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Juan
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* El Estado español ilegaliza a Batasuna, Andalucía
Libre
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Las fuerzas políticas ante la ilegalización de
Batasuna, Andalucía
Libre
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Andalucía
Libre
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Palestina, Directorio,
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Euskadi:
El Estado español ilegaliza
a Batasuna
Opinión
La Ley
partidista
Luis Alegre, Profesor
Policia autónoma vasca clausura sede nacional de
Batasuna
Para realizar un breve comentario de la Ley
Orgánica de Partidos Políticos, supongo que lo normal sería empezar demostrando
que se trata de una ley que no está pensada para regular la constitución,
inscripción y funcionamiento de los partidos políticos en general sino, por el
contrario, para ilegalizar un (al menos por ahora) partido concreto. Lo lógico
sería que un artículo crítico como éste comenzase intentando demostrar con
cierto rigor que la ley podría haberse llamado Ley de Ilegalización de Batasuna;
que podría haber contado con un único artículo: «Batasuna debe ser declarada
ilegal». Evidentemente, la ilegalización seguiría correspondiendo en cualquier
caso al poder judicial, que tendría que decidir si el caso concreto a juzgar se
corresponde con el tipo que establece la ley (es decir, juzgar si Batasuna es
Batasuna). Lo lógico, como digo, sería comenzar un artículo como éste intentando
demostrar que se trata de una ley «de caso», de una ley que está a punto de
introducir nombres propios en su redacción, de una ley que es más bien una
condena, de una ley que localiza primero al «delincuente» y sólo después
comienza con grandes dificultades a inventarse algún delito del que poder
acusarle. Sin embargo, toda esta parte de la argumentación nos la podemos
ahorrar por la sencilla razón de que... ¡no han intentado siquiera ocultarlo en
ningún caso!. Siendo esto así, lo primero que llama la atención es la necesidad
misma de la ley. Es decir, el hecho mismo de que se necesite establecer, por
medio de una Ley de Partidos, un procedimiento judicial de ilegalización
distinto del que se prevé en el Código Penal es prueba de que los procedimientos
recogidos en este código no son suficientes para llevar la ilegalización a cabo.
La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué dice el Código
Penal?:
"Artículo 515. Son punibles las asociaciones
ilícitas, teniendo tal consideración:
1º Las que tengan por objeto cometer algún delito o,
después de constituidas, promuevan su comisión.
2º Las bandas armadas, organizaciones o grupos
terroristas.
3º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito,
empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su
consecución.
4º Las organizaciones de carácter
paramilitar.
5º Las que promuevan la discriminación, el odio o la
violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología,
religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a
una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar,
enfermedad o minusvalía, o inciten a ello.
6º Las que promuevan el tráfico ilegal de
personas"
Pues bien, resulta que el hecho mismo de la Ley de
Partidos, su mera existencia, implica el reconocimiento de que Batasuna no sólo
no es una organización paramilitar o terrorista, sino que tampoco emplea medios
violentos, ni promueve la discriminación, el odio o la violencia ni, en
definitiva, tiene por objeto cometer ningún delito. Resulta evidente que si
Batasuna tuviese por objeto cometer algún delito o promoviese su comisión, no
haría en absoluto ninguna falta elaborar una nueva Ley Orgánica de Partidos sino
que, por el contrario, bastaría el Código Penal para declararla asociación
ilícita. Pero claro, el otro lado de esta afirmación es que, por lo tanto, la
Ley Orgánica de Partidos Políticos está pensada para ilegalizar organizaciones
¡que no cometen ningún delito!. Evidentemente, cabría también plantear que quizá
el Código Penal contenga lagunas o carencias importantes de tal forma que no
recoja como delictivas determinadas conductas que fueran, de todos modos,
absolutamente intolerables desde el punto de vista de un sistema de
derecho.
Con esto se nos plantea una segunda pregunta: en
vez de hacer una nueva ley que ha contado con el rechazo de la mayoría social y
política del ámbito en el que se va a aplicar, ¿por qué no han preferido la vía
mucho menos grave de, modificando el Código Penal, tipificar como delito aquello
que Batasuna promueve?. Es decir, resultaría más fácil limitarse a tipificar
como delito aquello que Batasuna promueva y que resulte intolerable y, hecho
esto, podría ser declarada asociación ilícita. Ahora bien, si no lo hacen así,
parece razonable pensar que es porque no resultaría ni más fácil ni menos grave.
Esto nos conduce a pensar que los motivos de la ilegalización, aquello que
consideran intolerable de Batasuna, es tal que no soporta de ningún modo ser
incluido en un código penal. Es decir, probablemente tendrían que introducir
como conducta delictiva (en vez de limitarse a enjuiciarlo moralmente) cosas del
tipo «guardar silencio» tras un atentado o «comprender el problema político en
el que se enmarca el conflicto armado».
