ESTHER RODRÍGUEZ |EL PAIS/ Sevilla

El quinto Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado ayer por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, sindicatos y empresarios, tendrá un coste total de 884.612 millones de pesetas; con este pacto, el Ejecutivo se garantiza la paz social hasta 2004. El acuerdo tripartito, único en España, aspira a transformar el mercado laboral y productivo, a la vez que servirá 'como arma importante para afrontar los indicios de recensión económica', aseguró Chaves. El presidente de la Junta aprovechó la ocasión para ofertar al Gobierno un pacto para aumentar las infraestructuras en la región.

La sede del Gobierno andaluz, el Palacio de San Telmo, volvió a ser ayer el escenario elegido para la firma de un nuevo pacto social entre la Junta, los sindicatos y los empresarios, que viene a reeditar los acuerdos formalizados entre los agentes sociales y el Ejecutivo autonómico durante estos últimos ocho años. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, rubricó el Acuerdo de Concertación de Andalucía, junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Rafael Álvarez Colunga, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, respectivamente.

Los cerca de 900.000 millones de pesetas en los que ha evaluado la Consejería de Economía el coste total de las medidas, que deben ser gestionadas en su mayor parte por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, no sólo incluyen fondos propios de la Junta, sino también la financiación del Gobierno central y de la Unión Europea a los programas desarrollados por el Ejecutivo andaluz. El quinto Acuerdo se desarrollará entre 2001 y 2004, aunque la mayor parte de las medidas no contarán con dotación presupuestaria hasta el próximo año.

Los dirigentes sindicales fueron los primeros en exponer los contenidos y la intencionalidad del acuerdo a tres bandas. El máximo responsable regional de CCOO, Julio Ruiz, destacó que 'la apuesta sigue siendo la misma que al principio: empleo y estabilidad' y resaltó el impulso a la política de igualdad en el mercado laboral con incentivos a la incorporación de la mujer a puestos de empleo.

El acuerdo contempla ayudas de entre 400.000 y 700.000 pesetas para los empresarios que contraten mujeres, jóvenes o colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral. El apartado de políticas activas de empleo aglutina una de las mayores asignaciones económicas, con 349.594 millones en cuatro años. El desarrollo de estas políticas (que van desde la cogestíón de las ayudas a los jornaleros a la acciones formativas en escuelas-taller) dependen en gran medida de la transferencia de las competencias, que el Gobierno central tiene congelada.

El secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, destacó la singularidad de esta triple alianza, ya que 'no hay ningún otro acuerdo en España y en Europa que permita un mayor nivel de colaboración, de intervención' de los agentes sociales y económicos en las políticas económicas y laborales. Pastrana recordó el intento fallido del Gobierno central de lograr una concertación similar a nivel nacional: 'Se habla de un acuerdo ambicioso porque hemos vuelto a dar, con este quinto acuerdo, un paso más en muchas materias que en otros ámbitos de diálogo social son una añoranza, un permanente sueño'.

Por su parte, el presidente de la patronal, Rafael Álvarez Colunga, interpretó el acuerdo como 'un paso adelante en el desarrollo económico de Andalucía', que no ha resultado fácil, tras siete meses de 'duras e intensas' negociaciones, en las que la patronal llegó a levantarse de la mesa, al no estar de acuerdo con las reivindicaciones sindicales sobre siniestralidad laboral e incentivos a contratos fijos-discontinuos. En el apartado de fomento a la actividad empresarial y el desarrollo de los sectores productivos, el acuerdo contempla inversiones de 72.204 y 380.031 millones, respectivamente.

Chaves, hizo una defensa de la concertación, dirigida a 'muchos agoreros' que cuestionaban su consecución, a la vez que advirtió que el acuerdo 'no debe ser criticado en función de quien lo firma, sino valorado en función de sus contenidos'.

Con el acuerdo de concertación, la Junta cree haber logrado un escudo ante las previsiones de enfriamiento económico en un futuro próximo. 'Es cierto que existen indicios de recesión o de deceleración económica, pero pienso que nosotros estamos bien preparados y este acuerdo es un arma importante para afrontar lo que pueda venir', subrayó Chaves.

El presidente andaluz finalizó su intervención abogando por un acuerdo con el Gobierno central que garantice un incremento de la inversión en infraestructuras, al considerarlo 'como un instrumento importante de desarrollo económico y de creación de empleo' para la región.

El acuerdo prima el autoempleo y la contratación de mujeres

E. R. / A. B. | Sevilla

El quinto Acuerdo de Concertación Social repite la misma fórmula de los acuerdos precedentes para reducir el desempleo: incentivos públicos a las empresas por contratos de trabajo con determinados colectivos que tienen difícil acceso al mercado laboral; a estos colectivos, además, se dirigen la mayor parte de las acciones formativas que tratarán de adaptarse a las necesidades de las empresas. En esta ocasión, se han aumentado los fondos y se han centrado las acciones en mujeres, jóvenes y profesionales autónomos.

- Mujeres y jóvenes: 500.000 (a empresas de 50 a 249 empleados), 600.000 (a empresas de 10 a 49) o 700.000 (a empresas con menos de 10) pesetas por contrato. En estos colectivos, se incentivará con 400.000 pesetas la transformación de un contrato temporal en fijo.

- Fijos-discontinuos: (fundamentalmente en turismo y agricultura): hasta 600.000 pesetas por contratos a jóvenes y mujeres, hasta 500.000 pesetas por contratos a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. Siempre en empresas de menos de 250 trabajadores.

- Contratos estables: Hasta 500.000 pesetas por contratos a colectivos con especiales dificultades. 400.000 pesetas a empresas de más de 250 trabajadores por contrato, siempre que supongan aumentar la plantilla en un 10%.

- Personas con discapacidad: Ayudas para mantener estos puestos de trabajo en casos de reestructuración. Dos millones por la creación neta de un puesto de trabajo. 500.000 por contratos estables o transformación de temporales en fijos.

- Autoempleo: Incentivos al inicio de actividad de autónomos (500.000 pesetas; un millón en el caso de las mujeres). Incentivos a la primera contratación laboral (hasta 600.000 pesetas). Ayudas a los intereses de préstamos y asistencia técnica.

Además de los incentivos, se intensifican las ayudas públicas a las nuevas iniciativas. Así habrá financiación para los gastos de constitución, de planificación y de inversión en los activos necesarios para poner en marcha nuevas empresas. Se mantendrá el programa Empresa Joven, con ayudas a sociedades promovidas por menores de 35 años y se crea el programa Mujer y Empresa con el que se facilitará asistencia técnica, apoyos económicos específicos y asesoramiento a las empresarias. Se ampliarán las ayudas reembolsables y se aumentarán los fondos de capital riesgo.

El acuerdo también prevé un nuevo plan de internacionalización para la empresa y mantiene la vía de ayudas públicas a empresas en crisis. Las medidas para generalizar el uso de nuevas tecnologías de la información cuentan con una financiación de 70.000 millones de pesetas, aunque su desarrollo está condicionado al plan direcor de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Junta, aún sin aprobar.

Las 35 horas en el sector privado, en el olvido

A. B. / E. R. | Sevilla

Las negociaciones entre los sindicatos, la Junta y la patronal para renovar el acuerdo de concertación obviaron casi desde el principio un asunto que podía haber bloqueado las conversaciones indefinidamente: la generalización de la jornada de 35 horas en el sector privado. La reducción de la jornada laboral fue un caballo de batalla de la Junta en la anterior legislatura que cristalizó en un decreto de incentivos, que la mayor parte de los empresarios ha ignorado.

Tras renunciar a que el acuerdo de concertación recogiera una normativa más ambiciosa para generalizar las 35 horas en el sector privado, los sindicatos centraron sus exigencias en la lucha contra la siniestralidad laboral. Al final, tras un fuerte rechazo inicial, los empresarios han suscrito la mayor parte de las medidas propuestas a cambio de rebajar las funciones de los delegados territoriales de prevención que pasan a ser coordinadores. En todo caso, se prevé la creación de un Instituto Andaluz de Riesgos Laborales y la elaboración de un Plan Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

Además, el acuerdo refuerza la línea de participación de los agentes sociales en las decisiones de la Junta, que ya había sido esbozada en anteriores acuerdos, y que se ha constituido en una clave distintiva del pacto andaluz respecto a acuerdos tripartitos similares en España o Europa. Así, sindicatos y empresarios, además de participar en el diseño de los programas que se financiarán con fondos comunitarios hasta 2006, intervendrán en la elaboración del Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico, el Programa Industrial o el Plan Energético, entre otros.

Opinión

Pacto Social: Más de lo mismo

Cuentan en Cádiz -de lo que se hace eco Félix Bayón en EL PAÍS- que CCOO, UGT y la patronal se repartieron 150 millones de pesetas, presuntamente para elaborar un estudio sobre la jornada laboral de 35 horas. Muchos millones para repetirse unos a otros lo que ya todos saben o intercambiarse unos cuantos folletos. El contrato, previsoramente, incluía una cláusula de omertá por la que todas las partes se comprometían a guardar secreto sobre cualquier información que pudiera dañar la imagen o la reputación de alguno de los socios. Esto se ha sabido sólo porque el ultimo responsable del Plan de Empleo de la Bahía, Jorge González Aznar, ha sido despedido sin indemnización y ha tirado un pelin de la manta. Cualquiera sabe cuantos casos más habrá en la trastienda.

Este ejemplo describe bien uno de los objetivos de la concertación social desarrollada por el PSOE desde su instalación en la Junta: instaurar la dependencia de los aparatos sindicales, regulada mediante la corrupción. Paz social a cambio de millones para sostener la estructura de liberados. El resultado: unos sindicatos inútiles, cómplices; instalados en el neoverticalismo de la negociación a cualquier precio y la dependencia de la Administración. Una burocracia satisfecha, ultraconservadora y españolista que no recuerda siquiera lo que antes se conocía como lucha de clases. En paralelo una clase obrera desestructurada, inerme y escéptica; condenada a buscarse la vida individualmente o a luchar a la desesperada cuando le cierran la empresa. El Imperio de la economía sumergida, la ilegalidad o la jungla del trabajo temporal y la precariedad. No es de extrañar la ausencia de alternativas desde el movimiento sindical mayoritario para la situación nacional. No las tienen; las suyas son las del PSOE. Quien paga, manda.

Los indicadores económicos andaluces (ese terrible 21,53% oficial de paro; 8% más que la media estatal) son una evidente muestra del fracaso de una política de instalación en la dependencia y la subvención selectiva. Toda la política del PSOE se reduce, desde hace no se sabe cuantos años, a rebajarles los costes laborales a la burguesía andaluza, a ver si de esa manera invierte y crea empleo y como complemento, más ideológico que practico, a promover la autoexplotación por la vía del autoempleo; cubierto bajo el púdico eufemismo de la promoción de emprendedores. Es la misma política que animó en su día al Subsidio Agrario: favorecer los bajos salarios, la irregularidad y la acumulación de capital. No es de extrañar que los salarios andaluces sean los más bajos del Estado ni que la estructura económica andaluza sea cada año más débil y subordinada si cabe.

La Junta ni tiene ni aspira a tener una fiscalidad propia ni a recuperar nada del expolio histórico sufrido por Andalucía. No tiene lo que hay que tener para luchar por una Hacienda que haga a Andalucía realmente autónoma de Madrid, capaz de gravar beneficios y patrimonios, atraer inversiones y proteger nuestro escuálido tejido productivo de forma discriminada, según los intereses andaluces. La Junta ni tiene ni aspira a tener una política laboral propia (los sindicatos españolistas, dicho sea de paso, tampoco) que cree una situación jurídica nacional especifica. La Junta -bien instalada en el Pacto de estabilidad europeo, el respeto a las directivas de Bruselas y toda la parafernalia neoliberal- renuncia a ejecutar una política de inversiones publicas productivas que generaran un fuerte sector publico nacional; sólo acude en el ultimo momento como una especie de UVI para atenuar los costes políticos y sociales de empresas privadas en situación terminal. Convertida la Reforma Agraria en un tema para la historia revisionista, se limita a gestionar la política agraria que le marcan Madrid y Bruselas.

No se sabe qué intriga o indigna más de este panorama. Si esta política repetida, reiteradamente fracasada o la connivencia por el silencio o la colaboración de esos pretendidos intelectuales andaluces que se amontonan en tantísimos departamentos de economía en nuestras Universidades y que, ante el desastre, sólo saben, todo lo más, repetir como loros el mismo discurso neoliberal o callarse, para no poner en riesgo sus ambiciones de promoción personal, abdicando de su obligación de pensar en Andalucía.

Una economía dependiente, una sociedad atomizada, unos sindicatos comprados, una clase obrera desarticulada, una intelectualidad entregada, una prensa tan sucursalista como localista y españolista, la misma burguesía parásita de siempre... Sólo hay que mirar a los portavoces de las fuerzas presentes en el Parlamento andaluz (Chaves, Teofila, Romero, Ortega, Pacheco) para, de un vistazo, hacerse cargo de cuan hondo hemos caido. Está claro que sólo en el movimiento de liberación nacional andaluz existe la voluntad de afrontar la tarea de denunciar insobornable, coherente y consecuentemente esa realidad e ir construyendo las vanguardias que puedan definir la alternativa.

El pleno de la Asamblea francesa avaló el plan del primer ministro, Lionel Jospin, de autonomía para Córcega. El voto favorable de 23 diputados de la oposición conservadora y la abstención de otros 30 neutralizó la postura abstencionista del PCF, que no secundó a sus socios de gobierno socialdemócratas y verdes. El texto deberá ser aprobado aún por el Senado, mayoritariamente derechista, y evaluado por el Consejo Constitucional.

GARA | PARIS

El pleno de la Asamblea francesa dio luz verde ayer, por mayoría absoluta y en primera lectura, al proyecto de ley de autonomía para Córcega.

El proyecto contó con el aval de los diputados del PS y de sus socios verdes de la coalición de gobierno, además del voto favorable de 23 diputados de la oposición conservadora, otros 30 de los cuales se abstuvieron, al igual que hicieron mayoritariamente los diputados del. pese a ello, gubernamental PCF.

Con 287 votos a favor, 217 en contra y 53 abstenciones, la futura norma pasa ahora al Senado (de mayoría opositora), donde será analizada en octubre.

Pese a que la derecha, concretamente el RPR, proporcionó el grueso de los votos en contra, la propuesta del Gobierno de Lionel Jospin contó con apoyos de gran peso como el de los ex primeros ministros Edouard Balladur, neogaullista, el liberal Raymond Barre o del líder de Democracia Liberal (DL), Alain Madelin. El ex presidente Valery Giscard d''Estaing optó por la abstención, así como varios ex ministros de diversas tendencias.

El Gobierno aspira a que entre en vigor a primeros de 2002, pocos meses antes de las presidenciales y legislativas. Deberá contar antes con el veredicto del Consejo Constitucional. El ministro de Interior, Daniel Vaillant, insistió en que «la República no tiene nada que temer del reconocimiento y de la toma en cuenta de la especificidad de Córcega y de su identidad». Al contrario, dijo que ello obligará a los corsos «a hacerse cargo de su futuro sin poder cargar sistemáticamente sobre el Estado la responsabilidad por las decisiones que les conciernen». Vaillant anunció durante las sesiones parciales de la semana pasada la posibilidad de que algunas de las transferencias para Córcega puedan ser generalizables, tras la presión de la derecha para evitar singularidades en el interior de la República

Chevènement (MDC) insistió en tildar el resultado de «capitulación» para la Asamblea y en acusar al proyecto de ley de socavar las bases de la República».

El presidente de la Asamblea corsa, José Rossi, calificó la aprobación como histórica. El líder de los nacionalistas corsos, Jean-Guy Talamoni, denunció el proyecto como «notoriamente insuficiente».

El presidente de la comisión de leyes de la Asamblea francesa, Bernard Roman, y el ponente del proyecto de ley, Bruno Le Roux, viajarán a Corcega para presentar el texto, rebajado sobre los Acuerdos de Matignon, al decir del nacionalismo corso.

El diario "Liberation" publicó los resultados de un sondeo, según el cual el 57% considera bueno el proyecto en su conjunto, frente a un 23% de detractores. Además, un 44% hace suya la opinión de que esta medida «instaurará una paz duradera en la isla», frente al 41% que aseguran que «incitará a los nacionalistas a plantear nuevas reivindicaciones». Un 46% niega albergar sentimiento alguno de que el Gobierno «haya cedido a la violencia», frente a un 43%. El 51% se opone a la concesión de estatus similares a otros pueblos bajo administración francesa, frente al 43% favorable a esta solución y un 6% que no sabe o no contesta.

[El proyecto plantea la enseñanza de la lengua corsa en maternal y primaria -no la enseñanza en corso- como materia opcional. Condiciona toda medida legislativa de la Asamblea corsa a la aprobación del Parlamento francés, presentando la actuación corsa como "especificidad insular". Durante el tramite parlamentario desaparecieron las limitaciones a la especulación que asola el litoral corso. Obviamente, no reconoce la soberanía nacional corsa. Aún así, el PCF, por ejemplo, opinó que era demasiado ambicioso en lo cultural y no suficientemente restrictivo en lo legislativo].

Portugal.

El 12 Congreso del PSR tuvo lugar los días 21 y 22 de abril. Se trata del primer congreso del partido desde la fundación del Bloque de izquierdas*. Uno de los puntos importantes del debate será el balance de esta experiencia. El orden del día del Congreso comporta también la discusión del manifiesto político del PSR, un texto que traza los ejes políticos fundamentales que caracterizan a la sección portuguesa de la IV Internacional, su evolución desde la Revolución del 25 de abril de 1974, los debates que le han atravesado, orientados hacia la elaboración de proposiciones para definir un tercer campo en la izquierda portuguesa y por la renovación de la oposición.

Otro punto sustancial en debate en este Congreso es la resolución sobre la construcción del Partido, que prosigue la discusión iniciada en la Conferencia sobre Organización de Octubre de 2000. Se debate en él el papel del PSR en el seno del Bloque y la caracterización del Bloque mismo:

 “De hecho, los temas constitutivos de la imagen del Bloque son la primera caracterización de un elemento programático que hemos valorado históricamente pero que no ha llegado a constituir una referencia suficientemente importante en nuestra identificación pública, esencialmente la causa de la carencia de un peso político propio de nuestra corriente: el desarrollo sistemático de una estrategia política transitoria, tendente a elevar las reivindicaciones políticas y sociales de la experiencia inmediata hasta la experiencia de la confrontación más abierta con el poder, con la construcción de organizaciones sociales autónomas con relación al Estado burgués.

Esta estrategia de reivindicación y de acción fue formulada, entre otros momentos y documentos, en un texto de finales de los años treinta, el “Programa de Transición”, que Trotsky propuso basándose en los programas políticos de Marx (“Programa de los comunistas alemanes”) y de Lenin (“La catástrofe inminente y los medios para conjurarla”) y a partir de la revolución rusa y de la revolución alemana.

Paradójicamente es una política unitaria y no la simple autoafirmación lo que ha permitido al PSR formar parte de un movimiento que ha dado por primera vez cuerpo a la dinámica de las reivindicaciones transitorias: por ejemplo, la propuesta de impuesto sobre la fortuna en lugar de la propaganda abstracta sobre la expropiación del capital. Tal es el fundamento esencial de identificación entre el PSR y el Bloque, y esto ha sido la piedra de toque del impacto político de las proposiciones del Bloque. La razón esencial de tener confianza en el futuro del Bloque para todas sus corrientes fundacionales debe ser del mismo tipo: la certeza de que la concretización de sus objetivos programáticos esenciales en la lucha de clases deriva de la estabilidad de su política unitaria, que ha dado nacimiento a un movimiento que tiene su propia vida”. (extracto de la Resolución sobre la Construcción del PSR, en debate en el 12 Congreso).

La Mesa Nacional del Bloque de Izquierdas ha convocado la 2ª Conferencia del movimiento para los días 19 y 20 de mayo. Uno de los temas que deberán ser apreciados por cada delegado/a en la Conferencia es el Manifiesto sobre las colectividades locales, un documento que en su versión (aún incompleta) discutida por la Mesa, incluía 21 compromisos electorales de las candidaturas del Bloque.  La planificación participativa y democrática, una de las ideas fuertes del documento, implica la renovación de la organización tradicional de las elecciones locales, que se encuentra en vías de agotamiento. Muchos de los crímenes urbanísticos  y favoritismos políticos en las colectividades locales son debidos a este agotamiento. También se defiende aquí la limitación de los mandatos, la formación de los electos locales y de los técnicos, la creación de observatorios de evaluación de la actividad de las colectividades locales en los que puedan participar los movimientos asociativos, o el debate público entre proyectos impactantes para el paisaje urbano.

La participación en las poblaciones en la elaboración del Presupuesto y del Plan de Actividades es otro punto clave de la proposición del Bloque. Parte de un principio sencillo: entre abril y septiembre de cada año, es posible organizar debates descentralizados en los que cada ciudadano esté confrontado a las alternativas y a las prioridades de inversión en su barrio y en el resto de la municipalidad, a corto y medio plazo. Tal sería la base de partida de un Presupuesto participativo en Portugal.

Otro de los compromisos es la resistencia a las tentativas de bipolarización del poder municipal, esbozadas por el PS y el PSD con proyectos de ley que pondrían fin a la proporcional en los ejecutivos municipales, sin ampliación sustancial de los poderes de los consejos municipales. Para que haya transparencia en la utilización del dinero público, el Bloque defiende la necesidad de investigar sobre el universo de los institutos, fundaciones, empresas municipales y concesiones privadas impulsadas por las colectividades locales. Sobre este asunto, los electos bloquistas no se contentarán con medias tintas y defenderán a fondo estas soluciones puesto que los recursos pueden ser mejor utilizados en el marco municipal. En otros casos, las asociaciones de usuarios deben participar en el control y en la definición de cada empresa.

Más allá de estos compromisos aplicables a cualquier municipalidad, el Bloque quiere volver a plantear en la campaña algunas de las cuestiones que forman parte de su patrimonio político, como la restricción de la circulación automóvil en las ciudades y el contrato social y ecológico, la exigencia de fuerte penalización fiscal de los inmuebles desocupados, el final de la expansión urbana de las áreas metropolitanas, gracias a una apuesta por la renovación,  y la recalificación del parque de viviendas ya existentes, una nueva política de combate contra la toxicodependencia así como el combate contra las fuentes de la inseguridad, entre otras medidas.

Para comenzar a abordar estos temas, y otros, el Bloque prepara a partir del mes de marzo una serie de conferencias sobre la ciudad.