo
aportaciones netas a la UE y excluyendo SS contributiva
Comunidad |
Nº
de Orden PIB
per capita |
Pesetas per
capita |
Nº
de orden Saldo per capita |
Saldo
per capita Pesetas |
Baleares |
1 |
2.109.813 |
1 |
-133.800 |
Madrid |
2 |
2.021.141 |
2 |
-
93.667 |
Cataluña |
3 |
2.003.367 |
3 |
-
58.954 |
Navarra |
4 |
1.989.691 |
9 |
102.692 |
País
Vasco |
5 |
1.878.517 |
13 |
122.814 |
Aragón |
6 |
1.817.036 |
4 |
25.191 |
La
Rioja |
7 |
1.813.134 |
5 |
38.005 |
País
Valenciano |
8 |
1.571.901 |
6 |
46.882 |
Cantabria |
9 |
1.570.778 |
7 |
76.471 |
Castilla-León |
10 |
1.507.449 |
8 |
98.808 |
Canarias |
11 |
1.493.546 |
17 |
211.478 |
Asturias |
12 |
1.471.571 |
11 |
121.356 |
Murcia |
13 |
1.435.472 |
12 |
121.883 |
Ceuta
y Melilla |
14 |
1.420.765 |
15 |
170.159 |
Castilla-Mancha |
15 |
1.360.126 |
16 |
172.951 |
Galicia |
16 |
1.278.882 |
10 |
112.803 |
ANDALUCIA |
17 |
1.203.743 |
4 |
153.676 |
Extremadura |
18 |
1.133.843 |
18 |
217.598 |
Fuente: Fundación BBVA
Opinión
Variantes de expolio y alternativa
nacional
El momento político es propicio para que vuelva a
abrirse un debate publico que va más allá de la mera financiación autonómica y
que realmente atañe al lugar que ocupan las diferentes naciones dentro del
Estado español.
De una parte, el 31 de Diciembre de este año
caduca la vigencia de la Ley del Concierto Económico* que regula las relaciones
fiscales entre la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado español. La coyuntura
postelectoral convierte a esta negociación crucial en un barómetro ideal para
medir tanto los objetivos políticos a medio plazo del Gobierno español del PP
como las aspiraciones reales de un PNV reconducido al autonomismo y a la vez,
intuir tanto el grado de maduración de las posiciones terceristas para
resolver el problema nacional vasco que han tenido como animadores intelectuales
a Herrero de Miñón o Elkarri -que cuentan con la simpatía de Maragall, IU y
algunos otros sectores- como el nivel en que por esas fechas ande la
posible adscripción del PSOE a esa vía. De lo que se trataría es de medir si se
consolida o no la opción por, aún negando a Euskadi su derecho a la soberanía
nacional y a la autodeterminación, concederle un status privilegiado consolidado
dentro del Estado español (ampliable en otros ámbitos políticos a Cataluña y por
extensión a Galicia) como medio estratégico de normalización política española
en Euskadi, en el marco de una relectura del régimen constitucional
español.
De otra, las próximas elecciones gallegas y sobre
todo la preparación de las elecciones catalanas -que pueden colocar a Maragall y
al PSOE, llevando tras de si a IC, ERC y EUiA en el Gobierno catalán
sustituyendo a CiU- es muy probable que impulsen de nuevo la agitación política
sobre el agravio catalán, es decir, el saldo desfavorable entre las
contribuciones catalanas a la hacienda española y las inversiones estatales en
Cataluña. En ello coinciden tanto Pujol como Maragall.
Además y prueba de ello es el estudio del que se
informa antes de este comentario, los más plecaros observadores del
funcionamiento del Estado español de las autonomías desde una posición favorable
al mantenimiento del orden nacional y social que representa, llevan mucho tiempo
criticando la inexistencia de unas reglas de funcionamiento estables que
despoliticen la regulación de la financiación consolidando un sistema
regularizado, asentado presuntamente en variables técnicamente asepticas. Desean
que desaparezca del escenario político estatal una siempre peligrosa vía de
relación nacional especifica y un espacio político periódicamente abierto a ser
utilizado como escenario de confrontación, con unas potencialidades
deslegitimadoras que, no por no haber sido convenientemente usadas hasta el
momento, no dejan por ello de ser claras para quien quiera verlas con cierta
perspectiva. Los cambios, costes y riesgos que van a acompañar al
establecimiento del Euro y la ampliación al Este de la Unión Europea introducen
elementos de urgencia para resolver este negocio.
En esa situación, como en casi todo, Andalucía se
encuentra inerme. Los partidos españolistas (PSOE-PP-PCE/IU), como es
lógico, afrontan este asunto -como todo- en clave de responsabilidad estatal. Ni
actúan ni actuaran en atención a los específicos y singulares intereses
nacionales andaluces en el contexto español y europeo. Compartiendo una
filosofía jacobina, sus posibles diferencias se insertan dentro del mismo
análisis estratégico y no tienen ni tendrán el menor interés en resaltar las
posibilidades y las necesidades andaluzas. Lo más que puede esperarse es una
nueva utilización instrumental de Andalucía (en función además de cómo
evolucionen las cosas en Euskadi, Cataluña y el Estado y de cómo se sitúen ante
ellas cada una de estas fuerzas) bajo el socorrido discurso del agravio
comparativo. Es decir, volver a colocar a Andalucía como ariete en
defensa de un pretendido interés por mantener una hacienda lo más centralizada
posible, como único recurso protector o redistribuidor. De los regionalistas
andalucistas la experiencia avala que nada se puede esperar. Su vacío ideológico
es sólo comparable a su cobardía, oportunismo y falta de principios; así que
cualquiera sabe a cual de los posibles bandos españolistas terminaran por
apuntarse.
De entrada una reflexión nacionalista habría de
partir de constatar el resultado de la historia. Nada hay más ridículo que
defender desde Andalucía -a la luz de su situación económica y social- los
argumentos del españolismo de izquierda que convierten a la Hacienda estatal en
un factor esencialmente redistribuidor y reequilibrador. Llevamos a la espalda
doscientos años de hacienda española unificada y a la vista está para
qué han servido a Andalucía: su subdesarrollo, dependencia, subsidiariedad y
marginación son evidentes. Es muy posible que recurran en este punto a las
cifras de transferencias por pensiones, subsidios y ayudas personales y su
participación en la conformación de la renta de los andaluces, como
presuntos argumentos a favor de las ventajas de esa situación. Con ello no
mostraran más que la mezquindad de sus planteamientos y reflexiones y la
aceptación de fondo por su parte del papel nacionalmente subordinado de
Andalucía; atenuado lo justo para mantener la estabilidad social, incidiendo en
la autodesconfianza y el complejo de inferioridad crónicos de los
andaluces. En esta línea coincidirán probablemente con las
organizaciones de la burguesía andaluza; una clase instalada en el
parasitismo.
De otra parte, desde Euskadi, Cataluña o Madrid
pueden emanar discursos que intenten colocarnos las orejas coloradas
aduciendo que Andalucía vive a cuenta de lo que se allí se recauda. Las cifras
del saldo fiscal per capita probablemente se nos harán muy familiares de ahora
en adelante.
En esta tesitura y aunque la correlación de
fuerzas resulte desfavorable y las previsiones pesimistas, el movimiento
nacionalista andaluz ha de actuar con inteligencia y responsabilidad. Ha de
trabajar por ser la voz alternativa de una Nación sin voz. Lo primero para ello
es esbozar y extender una propuesta política propia.
Andalucía habría de afirmar, primero, que su
pleito no es con vascos, catalanes o baleares. No es nuestro problema de donde
salen o dejan de salir los fondos. Nuestro interlocutor se llama España. Nuestra
situación no es definible en términos de llamada solidaridad (eufemismo
de caridad) sino de devolución,
dignidad y justicia. Así de rotundo,
simple y claro.
Aqui viene a colación un recordatorio histórico.
La situación diversa de las diferentes naciones del Estado no es un hecho que
provenga de una coyuntura inmediata. Tiene profundas raíces históricas y ha de
analizarse con parámetros de similar naturaleza para ser rigurosos. Es la
historia la que ha hecho a unos ricos y a otros pobres; es la historia también
la que ha determinado unas relaciones u otras con y en el Estado español.
No necesitamos remitirnos al pago de las parias taifas a la Corona de Castilla.
Simplemente habremos de recordar que, mientras a unos sus fueros o su pobreza de
entonces los mantenían exentos de cargas, otros como los andaluces cargaban
con el peso de los tributos hasta la extenuación (hasta el punto de animar
movimientos como el de Medina Sidonia y Ayamonte en 1641) para sostener a la
Monarquía Habsburgo. Habremos de recordar lo que supusieron el vino de Jerez, el
plomo de Almería, el cobre de Huelva... para el mantenimiento de la Hacienda
borbónica y luego las remesas de nuestros emigrantes o nuestro mercado
cautivo para el despegue industrial de otros. La llamada deuda histórica,
el censo no reconocido, el robo español de los fondos europeos... son sólo los
últimos eslabones de una cadena que se remonta muy atras. Ahora que el mercado
interior se hace europeo, conviene tener presente que los papeles de cada cual
no se adjudicaron ayer.
Además, convendría recordar también que la
tributación puede hacerse en un sitio sobre beneficios y patrimonios adquiridos
en otros y que el balance fiscal es sólo una parte del balance economico. Para
situarlo en su justa proporción habría que acompañarlo y sumergirlo con otros
elementos como los que pueden derivar del control de los recursos del ahorro,
del intercambio desigual o de las ventajas diferenciadas que pudieran obtener y
haber obtenido unos sectores económicos u otros en función de su entidad y
cercanía a los círculos neurálgicos del poder político y económico (acabamos de
tener un ejemplo claro de ello con el abandono español del sector pesquero
andaluz o podemos remontarnos a la negociación de la entrada en la UE,
etc).
Pero incluso así, aún demostrando la justicia de
nuestra posición nacional, el argumento clave andaluz habría de sostenerse en
razones políticas de dignidad e interés nacional.
Andalucía ha de defender lo que le interesa a
Andalucía. Como se dijo en su día: "Que nadie se
confunda. A modo de ejemplo, la deuda histórica con Andalucía no se paga ni de
lejos consiguiendo la tan negada nivelación de servicios e infraestructuras
públicas. Se saldará sólo cuando Andalucía tenga, como mínimo, el mismo nivel de
empleo y de armónico desarrollo económico y social que la media estatal. Hasta
entonces, Andalucía es acreedora neta y requiere un concierto
económico singular y una soberanía fiscal que institucionalicen
la transferencia de recursos en magnitud eficaz para conquistar la
igualdad. Si España quiere a Andalucía de verdad, la forma efectiva de
demostrarlo es haciendo posible el desarrollo andaluz. Entonces, en uso de su
soberanía, sería responsabilidad del pueblo andaluz dotarse de otra política
económica que nos permitiera salir del pantano". A Andalucía (y
particularmente a su clase obrera) no le interesa diluirse entre la recua de
comunidades autónomas artificiales surgidas de la Transición española; mucho
menos perderse en relaciones multilaterales que nublen la naturaleza política
bilateral del conflicto entre Andalucía y España.
El
programa nacional andaluz conlleva la exigencia de un Concierto económico propio
construido sobre bases políticas nitidas. Andalucía habría de poder establecer su propio
régimen tributario y encargarse de la exacción, gestión, liquidación,
recaudación e inspección atendiendo a las normas que para la coordinación,
armonización fiscal, supervisión y contribución, en su caso, a un Fondo de
Compensación estatal, se contuvieran en su Concierto. Dichas normas estarían en
concordancia con las que dictara el Parlamento andaluz para idénticas
finalidades en nuestro ámbito nacional. El Concierto fijaría un cupo global que,
formalmente, podría ser positivo o negativo, revisable periódicamente,
constituido como participación nacional en las cargas generales y -en su
caso- en el Fondo de Compensación estatal. El Concierto habría de ser debatido y
aprobado por el Parlamento andaluz. Dado que Andalucía se
encuentra por debajo de la media estatal de bienestar social y grado de
desarrollo económico, circunstancia acreditada a partir de los indicadores
socioeconómicos (desempleo, déficit de equipamientos e infraestructuras,
población...) Andalucía de hecho cuantificaría su cupo negativo en su
Concierto a través de una negociación política con el Estado español y
por tanto recibiría transferencias netas del Fondo de Compensación estatal como
aportación para la nivelación de recursos en aplicación del principio de
discriminación positiva. Andalucía tendría pues la permanente capacidad de medir
la suficiencia y conveniencia de su relación económica, tributaria y
hacendística con España; de presionar políticamente en defensa de sus intereses
y en su caso, de fundamentar la ruptura de relaciones con España.
Seguramente, habrá quien diga que este proyecto
resulta inaceptable para unas u otras naciones desarrolladas del Estado español.
A ello baste recordar desde una perspectiva andaluza que este es un problema
entre ellas y España; si no les convence que decidan romper con ella.
Y otros filisteos, también es muy posible que
afirmen que resulta de imposible aplicación porque va en contra del
funcionamiento reconocido en la Constitución española. A estos últimos, sólo
cabe exigirles que escojan a quien sirven: si a la Constitución española o a
Andalucía.
Por lo que nos toca, no tenemos dudas:
¡Andalucía!
*Está asequible para descargar en el ÁREA
FICHEROS de este Boletín ANDALUCÍA LIBRE un archivo
en donde hemos incluido algunos textos explicativos sobre el funcionamiento y
las polémicas que acompañan al sistema de concierto
vasco.
Pesca:
Alternativas en el
aire
La Junta proyecta crear una empresa mixta con
Marruecos para lograr acuerdos pesqueros privados
Plata admite que el plan andaluz de
alternativas será inaplicable sin fondos comunitarios
A. B. EL PAIS| Sevilla
La Junta aprobó ayer su plan de alternativas para la flota
andaluza que faenaba en caladero marroquí pero, a la vez, admitió que existen
'muchas dificultades' para su aplicación. aplicación. El consejero de
Agricultura, Paulino Plata, recordó que 40.000 de los 50.000 millones que
costarían estas medidas deben venir de fondos de la UE y que las alternativas
planteadas requieren de modificaciones en la normativa comunitaria sobre el
sector pesquero. Plata indicó que la Junta está trabajando en el 'diseño de una
gran empresa mixta entre Andalucía y Marruecos' para impulsar acuerdos privados
entre armadores.
El consejero de Agricultura, en conferencia de prensa tras el
Consejo de Gobierno, insistió en que las posibilidades de reubicación de la
flota afectada son mínimas. Según sus cuentas, sólo una treintena de los 110
marisqueros con base en Huelva y Cádiz tienen capacidad de congelación
suficiente como para faenar en caladeros más alejados. El resto de los 203
pesqueros andaluces que, según la Junta, pescaban en aguas marroquíes cuando
expiró el último acuerdo (noviembre de 1999) no tiene más alternativa. Estos
números contrastan con la posición del Ministerio de Agricultura que estima que
el 80% de la flota puede reubicarse.
'Nuestro objetivo sigue siendo que la mayor parte de la flota
artesanal siga pescando', afirmó Plata. El consejero, que el lunes acudió en
Madrid a una conferencia sectorial de Agricultura, abandonó esta vez sus
críticas a la posición del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en la
fracasada negociación entre la Unión Europea y Marruecos para renovar el acuerdo
pesquero.
El plan andaluz de alternativas, que ya ha sido presentado al
Ministerio, se ha diseñado como un programa operativo para ser financiado bajo
el esquema que siguen los fondos estructurales de la UE a las regiones Objetivo
1, como Andalucía: la UE asume el 75% del programa y las Administraciones
central y autonómica se reparten el otro 25%. De ahí que Plata recordara que 'la
Unión Europea era la primera responsable en conseguir el acuerdo pesquero con
Marruecos', para exigir que Bruselas atienda la petición del ministro: que los
fondos previstos para el fracasado acuerdo (España pide unos 50.000 millones de
pesetas) se dirijan ahora a la reestructuración.
La Junta prevé que una quinta parte de la financiación del plan se
destinen a facilitar la continuidad de los 170 pesqueros artesanales afectados.
La Consejería de Agricultura solicitó informes jurídicos a expertos para sondear
la posibilidad de llegar a un acuerdo bilateral Andalucía-Marruecos; aún no ha
hecho públicas las conclusiones, pero el consejero dejó ayer claro que la
apuesta es otra: fórmulas privadas entre armadores de ambas orillas que permitan
a los andaluces utilizar licencias marroquíes.
La 'gran empresa mixta' entre Andalucía y Marruecos que anunció
ayer Plata sería una sociedad pública que facilitaría estos acuerdos privados y
estudiaría fórmulas para financiarlos, ya que las empresas pesqueras andaluzas,
de tamaño pequeño o medio, no tienen suficientes recursos para afrontar los
proyectos.La constitución de estas sociedades mixtas debe sortear varios
escollos. Por un lado, exige la modificación de la normativa comunitaria sobre
el sector. Además, Plata, quien reconoció 'contactos', aunque no 'conversaciones
directas' con autoridades marroquíes, pretende que Marruecos, excepcionalmente,
permita que estas sociedades mixtas desembarquen sus capturas en puertos
andaluces, no marroquíes.
La mayor parte del plan andaluz de alternativas, que el consejero
anticipó en el Parlamento el pasado día 10, se centra en el programa de
diversificación económica para los municipios más afectados (unos 36.000
millones de pesetas). El consejero indicó que, además del mantenimiento de la
actividad pesquera, el plan financiará iniciativas turísticas e industrias
agroalimentarias. La Junta también prevé la creación de un 'centro mundial de
recepción de pescado' en Algeciras.
Isidoro Moreno, Premio Andalucía de
Investigación
Un defensor de la identidad
andaluza
Isidoro
Moreno
MARÍA JOSÉ CARRASCO | EL PAIS Sevilla
Catedrático de Antropología Social de la
Universidad de Sevilla, Isidoro Moreno (Sevilla, 1944) ha recogido sus estudios
sobre Andalucía en una decena de libros como autor único, en 38 libros
colectivos y en múltiples revistas científicas. Su tesis doctoral, Propiedad,
clases sociales y hermandades en la Baja Andalucía, fue la primera realizada por
un andaluz sobre la estructura social y el sistema cultural de una sociedad
local andaluza, una obra clásica en los estudios de antropología
española.
Los elementos distintivos de la cultura y la
sociedad andaluzas y la relación entre la globalización y las identidades
colectivas son las materias principales de sus estudios. Como investigador, más
que llegar a conclusiones, pretende exponer e interpretar, aunque está
convencido de la singularidad andaluza. 'Andalucía posee una muy clara
identidad histórica y cultural y una menos clara identidad política',
afirma. Defiende el catedrático que el carecer de una lengua específica no
implica ausencia de identidad cultural propia. 'Es un reduccionismo
rechazable considerar que si no tienes una lengua diferente, no eres
diferente', sostiene. Por eso critica la asimilación de lo andaluz a lo
español: 'Tomar elementos andaluces para presentarlos como genéricamente
españoles niega a la vez la especificidad de Andalucía y la pluriculturalidad
española'. Lo mismo sucede con la literatura. 'No se puede negar la
existencia de una literatura andaluza'. Considera que esa identificación es
perjudicial. 'Se piensa que esto es lo mismo que el resto de España y que es
una sociedad a la que se accede con facilidad. En realidad, Andalucía es muy
complicada. Si no se poseen las claves culturales, no se entiende'. Una de
esas características que resalta es la flexibilidad cultural y el relativismo
ideológico, 'no con las personas', que la hace más tolerante. Otra, la
resistencia a aceptar la inferioridad que puede llevar al egocentrismo
exacerbado: 'Cada vez más andaluces están dispuestos a actuar como si esto
fuera un parque temático'.
Por una vez -y sin que sirva
de precedente- estamos plenamente de acuerdo con una distinción oficial.
Pocos premios se habran dado a alquien con tantos
meritos para obtenerlo.
Incluso nos permitimos leer este premio, no sólo
como un reconocimiento obligado a la labor intelectual y militante de
Isidoro, sino tambien al esfuerzo de todos aquellos andaluces y
andaluzas que, como Isidoro, a contracorriente del discurso establecido y
superando rutinas e intereses, contribuyen a la causa de la emancipación
nacional de Andalucía.
Para acompañar nuestra reseña y felicitación,
reproducimos a continuación varios enlaces a trabajos de Isidoro Moreno,
asequibles en la Red. Enhorabuena.
Concierto Independentista en Málaga
El próximo 1 de junio, viernes, Jaleo!, organización
juvenil de izquierda nacionalista, organiza en Málaga el Concierto
"Andalucia grita rock por la
independencia" con los grupos ESKORZO y LOS
ENDROGAOS.
El objeto del concierto es recaudar
fondos para el mantenimiento del local de Jaleo-Malaga y en apoyo a la
asamblea de Jaleo! de Almeria.
El concierto empezará a las 21:00 horas
en la sala Nomadas, en el centro de Málaga, calle Madre de
dios.
Se pueden conseguir entradas anticipadas
a 1000 pelas en los bares La ceiba, AlaSur y Latina. Tambien, a traves
de las y los militantes de Jaleo! y en su sede de Málaga: calle
Capitan 3 , 2-A.
Córcega
Luz verde de la Asamblea francesa al plan de Jospin
para Córcega
El
pleno de la Asamblea francesa avaló el plan del primer ministro, Lionel Jospin,
de autonomía para Córcega. El voto favorable de 23 diputados de la oposición
conservadora y la abstención de otros 30 neutralizó la postura abstencionista
del PCF, que no secundó a sus socios de gobierno socialdemócratas y verdes. El
texto deberá ser aprobado aún por el Senado, mayoritariamente derechista, y
evaluado por el Consejo Constitucional.
GARA | PARIS
El
pleno de la Asamblea francesa dio luz verde ayer, por mayoría absoluta y en
primera lectura, al proyecto de ley de autonomía para
Córcega.
El
proyecto contó con el aval de los diputados del PS y de sus socios verdes de la
coalición de gobierno, además del voto favorable de 23 diputados de la oposición
conservadora, otros 30 de los cuales se abstuvieron, al igual que hicieron
mayoritariamente los diputados del. pese a ello, gubernamental
PCF.
Con
287 votos a favor, 217 en contra y 53 abstenciones, la futura norma pasa ahora
al Senado (de mayoría opositora), donde será analizada en
octubre.
Pese a
que la derecha, concretamente el RPR, proporcionó el grueso de los votos en
contra, la propuesta del Gobierno de Lionel Jospin contó con apoyos de gran peso
como el de los ex primeros ministros Edouard Balladur, neogaullista, el
liberal Raymond Barre o del líder de Democracia Liberal (DL), Alain Madelin. El
ex presidente Valery Giscard d''Estaing optó por la abstención, así como varios
ex ministros de diversas tendencias.
El
Gobierno aspira a que entre en vigor a primeros de 2002, pocos meses antes de
las presidenciales y legislativas. Deberá contar antes con el veredicto del
Consejo Constitucional. El
ministro de Interior, Daniel Vaillant, insistió en que «la República no tiene
nada que temer del reconocimiento y de la toma en cuenta de la especificidad de
Córcega y de su identidad». Al contrario, dijo que ello obligará a los corsos «a
hacerse cargo de su futuro sin poder cargar sistemáticamente sobre el Estado la
responsabilidad por las decisiones que les conciernen». Vaillant
anunció durante las sesiones parciales de la semana pasada la posibilidad de que
algunas de las transferencias para Córcega puedan ser generalizables, tras la
presión de la derecha para evitar singularidades en el interior de la
República
Chevènement
(MDC) insistió en tildar el resultado de «capitulación» para la Asamblea y en
acusar al proyecto de ley de socavar las bases de la
República».
El
presidente de la Asamblea corsa, José Rossi, calificó la aprobación como
histórica. El
líder de los nacionalistas corsos, Jean-Guy Talamoni, denunció el proyecto como
«notoriamente insuficiente».
El
presidente de la comisión de leyes de la Asamblea francesa, Bernard Roman, y el
ponente del proyecto de ley, Bruno Le Roux, viajarán a Corcega para presentar el
texto, rebajado sobre los Acuerdos de Matignon, al decir del nacionalismo
corso.
El
diario "Liberation" publicó los resultados de un sondeo, según el cual el 57%
considera bueno el proyecto en su conjunto, frente a un 23% de detractores.
Además, un 44% hace suya la opinión de que esta medida «instaurará una paz
duradera en la isla», frente al 41% que aseguran que «incitará a los
nacionalistas a plantear nuevas reivindicaciones». Un 46% niega albergar
sentimiento alguno de que el Gobierno «haya cedido a la violencia», frente a un
43%. El
51% se opone a la concesión de estatus similares a otros pueblos bajo
administración francesa, frente al 43% favorable a esta solución y un 6% que no
sabe o no contesta.
[El
proyecto plantea la enseñanza de la lengua corsa en maternal y primaria -no
la enseñanza en corso- como materia opcional. Condiciona
toda medida legislativa de la Asamblea corsa a la aprobación del Parlamento
francés, presentando la actuación corsa como "especificidad insular". Durante el
tramite parlamentario desaparecieron las limitaciones a la especulación que
asola el litoral corso. Obviamente, no reconoce la soberanía
nacional corsa. Aún así, el PCF, por ejemplo, opinó que era
demasiado ambicioso en lo cultural y no suficientemente restrictivo en lo
legislativo].
Portugal.
El PSR en Congreso
El 12
Congreso del PSR tuvo
lugar los días 21 y 22 de abril. Se
trata del primer congreso del partido desde la fundación del Bloque de
izquierdas*. Uno de los puntos importantes del debate será el balance de esta
experiencia. El orden del día del Congreso comporta también la discusión del
manifiesto político del PSR, un texto que traza los ejes políticos fundamentales
que caracterizan a la sección portuguesa de la IV Internacional, su evolución
desde la Revolución del 25 de abril de 1974, los debates que le han atravesado,
orientados hacia la elaboración de proposiciones para definir un tercer
campo en la izquierda portuguesa y por la renovación de la
oposición.
Otro
punto sustancial en debate en este Congreso es la resolución sobre la
construcción del Partido, que prosigue la discusión iniciada en la Conferencia
sobre Organización de Octubre de 2000. Se
debate en él el papel del PSR en el seno del Bloque y la caracterización del
Bloque mismo:
“De hecho, los temas
constitutivos de la imagen del Bloque son la primera caracterización de un
elemento programático que hemos valorado históricamente pero que no ha llegado
a constituir una referencia suficientemente importante en nuestra
identificación pública, esencialmente la causa de la carencia de un peso
político propio de nuestra corriente: el desarrollo sistemático de una
estrategia política transitoria, tendente a elevar las reivindicaciones
políticas y sociales de la experiencia inmediata hasta la experiencia de la
confrontación más abierta con el poder, con la construcción de organizaciones
sociales autónomas con relación al Estado
burgués.
Esta estrategia de reivindicación y de acción fue formulada, entre
otros momentos y documentos, en un texto de finales de los años treinta, el
“Programa de Transición”, que Trotsky propuso basándose en los programas
políticos de Marx (“Programa de los comunistas alemanes”) y de Lenin (“La
catástrofe inminente y los medios para conjurarla”) y a partir de la
revolución rusa y de la revolución alemana.
Paradójicamente es una política unitaria y no la simple autoafirmación
lo que ha permitido al PSR formar parte de un movimiento que ha dado por
primera vez cuerpo a la dinámica de las reivindicaciones transitorias: por
ejemplo, la propuesta de impuesto sobre la fortuna en lugar de la propaganda
abstracta sobre la expropiación del capital. Tal es el fundamento esencial de
identificación entre el PSR y el Bloque, y esto ha sido la piedra de toque del
impacto político de las proposiciones del Bloque. La razón esencial de tener
confianza en el futuro del Bloque para todas sus corrientes fundacionales debe
ser del mismo tipo: la certeza de que la concretización de sus objetivos
programáticos esenciales en la lucha de clases deriva de la estabilidad de su
política unitaria, que ha dado nacimiento a un movimiento que tiene su propia
vida”. (extracto de la Resolución sobre la Construcción del PSR, en debate en
el 12 Congreso).
La Conferencia del Bloque de Izquierdas quiere
renovar la organización de las elecciones
locales.
La
Mesa Nacional del Bloque de
Izquierdas ha convocado la 2ª Conferencia del movimiento para los días 19 y
20 de mayo. Uno de los temas que deberán ser apreciados por cada delegado/a en
la Conferencia es el Manifiesto sobre las colectividades locales, un documento
que en su versión (aún incompleta) discutida por la Mesa, incluía 21 compromisos
electorales de las candidaturas del Bloque. La planificación participativa y
democrática, una de las ideas fuertes del documento, implica la renovación de la
organización tradicional de las elecciones locales, que se encuentra en vías de
agotamiento. Muchos de los crímenes urbanísticos y favoritismos políticos en las
colectividades locales son debidos a este agotamiento. También se defiende aquí
la limitación de los mandatos, la formación de los electos locales y de los
técnicos, la creación de observatorios de evaluación de la actividad de las
colectividades locales en los que puedan participar los movimientos asociativos,
o el debate público entre proyectos impactantes para el paisaje
urbano.
La
participación en las poblaciones en la elaboración del Presupuesto y del Plan de
Actividades es otro punto clave de la proposición del Bloque. Parte de un
principio sencillo: entre abril y septiembre de cada año, es posible organizar
debates descentralizados en los que cada ciudadano esté confrontado a las
alternativas y a las prioridades de inversión en su barrio y en el resto de la
municipalidad, a corto y medio plazo. Tal sería la base de partida de un
Presupuesto participativo en Portugal.
Otro
de los compromisos es la resistencia a las tentativas de bipolarización del
poder municipal, esbozadas por el PS y el PSD con proyectos de ley que pondrían
fin a la proporcional en los ejecutivos municipales, sin ampliación sustancial
de los poderes de los consejos municipales. Para que haya transparencia en la
utilización del dinero público, el Bloque defiende la necesidad de investigar
sobre el universo de los institutos, fundaciones, empresas municipales y
concesiones privadas impulsadas por las colectividades locales. Sobre este
asunto, los electos bloquistas no se contentarán con medias tintas y defenderán
a fondo estas soluciones puesto que los recursos pueden ser mejor utilizados en
el marco municipal. En otros casos, las asociaciones de usuarios deben
participar en el control y en la definición de cada
empresa.
Más
allá de estos compromisos aplicables a cualquier municipalidad, el Bloque quiere
volver a plantear en la campaña algunas de las cuestiones que forman parte de su
patrimonio político, como la restricción de la circulación automóvil en las
ciudades y el contrato social y ecológico, la exigencia de fuerte penalización
fiscal de los inmuebles desocupados, el final de la expansión urbana de las
áreas metropolitanas, gracias a una apuesta por la renovación, y la recalificación del parque de
viviendas ya existentes, una nueva política de combate contra la
toxicodependencia así como el combate contra las fuentes de la inseguridad,
entre otras medidas.
Para
comenzar a abordar estos temas, y otros, el Bloque prepara a partir del mes de
marzo una serie de conferencias sobre la ciudad.
Pero
no son las colectividades locales quienes van a dominar el orden del día de la
Conferencia. El proyecto de resolución política plantea como campaña central
para 2001 la cuestión del aborto, que está aún prohibido en Portugal. En 1988 el
parlamento aprobó una ley que permitía la
interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas. Luego el PS y
el PSD llegaron a un acuerdo para someter la cuestión a referéndum, un
instrumento que nunca había sido utilizado en Portugal. Aunque los sondeos dieran como segura la
victoria del “Si” a la despenalización del aborto, la campaña terrorista de la
Iglesia alejó a mucha gente del debate y la participación electoral fue de menos del 40% de los inscritos. A
partir de ahí, técnicamente el referéndum quedaba invalidado. Pero políticamente
la situación empeoró: entre quienes votaron, la mayoría estaba opuesta a la
despenalización. Esta victoria límite impidió la existencia de las condiciones políticas para que la
ley fuera promulgada. Es esta situación la que el Bloque quiere ahora modificar,
con una iniciativa parlamentaria susceptible de reunir al movimiento de mujeres
para impulsar una campaña que puede pasar por un nuevo
referendum.
*Luis Branco es miembro de la
dirección del PSR
*El Bloque de Izquierdas es un
frente politico integrado por el
PSR, la UDP (de origen maoista), Politica XXI (una escisión del
PCP) e independientes.
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Miniwatt, una lucha obrera ejemplar
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Fogata ante
el consulado de Holanda
El 30 de Marzo la dirección de MINIWATT (Philips) notifico a los
trabajadores la rescisión de los contratos de 312 trabajadores a tiempo parcial
indefinidos. Este tipo de contratación supone a la empresa un importante ahorro
en bonificaciones de la SS (un 40%) y una enorme flexibilidad.
MINIWATT pertenece a la
multinacional PHILIPS, se dedica a la fabricación de TUBOS de TV/COLOR, tiene
una plantilla de 988 trabajadores y se encuentra ubicada en la Zona Franca de
Barcelona.
Esta agresión de la multinacional, se produce después de un
fuerte conflicto originado hace tres años por la pretensión de la empresa de
querer imponer el trabajo en sábados y domingos al conjunto de la plantilla. En
esos momentos la empresa argumentaba que “trabajar la fábrica en los 365 días al
año era la única forma para la supervivencia de MINIWATT”. Ahora, dice que la
única solución para la continuidad de la fábrica pasa por despedir a 312
trabajadores, suprimiendo el trabajo en fines de
semana. Lo que en realidad persigue la empresa es despedir a estos jóvenes
trabajadores, sustituyéndolos a corto plazo por contratos en precario, o bien
volviendo al chantaje sobre toda la plantilla de implantar los 3 Turnos/4
equipos, junto a una mayor saturación en los ritmos de
trabajo.
La lucha
La plantilla de MINIWATT ocupó la Bolsa de Barcelona durante más
de una hora, el 9 de Abril, interrumpiendo su
funcionamiento. El 26 de Abril, más de mil trabajadores recorrian las calles de
Barcelona en solidaridad con esta lucha. El 2 de Mayo realizaban una
fogata, quemando neumáticos a las puertas del consulado holandés en
Barcelona y le entregaban al cónsul una requisitoría para que interviniera
contra los planes de la multinacional holandesa. En su carta los trabajadores
recordaban al cónsul: “Es inadmisible que se permita a la multinacional PHILIPS el despido en
el Estado Español de miles de
trabajadores/as (cierre de Metal Mazda con 1500 trabajadores, cierre de Pequeños
Electrodomésticos con 500 trabajadores, cierre del Regulador con 200
trabajadores, retirada de Tecnimagen con 700 trabajadores y reducción de unos
800 trabajadores de la plantilla de Lámparas “Z”, etc.). Es agresión contra el
empleo en nuestro país se produce mientras la multinacional obtiene beneficios
de miles de millones de Ptas., por
la comercialización en nuestro país
de productos Philips importados”.
Desde hoy, 26 de Mayo a las 6 de la mañana, la plantilla de
Miniwatt se encuentra en Huelga Indefinida. Han convocado una
Manifestación de solidaridad para el proximo 29 de Mayo a las
18,30 horas, desde Plaza Universidad a Plaza Sant Jaume.
Solicitan que se envien Fax :(93) 423 09 62 y correos a la
Conselleria de Treball: treball@correu.gencat.es, exigiendo que se rechace el
expediente de los 312 despidos.
Para más información, se puede acudir a su web:
Sugerencias y
Encuestas.
Una nueva pagina
nacionalista se incorpora a la Red: Revista de
Andalucía. Bienvenidos/as. Todas las manos son pocas para
construir Nación.
Proponemos
hoy un modesto viaje virtual por Andalucía; sin animo
exhaustivo. Sabiendo que quedarán muchos sitios por recorrer.
Lo iniciamos en
Almería visitando su Alcazaba,
que domina la ciudad.
Córdoba disfruta estos
días de una exposición histórica: El
Esplendor de los Omeyas
Cordobeses. A traves de este sitio -muy bien
configurado- puedes hacerte una idea de la muestra y de la época fulgurante
que pretende describir. Se encuentra ubicada en Madinat
Al-Zahra o Medina
Azahara; un recinto encantador que transmite la
belleza y el poder del Al-Andalus omeya. Ambas paginas sobre la ciudad
califal te ofrecen, una su historia; otra su leyenda y sus
imagenes.
Y de
Granada a Sevilla. Comencemos por el Alcazar, una
pagina donde, aparte de información sobre las publicaciones que edita su
patronato, podemos conocer su historia y admirarnos de la belleza de este
monumento, hermano de la Alhambra, ante el que ningun andaluz puede quedarse
impasible. Y justo al lado, otra pagina sobre La
Catedral de Sevilla y la
Giralda, un templo inmenso lleno de misterios y un alminar
hecho simbolo.
Con todas ellas, como un
puzzle, se puede construir una imagen de Andalucía, a pesar de que,
circunstancia más comun de lo conveniente en la Red, les falte recordar a cada
una en la dimensión oportuna que su tema no se entiende ni se explica sin
situarlo en el país y la cultura que le dieron origen:
Andalucía.
La
Encuesta sobre el futuro de
Euskadi sigue abierta. Puedes votar, o incluso modificar
tu voto, accediendo a la pagina ENCUESTAS
de ANDALUCIA LIBRE. La cerraremos el
domingo. Hasta entonces, reflexiona y participa.
ARDI
BELTZA DA PASO
A KALE GORRIA
Música: El
Mayor, Silvio
Rodríguez
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