En cualquier caso, podemos sospechar que para
incluir estos elementos como motivo de ilegalización incluso en la Ley de
partidos, hará falta una redacción bastante vaga y, en ocasiones,
desconcertante. En este sentido, por ejemplo, establece como uno de los motivos
de ilegalización «dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando
las acciones terroristas (...) o exculpando y minimizando su significado».
Resulta inevitable preguntarse qué significa «minimizar tácitamente» el
significado de una acción terrorista. Hay motivos para pensar que se refieren a
las situaciones en que Batasuna guarda silencio. También cabe preguntarse qué
significa «legitimar tácitamente» y también hay motivos para pensar que se
refieren a todo intento de contextualizar el conflicto armado en el seno de un
conflicto político.
Por último, la pregunta más desconcertante: ¿Qué
puede significar exculpar expresa o tácitamente? Evidentemente, exculpar
(absolver, declarar libre de culpas, o de pecados) no es algo que corresponda en
absoluto a los partidos (suponemos que no estarán pensando en la Iglesia por sus
pastorales o en el Tribunal Supremo por el caso Otegi, aunque estando las cosas
como están, no sé siquiera si podríamos sorprendernos).
Otro motivo de ilegalización es, por ejemplo,
«complementar políticamente» la acción de organizaciones terroristas. No deja de
resultar curioso cómo piensan el asunto. Ante un problema político histórico que
ha degenerado en un conflicto armado (encabezado por una banda inequívocamente
terrorista), consideran la cuestión política un «complemento» a la actividad
armada. Ninguna persona de bien puede dudar de que «complementar» la acción de
organizaciones terroristas proporcionando armas, información o refugio es una
actividad que debe ser perseguida por la justicia. Sin embargo, se reconocerá
que «complementar políticamente» es una cuestión bastante más complicada. Si
tanto ETA como una organización política defienden la independencia, es
indiscutible que todo el trabajo de difusión o discusión en favor de la misma
(algo enteramente legítimo) no puede sino considerarse en algún respecto un
«complemento político». Quizá pueda argumentarse que no tienen intención de
emprender ninguna ilegalización salvo que puedan encontrar vínculos más allá de
eso. Sin embargo, si queremos defender un sistema de garantías, debemos
desentendernos de cuáles puedan ser sus intenciones y preocuparnos sólo de lo
que la ley permite.
En cualquier caso, lo que más llama la atención,
más que la propia ley, es la pasividad con la que la han encarado las
organizaciones de izquierdas, que quizá no tarden en ser también ilegalizadas
(no por pertenecer, claro está, a ETA o a su entorno, pero quizá sí a las
cercanías del entorno o, si no, a las proximidades de esas cercanías, o por
haber pasado por allí). Es posible que esta campaña de recorte de derechos
civiles tenga su justificación. Es posible que la única forma de conseguir que
los violentos no acaben con nuestro sistema de libertades sea asegurarse de que
acaban con él antes los demócratas. Pero no es posible negar que el recorte de
libertades se está produciendo y que no parece tener ninguna intención de
pararse solo.
Cada vez es menor
el nivel de violencia que te convierte en violento y mayor el nivel de represión
que te convierte en demócrata. En esta dirección hemos sufrido una tremenda
derrota: hemos tenido miedo a que se nos acuse de violentos ¡por defender una de
las libertades fundamentales recogidas en la Constitución!. Puede que estemos
más en un momento de resistencia que de ofensiva, pero si es así, por lo menos
resistamos.
Opinión
La vía penal de ilegalización de
Batasuna
Javier PÉREZ
ROYO*
EL PAIS
En el mundo del derecho se puede discutir casi todo,
pero no todo. Y una de las cosas indiscutibles es que la vía penal es una vía
constitucionalmente adecuada para poner fuera de la ley a un partido político.
'Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito
son ilegales', dice de manera lapidaria el artículo 22.2 de la Constitución.
En consecuencia, no hay en principio nada que objetar a que se haga uso de esa
vía para poner fuera de la ley a Batasuna. Al contrario. Si se puede hacer uso
de ella, debe hacerse uso, dejando de lado cualquier criterio de oportunidad
política, en el que los jueces no deben entrar.
Ahora bien, el que esta sea la vía constitucionalmente
adecuada no quiere decir que se la pueda recorrer de cualquier manera. La
Constitución remite a la legislación penal porque es la que da más garantías a
los ciudadanos en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades
públicas. Únicamente lo que la sociedad a través del Código Penal considera
como constitutivo de delito se convierte en límite en el ejercicio del derecho
de asociación, límite que tiene que ser verificado en un proceso penal con
todas las garantías que la Constitución reconoce en este tipo de
procesos.
La vía penal para poner fuera de la ley a un partido
político ha sido desarrollada por el Código Penal en el Título XXI, que
contempla los 'Delitos contra la Constitución'. En la sección 1ª del capítulo
IV se tipifican los 'delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución'
y en dicha sección se ubican los artículos 515 y 520. En el primero se
declaran 'punibles las asociaciones ilícitas', mencionándose expresamente en
el nº 2 'las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas'. En el
segundo, a través de la remisión al artículo 129, se contempla la posibilidad
de que se acuerde la disolución de la asociación ilícita así como que se pueda
adoptar por el juez instructor la medida cautelar de suspender temporalmente
sus actividades con un plazo temporal máximo de cinco años.
De la lectura de dichos artículos puede extraerse la
conclusión de que el juez Baltasar Garzón, al dictar el pasado lunes el auto
por el que acordaba la suspensión temporal de las actividades de Batasuna,
estaba limitándose a la aplicación estricta de la ley. Así parece entenderlo
él mismo y el ministerio fiscal, que menciona en su informe expresamente ambos
artículos como fundamento jurídico de la posible decisión del juez.
Pero esa conclusión no es correcta. En la decisión del
juez Garzón hay una apariencia de juridicidad, pero nada más que una
apariencia. A nada que se lee el auto con detenimiento, se observa que la
decisión adoptada por el juez no tiene cobertura legal. Es un caso claro de
sustitución de la voluntad del legislador por la del propio juez, que se
inventa una manera de proceder que no está prevista en la ley. Contra Batasuna
se puede y se debe proceder penalmente, pero no se puede proceder de la forma
en que lo ha hecho el juez de instrucción de la Audiencia Nacional.
Y
no se puede, porque la suspensión cautelar de un partido sólo puede acordarse
en el curso de la instrucción de un proceso penal contra los dirigentes que
tienen estatutariamente la facultad de constituir la voluntad del partido, y
no en el curso de la instrucción contra cualquier miembro del partido. En un
proceso en el que estuvieran imputados los miembros de la Mesa Nacional de
Batasuna sería perfectamente posible adoptar la medida cautelar que se ha
adoptado. Pero en los procesos que está instruyendo el juez Garzón, en los que
no está imputado ningún dirigente de Batasuna, esa medida carece de cobertura
legal.
El propio juez instructor es consciente de que no
puede actuar de esa manera y de ahí que en la página 347 del auto incluya un
párrafo en el que intenta poner la venda antes de la herida. Después de
indicar que la medida se adopta porque Batasuna es ETA, añade: 'Por ello,
al margen de la responsabilidad de los militantes, que no
necesariamente tiene por qué existir, o la de los dirigentes, la cual es
más que probable que concurra y deberá valorarse a través de la
correspondiente imputación en función de las fechas, cargos y actividades
desarrolladas por cada uno [cursiva mía], el órgano judicial instructor, una
vez cuenta con los elementos suficientes, tiene el deber inexcusable de
adoptar todas las medidas cautelares...'.
¿Cómo 'al margen de la responsabilidad... de los
dirigentes'?. La responsabilidad penal de los dirigentes del partido es el
presupuesto de hecho inexcusable para que se pueda adoptar una medida cautelar
como la que se ha adoptado. Únicamente quienes tienen estatutariamente la
facultad de constituir la voluntad del partido, pueden acarrear con su
conducta delictiva una consecuencia tan grave como es la suspensión de toda la
actividad del partido por un plazo en principio de tres años. La conducta
delictiva de cualquier miembro de un partido no puede ser la causa de una
medida cautelar de esta naturaleza. En ningún caso. Ni en el de Batasuna ni en
el de ningún otro.
El auto del juez Garzón es el mundo al revés. Empieza
investigando la conducta delictiva de unos ciudadanos que no ocupan ninguna
posición directiva en Batasuna. Solicita y recibe un informe de la Guardia
Civil en el que no se contiene referencia alguna a los ciudadanos cuya
conducta está investigando, pero en el que se afirma que Batasuna es ETA. Con
dicho informe adopta la medida de suspensión cautelar de Batasuna, al margen
de la responsabilidad penal de los dirigentes. Y a continuación dispone que se
curse oficio a la UCI para que se determine quienes han sido y son miembros de
la Mesa Nacional y quienes de ellos ocupan cargos públicos y pueden estar
aforados, con la finalidad, se supone, de que se pueda proceder penalmente
contra ellos.
Dicho en pocas palabras: en un proceso en el que no se
puede llegar en ningún caso a la conclusión de que Batasuna es ETA, porque la
conducta delictiva de los ciudadanos que se está investigando no puede
comprometer nunca al partido en su conjunto, se acaba alcanzando dicha
conclusión, para proceder a la suspensión del partido y abrir la vía a la
posible imputación penal de sus dirigentes y, eventualmente, de todos sus
miembros.
En la persecución de Batasuna se está cancelando el
sistema de división de poderes de la Constitución. Contra Batasuna está
empezando a valer todo. Desde medidas legislativas de constitucionalidad más
que dudosa hasta autos judiciales, que más que decisiones de un poder
independiente del Estado, parecen escritos de un funcionario del Ministerio
del Interior. Contra Batasuna ¿el fin sí justifica los medios?.
*Javier Pérez Royo es catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
[Mio Cid y Babieca a
la ReConquista del
Norte]
Tasio,
GARA
Dirección equivocada
Javier PÉREZ
ROYO*
EL PAIS - Viernes, 6 de septiembre de 2002
La decisión del consejero de Justicia del Gobierno
vasco de dirigirse al CGPJ solicitando amparo frente al auto del juez Garzón
constituye un error de bulto. El CGPJ no puede corregir una decisión adoptada
por un juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, porque es un órgano
de gobierno del poder judicial, pero no es un órgano jurisdiccional. El CGPJ
no ejerce ni puede ejercer función jurisdiccional alguna y, en consecuencia,
no puede decir absolutamente nada sobre si la decisión de un juez en el
ejercicio de la función jurisdiccional, repito, es 'correcta y está ajustada a
derecho' o no lo está.
Lo único que puede hacer el CGPJ, si entiende que la
conducta de un juez es constitutiva de una falta, es ordenar la apertura de un
expediente disciplinario e imponer, en su caso, la sanción correspondiente.
Sancionar disciplinariamente a un juez entra en las competencias del CGPJ.
Corregir la fundamentación jurídica de las decisiones de un juez le está
expresamente prohibido. El escrito del consejero vasco tiene que ser rechazado
de plano por el CGPJ. No puede entrar siquiera a tomarlo en
consideración.
No es, por tanto, al CGPJ al que el consejero vasco
tiene que dirigirse. Si el consejero vasco no está de acuerdo con la
fundamentación jurídica del auto del juez Garzón, es al Tribunal Supremo al
que tiene que dirigirse formulando una querella por prevaricación contra el
juez. Y tiene que dirigirse al Tribunal Supremo porque al auto del juez Garzón
lo que se le puede reprochar es que es un ejercicio de prevaricación. Y lo es
porque la vía penal que ha puesto en marcha no es la vía del Código Penal,
sino que es la vía del juez Garzón. No es la voluntad del legislador la que se
ha hecho valer a través del auto, sino que lo que el juez ha hecho valer es la
suya propia. En la suspensión de Batasuna, el juez ha sustituido la voluntad
general por su voluntad particular. Al hacerlo, no solamente no ha aplicado la
ley, sino que ha vulnerado, además, de paso, buena parte de las garantías
constitucionales reconocidas en el artículo 24 de la Constitución. Y en esto,
justamente, es en lo que consiste el delito de
prevaricación.
Si el Gobierno vasco quiere poner orden en la
confusión que el juez Garzón está introduciendo en este asunto, es ésta la vía
que tiene que seguir. El Gobierno vasco tiene todo el derecho a denunciar que
la conducta del juez en el ejercicio de su función jurisdiccional ha sido
constitutiva de delito. Más aún. El Gobierno vasco, después de haber ejecutado
el auto, no solamente tiene el derecho, sino que tiene toda la legitimidad del
mundo para reaccionar frente al mismo, en la medida en que se trata de una
decisión judicial que no está fundamentada en derecho, sino que es el
resultado del capricho personal de un juez. Un Gobierno democráticamente
constituido se está viendo obligado a ejecutar un auto que carece de
fundamentación jurídica. (De la providencia dictada por el juez el 2 de
septiembre aclaratoria del auto prohibiendo genéricamente el ejercicio del
derecho de manifestación ya ni hablo, porque es puro esperpento). No tiene por
qué consentirlo.
Pedagógicamente sería, además, muy importante que el
Gobierno vasco obligara al juez Garzón a tener que justificar ante el Tribunal
Supremo cuál es la interpretación del Código Penal conforme a la Constitución
con base en la cual ha dictado el auto por el que acordó la suspensión de
Batasuna. ¿A ver cómo justifica el juez Garzón jurídicamente su manera de
proceder? