En otro texto mucho más largo, destinado a la lista Andalucía-Foro de Debate Andaluz, he intentado desmontar (creo que con éxito) el entramado de falsedades histórico-lingüísticas que da sustento a las pretensiones de una normalización ortográfica del andaluz. Con ello, ya hay mucho camino andado para dejar al descubierto la frivolidad de tales pretensiones. Ahora bien, como complemento de lo anterior y por si alguien todavía lo considera insuficiente, voy a tratar aquí, de manera mucho más breve, otras cuestiones relacionadas mucho más directamente con lo que implica una reforma ortográfica en general, y la andaluza en particular.

            Es verdad que los andaluces hablamos de una manera y escribimos de otra, nadie lo niega. Pero eso mismo hacen (en mucha mayor medida) los ingleses, los franceses y los árabes, por mencionar sólo a unos cuantos. Quien esté interesado puede consultar la abundante bibliografía psicolingüística sobre lectura, que pone de relieve (más allá de intuiciones o anécdotas) cómo una alfabetización de estas características no conlleva trastorno cognitivo o evolutivo de ningún tipo. Y, una vez automatizadas las destrezas alfabetizadoras por parte del individuo, el tránsito entre oralidad y escritura queda allanado totalmente y de una vez por todas, sin importar la distancia inicialmente existente entre lo fónico (oral) y lo grafemático (escrito). En cambio, una reforma ortográfica excesivamente radical o inoportuna produce una fractura generacional entre los individuos alfabetizados antes y después de la reforma. Y eso sí que es infinitamente más peligroso en el plano psicosocial, como muy bien han evidenciado los fallidos experimentos de reforma ortográfica llevados a cabo en Francia y Alemania. Ése es un riesgo cierto que la causa nacional andaluza nunca debería asumir. No tiene nada que ganar y sí muchísimo que perder.

            Nadie niega que un sistema ortográfico tiene una dosis de convencionalidad e incluso arbitrariedad, que en ocasiones puede llegar a ser muy alta. Pero eso no significa en absoluto que se pueda modificar de cualquier manera, y cuando venga en gana. Las condiciones históricas de toda normalización ortográfica son determinantes, y no se puede prescindir de ellas ni dar marcha atrás en el tiempo. Las normas ortográficas que aquí manejo, y que salvo detalles menores quedaron fijadas en el siglo XVIII, están refrendadas no por la autoridad de los académicos, sino por casi trescientos años de uso constante. Y son un puente de comunicación entre los pueblos y las generaciones que compartimos una misma comunidad de lengua. La oralidad de los idiomas varía en sincronía y cambia en diacronía. La lengua que no varía y no cambia es una lengua muerta. Pero la eficacia de una norma ortográfica reside precisamente en que pueda ser válida por encima (o en paralelo) de la variación y el cambio. Es decir, la normalización ortográfica está hecha para durar, mientras pueda. Y sus cambios y reformas, de producirse, han de seguir un ritmo propio que no rompa esta continuidad.

            La pertinencia y el éxito de una reforma ortográfica son inversamente proporcionales al nivel de implantación de aquello que se quiere reformar. A mayor implantación, menor pertinencia. La heterogeneidad e inestabilidad grafemática del registro escrito del castellano en 1713, cuando se funda la Real Academia, no existe hoy. Los niveles de analfabetismo de entonces no son los de ahora (por cierto, me pareció entender que uno de los participantes en este debate lamentaba la alfabetización de la población andaluza. Reprimiré un exabrupto). Visionarios aparte, parece que todos los andaluces alfabetizados mantenemos la voluntad de usar las mismas convenciones ortográficas de un modo similar. Al menos a efectos estadísticos, puede decirse que la norma ortográfica del castellano está plenamente implantada en Andalucía. Conclusión: la reforma ortográfica propuesta resulta impertinente.

            Los textos escritos por Juan Porras y Gorka Redondo son prácticamente inaccesibles para muchos andaluces, como he podido comprobar de primera mano. Quienes, con un esfuerzo nada desdeñable, los desciframos, llegamos a la conclusión de que nos son ajenos, por excluyentes. Y es triste que yo sienta como propios los textos en los que José Martí reclamaba la independencia de Cuba, y no pueda decir lo mismo de unos textos que pretendidamente aspiran a reivindicar la identidad de mi tierra. Si tengo que elegir entre Martí y el dúo Porras y Redondo, yo lo tengo clarísimo: me quedo con Martí.

            Me opongo y me opondré siempre a una reforma ortográfica de aplicación exclusiva en Andalucía, o cualquier otra que fracture la unidad grafemática del castellano, por la misma razón que me opongo y me opondré siempre a las reformas ortográficas que aspira a implantar una autoproclamada Academia de la Lengua Valenciana, auspiciada por Zaplana y sus acólitos. Y es que quienes piensen en el País Valenciano que allí no se habla catalán, sino una lengua propia y diferenciada (el ‘idioma valenciano’), una de dos: o se engañan, o mienten. Paralelamente, quienes piensen que en Andalucía entera o parte de ella se habla un ‘idioma andaluz’, diferente del castellano, una de dos: o mienten, o se engañan. El recordado Enric Valor, a propósito de la polémica catalán/valenciano, dijo algo así como que la mejor manera de defender la lengua valenciana era defender el ‘catalán de todos’. Aplíquese el cuento en Andalucía.

             1. Andalucía no necesita tener un idioma nacional propio y exclusivo para ser una nación. No hace falta ir por ahí buscando tres pies al gato o resucitando fantasmas. Esgrimir la existencia de una lengua andaluza no ligada al castellano supone una mixtificación de la realidad que, más que ayudar, perjudica (y mucho) al movimiento nacionalista.

            2. Atribuir un origen mozárabe u otro similar a la lengua hablada en Andalucía es científicamente insostenible. Eso sólo se puede decir apoyándose en la ignorancia o en algo peor. La lengua hoy hablada en Andalucía procede históricamente de la que trajeron con la conquista los repobladores oriundos de distintos reinos cristianos (Castilla, León, Navarra y Aragón). No hay que rasgarse las vestiduras por ello. La verdad no es ni buena ni mala; simplemente, tozuda.

            3. No hay argumentos para considerar la gramática del andaluz como ajena a la que comparte (dentro de los márgenes propios de la variabilidad inherente a un idioma plurinacional) toda la comunidad castellanohablante. Las presuntas especificidades gramaticales del andaluz, o bien no son tales, o bien son fruto de la evolución en el plano fónico. En el documento que desarrolla el contenido de estas Tesis no voy a tratar apenas cuestiones relativas al vocabulario, para no dilatar más su considerable extensión. Pero puedo asegurar sin temor a equivocarme que las cosas ahí van más o menos por el mismo camino.

            4. Porque las cosas no son necesariamente o blancas o negras, el negar la existencia de un idioma andaluz no impide afirmar que sí dispone de lo que daré en llamar aquí un ‘hecho lingüístico diferencial’. Ese hecho diferencial viene determinado esencialmente por el componente fónico, donde hay una serie de rasgos comunes a la práctica totalidad de las hablas andaluzas, sin más excepciones que unos pocos enclaves fronterizos. Esos rasgos son la pérdida de s implosiva y la no existencia de una s alveolar inscrita en el orden fónico palatal. O sea, en andaluz la s, o no existe (ceceo), o forma parte del orden fónico dental. Los dos rasgos señalados tienen luego concreciones diversas, pero mantienen siempre ese trasfondo común subyacente. Y ambos son suficientes para cohesionar la pluralidad lingüística de Andalucía, y marcar la distancia que media respecto de otras hablas peninsulares. Las hablas de Canarias, aunque con muchos aspectos en común con las andaluzas, disponen también de componentes propios que les conceden una impronta particular. Y lo relativo a las hablas de América requeriría un análisis específico que no viene ahora al caso porque carece de relevancia para el debate en curso. Así que, en el marco geopolítico del estado español, la nación andaluza tiene una manera propia de hablar que es reconocida como tal dentro y fuera de sus fronteras. En definitiva: idioma andaluz, no; pero tampoco es cierto que la unidad de las hablas andaluzas proceda sólo de la metaposición del castellano general.

            5. Aparte de los dos rasgos fónicos citados más arriba, hay varios más. En el documento que desarrolla estas Tesis se tratan sólo unos pocos, pero eso no quiere decir que reste importancia a los que han sido omitidos por razones de espacio. La distribución, alcance y aceptación de todos ellos son bastante dispares, y en su conjunto configuran un complejo mosaico a lo largo y ancho del territorio y la población de Andalucía. En cualquier caso, ninguno de estos rasgos alcanza ya el grado de amplitud y generalidad de los anteriormente reseñados, por lo que sería temerario y reduccionista pretender elevarlos a la categoría de componentes identificadores de toda modalidad vernacular andaluza.

            6. Se disponen actualmente de datos suficientes como para fijar, siquiera sea de modo aproximado, la cronología de muchos rasgos fónicos del andaluz. Algunos de esos rasgos (los más antiguos) proceden ya de la lengua traída por los cristianos tras la conquista. Otros rasgos, sin embargo, son fruto de innovaciones aparecidas con posterioridad, en fechas que podríamos considerar relativamente recientes.

            7. Sin negar la incidencia que tiene la presión de la norma idiomática centropeninsular a través de vías tales como la escolarización y los medios de comunicación, lo cierto es que son otros factores, y muy particularmente la oposición campo/ciudad, los que determinan en mayor medida las actitudes y creencias sociolingüísticas de los rasgos presentes en las distintas hablas andaluzas. Los fenómenos incorporados a la modalidades urbanas gozan de más prestigio o, al menos, de más aceptación; los rasgos presentes esencialmente en el mundo rural están más expuestos a una valoración negativa y, por tanto, a la estigmatización. Esta es la causa de la diferente valoración sociolingüística que se detecta entre el seseo y el ceceo. En la misma línea hay que situar la práctica generalización del yeísmo. Por eso, si alguien mantiene en su discurso oral la distinción normativa entre ll/y se expone muy probablemente a ser tildado de ‘cursi’, y no sólo en Andalucía; lo cual no deja de ser también una forma de estigmatización.

            8. El esquema que algunos manejan, por el cual hay que distinguir entre ‘lengua andaluza’, ‘andaluz (dialecto del castellano)’ y ‘castellano hablado en Andalucía’ es algo más que un mero ejercicio de demagogia barata. Es uno de los más burdos ejemplos de deformación teratológica que han podido engendrarse en los últimos milenios. Y es que, amén de su falsedad, establece una jerarquía cualitativa entre las modalidades vernaculares de los andaluces. Con la excusa de ‘defender lo nuestro’ lo que se hace en realidad es marcar las diferencias entre andaluces de primera, de segunda y de tercera. Cuando uno se encuentra con teorías científicas con las que no está de acuerdo, ha de poner los medios para refutarlas con respeto. Pero en casos como éste, hay que armarse con todos los instrumentos que otorga la razón y atacar con plena contundencia. No para convencer al oponente (que suele ser inconmovible), sino para prevenir a quienes potencialmente pueden verse engañados por sus fuegos de artificio. Reconozco que en el documento de desarrollo me muestro bastante vehemente, sarcástico y muchas cosas más. Sin que sirva de descargo o de autojustificación, diré que no suele ser mi estilo. Lo que ocurre es que no me siento en la obligación de tratar con cortesía a quien difunde unas paridas que, como andaluz y como lingüista, considero un insulto en toda regla.

            9. Concedo a los términos una finalidad estrictamente operativa y no creo que sea muy provechoso enzarzarse en polémicas nominalistas. Ahora bien, también considero de estricta coherencia un pronunciamiento explícito sobre cuál es la denominación que considero más apropiada para la modalidad lingüística de Andalucía. Rechazo las denominaciones de ‘idioma andaluz’, ‘lengua andaluza’ y otras por el estilo, porque no se corresponden con la realidad; nuestra idiosincrasia lingüística está integrada, sin menoscabo de su especificidad, dentro del conjunto plural de la comunidad castellanohablante. Tampoco creo muy oportuno usar la expresión ‘español hablado en Andalucía’, que algunos profesores de las universidades de Sevilla y Córdoba han reivindicado recientemente. Y conste que, al margen de lo de ‘castellano’ o ‘español’ (que forma parte de otro debate, no de éste), se trata de una denominación bastante neutra y aséptica. Ahora bien, el problema no reside tanto en el nombre en sí mismo como en los argumentos, de fuertes connotaciones subliminales, que emplean quienes lo esgrimen. Así pues, la opción por la que me inclino es ‘hablas andaluzas’. Ahora bien, como ya he indicado que me parece inútil andar con maximalismos en materia terminológica, daría por buenas otras etiquetas (‘dialecto andaluz’, ‘habla andaluza’, ‘andaluz’, etc.) siempre que estemos de acuerdo en qué es lo que estamos denominando. En ese sentido, ‘hablas andaluzas’ es el término que da menos pie a la confusión, y por eso es el que, al menos hasta hace bien poco, mayor consenso ha suscitado entre los expertos. Reconoce la existencia de un determinado nivel de unidad interna, que las distingue del resto de hablas con las que comparte una misma comunidad de lengua. Al mismo tiempo, da cuenta de la poliédrica realidad lingüística andaluza, sin establecer ninguna perniciosa jerarquía cualitativa entre modalidades. Una vez más: unidad dentro de la diversidad. Sé que muchas personas, por motivos respetables, se sienten molestas con el uso del plural, y por eso he dejado la puerta abierta a otras alternativas. Pero deben comprender que las etiquetas en singular dan pie a una errónea identificación de lo andaluz con sólo una parte de nuestra realidad lingüística, excluyendo de manera inicua otra parte. Curiosamente, la exclusión suele morder siempre en el mismo lado: en el levante de nuestra nación. Son muchas y muy graves las amenazas como para tomárselas a broma. Por eso hay que decir muy alto y muy claro que no hay ningún argumento ni científico ni político para ese tipo de exclusiones. Si es que de verdad se puede hablar de ‘rangos’ en esta materia (cosa que dudo mucho), que nadie lamente que lo que se habla en Andalucía no tenga rango de idioma, ni siquiera de dialecto, y tenga que conformarse con la calificación de ‘entramado de hablas’. La dignidad de Andalucía no depende de eso, lo mismo que ni Copérnico y Galileo mermaron un ápice la dignidad de la especie humana por negar que viviéramos en el centro del universo. Darse cuenta de esa realidad y asumirla, sin estériles lamentos que no tienen ninguna razón de ser, constituye un requisito ineludible de madurez y responsabilidad en la difícil lucha por la liberación nacional de Andalucía. Lo contrario sería comulgar con la mentira, que suele ser el camino más directo hacia el desastre.

 CATALUÑA

Hoy día 29 de enero del 2001, es la 9ª jornada de huelga de hambre de más de 350 inmigrantes encerrados en la iglesia de Nuestra Mare de Deu del Pí en lucha por el derecho de residencia y de trabajo en el estado español y contra la amenaza de expulsión efectuada por el gobierno del PP sobre más de 150.000 inmigrantes sin papeles en aplicación de la nueva Ley de extranjería, aprobada en su día con el apoyo del partido de la derecha nacionalista catalana CiU, y que contó con la oposición del resto del arco parlamentario, PSOE, IU, PNV, etc.

Cada día que pasa nuevos inmigrantes deciden sumarse a los encierros,  ya son más de 700 los encerrados en siete iglesias.

La solidaridad de los trabajadores/as, de la ciudadanía de Barcelona  ha hecho llegar mantas, colchones, agua, medicinas, dinero  a los inmigrantes en lucha. El viernes día 26 más de 10.000 personas, inmigrantes y autóctonos, se concentraron delante de la Subdelegación del Gobierno central en Barcelona para expresar su apoyo a los objetivos de los inmigrantes en lucha, y se manifestaron hasta la Iglesia del Pi (principal lugar del encierro) finalizando en un mitin que contó con la participación de la cantante Marina Rossell.

Decenas de miles de ciudadanas/os estampan su firma en los pliegos de apoyo a los inmigrantes cuando pasan por los lugares de encierro. Los medios de comunicación, TV, radio y prensa informan regularmente de esta importante movilización.

La Generalitat y el Gobierno central ante el conflicto

La dimensión de esta movilización, que sucede después del accidente mortal en Murcia en el que perecieron 12 inmigrantes ecuatorianos, y de la gran movilización de los inmigrantes de esa región, que ha descubierto a la opinión pública las condiciones de sobreexplotación y semiesclavitud de decenas de miles de inmigrantes, ha movilizado el sentimiento de solidaridad de la ciudadanía, haciendo retroceder momentáneamente los sentimientos racistas y poniendo a la defensiva al gobierno del PP sobre este tema.

El gobierno de la Generalitat de Catalunya, corresponsable por su apoyo a la Ley de Extranjería, tomo la iniciativa de mediar entre los inmigrantes y el gobierno central, comprometiéndose a regularizar una cifra ridícula de solo 3.000 inmigrantes sobre los más de 30.000 que viven en Catalunya. Esta postura fue rechazada por los inmigrantes, negando a la Generalitat credibilidad para mediar al ser parte beligerante y no tener competencias en la materia,  exigiendo por tanto negociaciones directas  con representantes del gobierno central, que si tienen competencias, en aras de encontrar una solución digna y justa al conflicto..

Fruto de la lucha de los inmigrantes y de la simpatía que ha despertado en la ciudadanía solidaria, la Subdelegación de Gobierno se reunía el pasado jueves día 25 con una representación de los  inmigrantes en lucha. En esta primera reunión, apareció un ligero compromiso de la subdelegación para interceder ante el gobierno de Madrid, en el sentido de ampliar los supuestos de regularización. Un pequeño paso, pero insuficiente para satisfacer las demandas de los inmigrantes: Ellos quieren garantías, no promesas.

De momento, las puertas de la negociación siguen abiertas, pero su resultado final dependerá de la firmeza de la lucha de los inmigrantes y de la dimensión que alcance la solidaridad ciudadana.

La lucha de los inmigrantes y la organización de la solidaridad

Los inmigrantes encerrados y en huelga de hambre, proceden de diversos continentes y países: Paquistaníes, indios, bengalíes de Asia; magrebíes y subsaharianos de Africa; rusos, ucranianos, búlgaros, polacos de Europa;  ecuatorianos y latinos.

Desde hace meses, estos colectivos han desarrollado diversos actos de lucha en exigencia del derecho de residencia y trabajo; han permanecido durante semanas  acampados a la intemperie en lugares céntricos y parques de Barcelona; han llamado a todas las puertas en busca de solidaridad. Finalmente, con el apoyo de la organización de solidaridad con los inmigrantes “Papers per a tothom” (Papeles para todos) , del sindicato CGT, de otras organizaciones y personas., estos colectivos de inmigrantes tuvieron unas mínimas condiciones para reunirse y organizarse.

La fecha de inicio de aplicación de la nueva Ley de Extranjería (22 de enero), y la amenaza de expulsión del gobierno del PP a los inmigrantes sin papeles, atemorizó a miles de inmigrantes situándoles al borde de la desesperación. ¿Cómo aceptar sin más, ser deportados a su país, sin nada en las manos, después de haber arriesgado la vida en el paso del estrecho, o de haber quedado endeudado en el país de origen para financiar el viaje? , ¿Cómo presentarse así ante sus familias y deudores?

La adopción por cientos de inmigrantes de una medida de tanta gravedad como es la huelga de hambre, solo puede comprenderse en ese contexto y ante la amenaza efectuada por el gobierno del PP.

Los inmigrantes encerrados, celebran dos asambleas diarias para recibir la información y discutir las acciones y el camino a seguir. Todas las intervenciones son traducidas a los distintos idiomas de los inmigrantes, fundamentalmente inglés, francés, árabe y urdú.

El sábado día 27, tuvo lugar una importante reunión  para organizar la solidaridad. Tras la discusión correspondiente se aprobó convocar  manifestación para el día 4 de febrero, a las 12:00 horas, que tendrá su inicio en la confluencia de Pza.Catalunya/Pº de Gracia/Rda. S.Pedro y que discurrirá por la Via Layetana hasta finalizar delante de la Subdelegación de Gobierno en la Pza. Palau. La manifestación estará encabezada por los inmigrantes en lucha detrás de la pancarta unitaria con los lemas: No a la Ley de Extranjería; Solidaridad con los inmigrantes en lucha. 

Esta decisión, que fue apoyada por un número importante de organizaciones (1) no estuvo exenta de tensiones. En efecto, la posición de una parte de las organizaciones que conforman la “Plataforma por la ciudadanía y la convivencia” de incluir en el Manifiesto público un llamamiento a los inmigrantes para que reconsiderasen la huelga de hambre como condición previa a apoyar las movilizaciones hizo imposible la unanimidad en el apoyo a dicho manifiesto.    No obstante si fue posible la unanimidad a la hora de decidir la convocatoria de una manifestación  para el día 4  en solidaridad con los inmigrantes en lucha y contra la Ley de extranjería. 

Para preparar y coordinar esta manifestación y otras movilizaciones se quedó  en reunirse el lunes día 29, a las 19:00 en los locales de la FAVB (C/.Obradors, nº 6-8, baixos) para organizar la manifestación del domingo día 4.

 Por último,  el pasado  domingo día 28, en la asamblea del medio día  los inmigrantes en lucha acordaron presentar una contrapropuesta en la negociación con  Subdelegación de gobierno. Los inmigrantes en huelga de hambre, encerrados  en las iglesias, quieren una solución, y están dispuestos a negociar una salida justa que les garantice el derecho a residir y trabajar en Catalunya.

Nota (1): Las organizaciones que han expresado su apoyo al manifiesto hasta la fecha son: “Papers per a Tots”, FCIC, UMCEC, Dep. Inmigr. OSOC, Plataforma gent Inmigrant de Badalona, Casa Retruco; Regiduría Drets Civils (Ayuntament Barcelona), FAVB, Marxa Mundial de las Mujeres de Barcelona, Agermanament, RIEBAPUA, Mesa Cívica pels Drets Socials, Fundació INTERMON, Entrepobles, APA sin Fronteras (Ripollet), Comité de suport al MST (Barcelona), ATTAC, Asamblea de Gavá contra la Mundialización; CGT, IAC (USTEC-STEC-CATAC-Sanitat-CAV), CNT-AIT, S.S. CCOO Miniwatt;  Els Verts, ERC, EUiA, CEA (IV Internacional), PSUC-VIU, PRT, Batzac, POSI, LI, Colectiu solidaridad amb la Rebelió Zapatista.

 Argentina

En oportunidad del triunfo electoral de la alianza, sostuvimos que: El acto eleccionario en sí mismo no tiene la capacidad de transformar la realidad social imperante. Su significación se dimensiona cuando el mismo resulta o está acompañado de un proceso de organización y movilización del protagonista o sea cuando él o los sujetos históricos avanzan en sus organismos de deliberación y decisión autónoma antes, durante o después del propio proceso electoral. Si no está acompañado de este protagonismo, el acto del voto no tiene otro significado que un índice indirecto y relativo, sin duda, para medir el nivel de conciencia del o los protagonistas.

Las elecciones en sí mismas no despertaron ni movilización ni entusiasmo, se desenvolvieron en un clima de relativa indiferencia o apatía de la ciudadanía. Más bien se afirmó una desconfianza, de la que dieron cuenta las encuestas y la propia dirigencia partidaria, sobre la posibilidad de obtener una cambio sustancial de la situación imperante en ocasión de las mismas.

LA DESCONFIANZA A LA ALTERNANCIA

La ciudadanía se expresó mayoritariamente por la Alianza, vislumbrando la ocasión de poner fin a diez años de la ofensiva neoliberal, de la ofensiva privatista del gran capital. Pero, al mismo tiempo, manteniendo la desconfianza sobre el instrumento utilizado para este fin. A un año del gobierno de la Alianza, podemos afirmar que la intuición ciudadana, su desconfianza sobre la perspectiva del nuevo gobierno, han sido plenamente justificadas. La política privatista del gran Capital conducida por el gobierno de Carlos Menem se ubicaba en el plano de una ofensiva mundial del Capital y resultaba de una derrota social de los trabajadores y sectores oprimidos frente a este gran Capital. Ese proceso de derrota a escala mundial no ha sido revertido por el triunfo de la alianza.

En todo caso, en las elecciones, los sectores oprimidos y explotados expresaron su hartazgo, su disconformidad con esta política, pero no lograron y no se logra aún hoy revertir las relaciones de fuerza que hicieron posible la ofensiva neoliberal. En este aspecto, el triunfo de la Alianza solo implicó una alternancia de equipos en la administración y gestión de los intereses de Estado. El carácter de la sustitución del menemismo por la Alianza expresa claramente sus límites. Gestionar y administrar el Estado en la relación de fuerzas existente implicaba no solamente la defensa del "modelo" de la con vertibilidad, el peso atado al dólar, sino sobretodo, gestionar y administrar una política de acumulación del Capital, una política de defensa de la cuota de ganancias o sea la defensa de las actuales relaciones sociales.

CONTRADICCIÓN ENTRE EL MANDATO POPULAR Y EL GOBIERNO DE LA ALIANZA

No es cierto que la política de la alianza en el poder este condicionada por la herencia recibida del menemismo, sino lo que realmente la condiciona es su fidelidad a los intereses históricos de los sectores privilegiados, de los sectores dominantes, al orden constituído. Al sostener que su política antipopular está determinada por la herencia de la situación dejada por el menemismo, plantea que las opciones políticas resultan de una fatalidad impuesta por al realidad y no que el mandato político recibido es justamente el de enfrentar y cambiar esa realidad.

En un año de gobierno, la Alianza ha evidenciado la incapacidad de amenguar o paliar las consecuencias desastrosas de la política neoliberal. La desocupación, la marginación, la exclusión social, la precarización y desvalorización de las fuerzas de trabajo continúa y se agrava.

Contrariamente a lo anunciado, el gobierno de la Alianza se presenta como una continuación necesaria y lógica del gobierno menemista. Esto no implica trazar arbitrariamente un signo de igualdad entre el menemismo y el gobierno actual. Las analogías no implican identidad. Su analogía responde en que se apoya en las misma relación social del gobierno menemista. Su diferencia consiste en la composición de las alianzas que los catapultaron al poder. Estas alianzas políticas y sociales en procura de una nueva hegemonía no han concluido y están en proceso constante de reacomodamiento, tanto en los bloques de poder como en las alianzas políticas.

Hoy, la Alianza que se impuso en las elecciones de hace un año, ha cambiado. Ya no es la alianza entre el Frepaso, radicales y algunos sectores de centroizquierda, sino que está siendo desplazada por una nueva Alianza entre el ala derecha más conservadora del radicalismo y los sectores justicialistas desalojados del poder. Esta nueva alianza también en proceso es otra expresión muy clara del desconocimiento de la voluntad popular y de la crisis de representatividad.

El poder real buscó y busca una oportunidad de imponer un Estado más barato, basándose en la realidad de la disminución permanente de la esfera pública en beneficio de los intereses privados de la sociedad civil producto de las privatizaciones. En esta tarea aún no han logrado acuerdos los sectores que responden al capital bancario o financiero y al llamado sector productivo. Aquellos que cifran su expectativa en el desarrollo del ALCA y aquellos otros que cifran sus cálculos en el MERCOSUR. Y este proceso no queda limitado a las aspiraciones de los sectores hegemónicos en el terreno nacional, sino que interviene en este proceso intensamente, el capital mundializado. Lo que introduce elementos de distorsión y confusión creciente entre estos mismos sectores.

LIMITES DE LA LUCHA EN EL SISTEMA

Parte de este proceso es la crisis política desatada con la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez al gobierno y las fisuras que se evidencia en la Alianza entre el Frepaso y radicales.

Pero al margen de los cálculos políticos de Carlos Alvarez con su renuncia al gobierno, este hecho está planteando objetivamente los límites de la lucha en el Estado. Al margen de su interés de diferenciarse del gobierno para mantener su perspectiva para el 2003, de su interés de parar la diáspora que se estaba operando en las propias fuerzas del Frepaso, la renuncia del vicepresidente tiene un significado más profundo. Muestra los límites de la lucha por una nueva orientación política en el Estado.

Para ello, hay que enfrentar la ofensiva neoliberal, combatiendo por cambiar las actuales relaciones de fuerzas sociales que no cambiarán con la política en el Estado sino que se expresaran en el Estado en la medida en que se progrese en la organización de los sectores oprimidos y explotados por sus propias reivindicaciones para expresar su voluntad popular con autonomía de dicho Estado. En la dialéctica histórica de la lucha democrática en el Estado y contra el Estado, en la medida que se estrechan los límites de la esfera pública por las privatizaciones y se gelatiniza el Estado-Nación, el centro del combate se da no en el Estado, sino contra el Estado.

Señalar los límites no implica negar toda posibilidad de cambio y aceptar el fatalismo de una degradación constante de las conquistas. Hay reivindicaciones y objetivos que es posible alcanzar en el Estado y la actual sociedad. Pero que se obtendrán en la medida que se avance en la organización autónoma. Como ejemplo, basta referirnos a la posibilidad de obtener el llamado subsidio de desempleo, que no es sino embrionariamente el principio del salario básico universal o que algunos ideólogos definen como salario básico ciudadano o la defensa del empleo mediante la distribución de las horas de trabajo, reduciendo la jornada, manteniendo la remuneración. Pero aún estas reivindicaciones básicas no resultarán de meras presiones en el Estado, sino mediante la organización independiente, autónoma de oprimidos y explotados, capaces de cuestionar la cuota de ganancias del Capital

LA RESISTENCIA A LA POLÍTICA DE LA ALIANZA

Las reservas y desconfianza con que la ciudadanía votó a la alianza para desembarazarse del menemismo obtiene su más amplia confirmación frente a las medidas tomadas por el gobierno que profundiza la línea del menemismo. Esta desconfianza culmina con la gran marcha organizada por la CTA y con tres huelgas generales realizadas en el primer año de gobierno. Adquiriendo la última huelga general un grado de acatamiento contundente, obligando a la CGT oficialista a plegarse al paro.

Con estas movilizaciones, la población oprimida, explotada reafirma la voluntad de cambio expresada en las elecciones de hace un año. Y no confía en los organismos institucionales de poder, que ponen a luz todas sus limitaciones y su crisis de representatividad. Pero es necesario precisar el sentido y carácter de estas movilizaciones. Al respecto, sería abusivo extraer de ellas y de su generalización, extensión y profundidad la conclusión de que se avanza hacia una nueva relación de fuerzas, o que se ha operado un punto de inflexión que marque el comienzo de la recuperación de los trabajadores para pasar a la contraofensiva.

Sin subestimar su significación, no debemos confundir hartazgo con conciencia. Y decimos esto por dos elementos fundamentales: 1) que la reivindicación de los piqueteros y cortes de ruta se limitan a obtener un magro, precario y temporal salario llamado plan Trabajar, que ni siquiera alcanza a la subsistencia básica, y 2) que los objetivos de la huelga son aún defensivos y tendientes a obtener de las instituciones que atiendan sus reclamos. O sea una lucha en el sistema, presionando al sistema, sin comprender ni denunciar las bases mismas de la situación, las bases de la crisis.

Pero además de ello, lo contradictorio y lo paradojal es que la voluntad popular se exprese a través o utilizando organismos sindicales que también sufren los efectos de la crisis de representatividad, que también están cuestionados, con independencia del carácter burocrático de sus direcciones. Los sindicatos, incorporados al sistema, y funcionales a él han perdido su credibilidad por varias razones y la primera de ellas es por la política de
sus direcciones burocráticas, comprometidas a intereses del sistema, como parte del poder.

Y además, como efecto o consecuencia de la política neoliberal. Según las estadísticas oficiales de las fuerzas vivas del trabajo, un gran porcentaje, no menos del 15 % ha sido marginado o excluido, otro gran porcentaje se desenvuelve en trabajos precarios, y más del 50 % trabaja en negro, o sea en la relación de producción informal. Sólo una parte minoritaria que se estima en un 30 % de las fuerzas vivas del trabajo mantiene la conquista del empleo formal, legal. Y son aquellos que constituyen las bases sindicales. Los principales gremios del país como metalúrgicos y textiles o ferroviarios han achicado enormemente su base social. La mayoría de las fuerzas del trabajo no puede legalmente ni en la realidad integrar los organismos sindicales. La pérdida de fuerza y credibilidad también responde a esta base material. Pero además, aún con el carácter contundente de la huelga, las direcciones de las tres centrales actuaron verticalmente.

Si bien recogen la indignación popular ante el curso de la política del gobierno de la Alianza, no han hecho un llamado ni organizado la participación activa de la ya menguadas bases sindicales. No han convocado a asambleas ni organizado formas deliberativas para que sean las propias bases los protagonistas quienes decidan los objetivos, la formas y los alcances de la movilización. En tal sentido, las direcciones han contribuido a limitar la lucha en el sistema. Ello se expresa que aunque hubo unidad de acción contra la política del gobierno, los objetivos de las tres centrales son diferentes y hasta contradictorias. La CGT oficial utiliza la movilización para defender los privilegios que le quedan de la vieja burocracia sindical y entre ellos, su ubicación en los resortes del poder. La CGT rebelde, mientras se apoya en el repudio popular a la vieja burocracia, pretende reconstituir las bases de la Alianza entre los llamados sectores productivos del Capital, la Pastoral social de la Iglesia y los trabajadores, o sea un neoperonismo que alienta su perspectiva ya no sólo en el terreno nacional, sino en la ampliación del mercado en el MERCOSUR. Y la CTA que mientras progresa en la definición de un curso independiente del Capital, aún se mueve en un terreno ambigüo de forzar alianzas con sectores del gobierno de Turno.

LOS SINDICATOS Y LOS PAROS.

Sin embargo, a pesar de su debilitamiento orgánico, las últimas movilizaciones y sobre todo el último paro general ha logrado una adhesión contundente. Se estima que el último paro es el más importante de los últimos diez años. No acompañaron a la huelga solamente los trabajadores en relación de trabajo o de empleo asalariado estable, sino el conjunto de la población explotada y oprimida.

Esto caracteriza a los paros como paros políticos o sea la decisión de imponer el cambio que votaron. Esto tiene sus límites que están dados no solamente por los instrumentos de expresión -los sindicatos vaciados de contenido- sino por a naturaleza de la lucha en el sistema y no contra el sistema, pretendiendo una más justa distribución de la riqueza u otro criterio de distribución de la riqueza, manteniendo la vigencia de las actuales relaciones sociales. Es posible, que ante la contundencia de la manifestación colectiva, el gobierno realice algunos retoques cosméticos para descomprimir la presión social. Pero la realidad de fondo seguirá planteada. Lo que coloca a las direcciones sindicales ante un desafío: llamar a nuevos paros, hacer del paro método permanente de combate o avanzar hacia otras soluciones.

Sin embargo, aún con sus límites, y aún sabiendo que no es posible mantener el paro como sistema permanente, la intervención masiva de los protagonistas contribuye a afirmar su rol protagónico y puede apurar la conclusión de la necesidad de nuevos instrumentos de combate, o sea nuevas formas de representatividad, de organismos de deliberación y decisión.

Es que la realidad ya avanza sobre las conclusiones producto de la ofensiva a neoliberal. Si los trabajadores en situación de empleo estable, organizado sindicalmente, sólo alcanzan al 30 % de las fuerzas vivas de trabajo, la desocupación estructural ya alcanza al 15 % y el resto se desenvuelve en trabajo en negro o marginados, el combate o la huelga ya no puede darse solamente como en la fase anterior contra el despotismo industrial y por mejores condiciones de trabajo, sino que responde a una realidad nueva: la huelga como instrumento del trabajador asalariado y el corte de ruta o piqueteros como lucha contra la circulación de la riqueza. Hay una nueva composición de clase. La clase trabajadora tradicional y la subclase de marginados y excluídos de la sociedad.

La limitación del paro consiste en que es un combate por reinserción en la sociedad, del excluído. La existencia de esta subclase, del excluído, plantea un nuevo desafío. Ya no es al huelga por condiciones de trabajo en el empleo, sino la defensa del derecho a la vida y a la existencia, haya empleo o sin él. Por ello, mientras el trabajador empleado enfrenta a su patrón, el trabajador excluído no tiene patrón y enfrenta al Estado. De allí, que este paro contundente tiene el carácter de reivindicar no una cuestión corporativa, sino el derecho ciudadano.

Al defender su voluntad popular, en un caso o a defender su derecho a la existencia, en el otro. Por eso, también, en el último paro general, se incorpora por parte de los sindicatos, la experiencia de los piqueteros. Ya no sólo en corte de Rutas, sin en corte de calles o de avenidas. Ya no es la lucha del trabajador en su relación de empleo, sino del trabajador ciudadano, adueñándose de la ciudad, mostrando la vigencia del nuevo protagonista y la incorporación de nuevos métodos de lucha. 

La huelga, el paro es una conquista histórica de los trabajadores en el régimen capitalista. Es insuficiente para los que han sido excluídos del régimen. La incorporación de los piqueteros, su método de combate y su antagonismo al Estado plantea la respuesta a una nueva realidad. La adopción por el trabajador empleado de métodos de combate del excluído constituye un progreso, por ahora, de métodos de lucha, pero nos plantea la necesidad de avanzar hacia nuevos objetivos.

HACIA LA AUTONOMÍA DEL MOVIMIENTO

La CTA, una de las centrales sindicales en lucha, ha avanzado la idea de un plebiscito nacional para resolver la adopción del subsidio nacional de desempleo y del subsidio por hijo. Comprende además el cambio operado en la composición de las fuerzas del trabajo y avanza hacia la definición de un nuevo tipo de sindicatos. Ya no el tradicional, organismo de lucha contra el despotismo industrial y la defensa del valor de la fuerza de trabajo, sino como un instrumento que organice al trab ajador con empleo y al trabajador sin él. Es lo que ha dado en llamar las federaciones.Por ejemplo, la de tierra y vivienda, la de industria o de la salud, nucleando en ella a los sectores marginales o excluídos. Claro que mantienen la confusión entre empleo y trabajo.

Esta propuesta hecha en la plaza del Congreso, al culminar la gran marcha de la CTA, de que si el gobierno no vota, el subsidio de desempleo y el subsidio por hijo a todo trabajador empleado o desocupado, y no reglamenta el plebiscito consagrado en la Constitución Nacional, la CTA convocará a este plebiscito. No sabemos si los autores de tamaña propuesta son concientes de su alcance. Para nosotros tiene una gran significación que no es otra que recuperar para el pueblo sus derechos soberanos. Quien decide, cómo decide y cuándo decide. Esta iniciativa debe ser abrazada por todos/as ciudadanos/as y particularmente por quienes se reclaman de la izquierda política y social.

No podemos afirmar tampoco su éxito, pero sí podemos afirmar que es una base cierta para avanzar en recuperar la soberanía popular expropiada y avanzar en la organización de un nuevo tejido social. No es un simple llamado a un plebiscito, es la afirmación de la autonomía social frente a una crisis política. Si queda sólo en una formulación general o en una sola expresión de deseos se desdibujaría y podría conducir a una nueva frustración. El plebiscito que convoca la CTA es una respuesta a la crisis de representatividad y a la crisis de las instituciones existentes. Es un avance en el camino de superar la escisión existente entre el derecho genérico del ciudadano político, con el ser social real. Puede significar un avance y desenvolver la democracia social por sobre la formulación política abstracta, es decir hacer del ciudadano/na política el ciudadano/a social.

¿No es acaso la ocasión de levantar junto a la CTA, la bandera de un plebiscito tendiente a generar su experiencia hacia una nueva forma de expresión y de ejercicio de la soberanía, de las o los ciudadanos, trabajadores o excluídos? ¿No es la ocasión de avanzar hacia la constitución de nuevos organismos de deliberación y decisión que reemplacen a los que están en crisis, sin delegación alguna?.

Para ello,¿no es acaso la ocasión de llevar la expresión de la voluntad popular a la vida social concreta, en los lugares de trabajo, oficinas, fábricas, barrios, clubes, universidades, escuelas, hospitales, centros de jubilados, organizaciones feministas, ecologistas, etc.? ¿No será acaso la ocasión de enarbolar la bandera de una democracia social ante la ficción genérica del ciudadano político?¿ No será la ocasión para avanzar a ganar a la causa de explotados, oprimidos y excluídos a otros sectores sociales asqueados ante la visión de la crisis?. ¿No será acaso la ocasión de pasar de la "organización de la desconfianza" hacia las actuales organizaciones políticas e institucionales en crisis, a "organizar la confianza" en las fuerzas autónomas de los verdaderos protagonistas sociales?. ¿No será la ocasión para alcanzar la unidad de acción de los protagonistas, con prescindencia del convocante? Muchas veces, prisioneros de viejos esquemas, hemos perdido la oportunidad de recoger de la realidad las oportunidades ofrecidas.

Estas movilizaciones y estas iniciativas aun en su desarrollo contradictorio están planteando objetivamente la autonomía de oprimidos y explotados y prepara las condiciones para avanzar en la solución de la crisis social global, o sea avanzar hacia un nuevo régimen de relaciones sociales, uno de cuyos elementos básicos será la emancipación del trabajo. Tarea larga y dificil, pero condición para superar la lucha defensiva y entrar a la ofensiva, que sólo se concretará cuando los sujetos sociales enarbolen una alternativa de una nueva civilización, que para ser tal debe basarse en la emancipación del trabajo alienado.

Buenos Aires, 12/12/00

* Angel L. Fanjul. Militante marxista y del movimiento sindical, colaborador
en diversas publicaciones de la izquierda argentina. Autor entre otras obras
de "Paradojas de la Globalización", Ediciones Foro de Debate Socialista.
Buenos Aires, julio 1999

 Chile

Guzmán sentará en el banquillo al ex dictador como "autor inductor" de la 'caravana de la muerte'

ROBERTO AMARO, Santiago El País
El ex dictador chileno Augusto Pinochet ha sido sometido a proceso criminal y, por tanto, desde ayer debía permanecer en arresto domiciliario por su responsabilidad como "autor inductor" del homicidio calificado de 57 opositores políticos y el secuestro de otros 18 al paso de la caravana de la muerte que recorrió el país entre septiembre y octubre de 1973 al mando de su general "delegado" Sergio Arellano Stark. La resolución se oficializó ayer en la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones. La decisión del juez Juan Guzmán se convierte así en la peor derrota judicial que ha afrontado el octogenario Pinochet desde que hace más de tres años se presentara en los tribunales de justicia chilenos la primera de las actuales 215 querellas que acumula el magistrado contra él.

Por la mañana, y tras algunas gestiones de los abogados que representan a las víctimas, éstos anunciaron en el pasillo del Palacio de los Tribunales que fuentes solventes confirmaban que Guzmán había dictado ya el procesamiento de Pinochet y su inmediato arresto domiciliario, lo que provocó un estallido de júbilo entre los familiares de desaparecidos y ejecutados políticos que comenzaban a reunirse en el lugar. Por la tarde, los abogados querellantes pudieron leer la resolución del juez Guzmán, que en lo esencial acogió su solicitud de someterlo a proceso en calidad de "autor inductor" de los 57 homicidios y 18 secuestros, y desechar la propuesta de la defensa de sobreseer al acusado por la demencia vascular progresiva que le fue detectada en los exámenes psiquiátricos y neurológicos.

En parte importante de sus fundamentos, Guzmán detalla que no ha lugar al sobreseimiento porque la conclusión que él obtuvo de los informes periciales es que Pinochet padece de una "demencia de leve a moderada", y que, si bien esto provocaba que su imputabilidad estuviese disminuida, no por ello queda inhibida. De esta forma Guzmán acoge el informe independiente que le hizo el perito médico de los querellantes, quien acusó a la subdirectora del Instituto Médico Legal de modificar las conclusiones del equipo médico.

En todo caso, lo más sorprendente de la resolución de Guzmán es la orden de que Pinochet sea notificado de inmediato de su procesamiento y en acto paralelo disponer su arresto domiciliario. El juez Guzmán tenía la posibilidad procesal de esperar hasta que se agotaran todas las apelaciones a su decisión ante cortes superiores para dictar el arresto. A última hora de anoche dicha gestión aún no se había concretado.

El ex jefe militar recibió la noticia en su residencia costera de Los Boldos, en las cercanías de Bucalemu, a unos 200 kilómetros de Santiago, hasta donde llegó la tarde del sábado después de ser dado de alta del hospital Militar, donde estuvo internado por un nuevo infarto cerebral sufrido el viernes. La defensa del general pretende que el arresto domiciliario sea en la residencia costera y no en Santiago.

En medio de la algarabía de los familiares de las víctimas, el abogado Hugo Gutiérrez dijo sentirse lleno de alegría no sólo por los miles de desaparecidos que hoy obtienen justicia, "sino también por nuestro proceso de transición a la democracia, porque no es posible que ésta esté inspirada en un criminal como Pinochet".

Junto a él, la presidenta de los familiares de detenidos desaparecidos, Viviana Díaz, profundamente emocionada, recordó los años de espera. "Lo que parecía increíble se hace realidad. Esto es el resultado de una lucha de 27 años porque estos crímenes no quedaran impunes. Pinochet responderá ante la justicia", dijo Viviana Díaz.

Paralelamente se produjeron las primeras reacciones políticas desde el ámbito de la izquierda chilena. La secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, aseguró que se trata de "un resultado maravilloso de tantos años de esfuerzo. Los intocables no existen si la gente hace de ello una causa colectiva". Mientras, el presidente del Partido Socialista, el senador Ricardo Núñez, dijo que "una sonrisa recorre al mundo socialista porque a partir de hoy ni mis nietos ni mis bisnietos sufrirán lo que sufrieron nuestras generaciones".

Hay que recordar que el pasado 1 de diciembre Guzmán ya había sometido a proceso criminal a Pinochet, pero esta decisión fue anulada por la Corte Suprema por no cumplirse con la formalidad de que se escuchara al acusado. Es decir, desde esa fecha el juez estaba convencido de que los hechos criminales están acreditados en el procedimiento y que existen presunciones fundadas, múltiples y graves, que acreditan la participación de Pinochet como "autor inductor" en estos crímenes.

Órdenes directas de Pinochet

Guzmán llega a esta conclusión sobre la base de dos pruebas esenciales. La primera es que al mando de la caravana de la muerte iba su "general delegado", y en un país que estaba bajo Estado administrativo de guerra era imposible que éste cometiera estos crímenes sin las órdenes directas de Pinochet. La segunda prueba de culpabilidad es que, a pesar de conocer los hechos, no adoptó ninguna medida correctiva, sino que premió y ascendió a todos y cada uno de los integrantes de la comitiva militar. La tercera y principal prueba que tiene Guzmán contra Pinochet es la declaración del general Joaquín Lagos Osorio, quien aportó un oficio por el cual le informa a Pinochet del nombre de las víctimas de Arellano, oficio que fue alterado por el propio Pinochet para encubrir los crímenes.

El autor inductor es quien dentro de una estructura de poder imparte las órdenes de cometer un delito, que es ejecutado materialmente por un subordinado. Es decir, sin Pinochet no se hubiesen cometido estos crímenes.

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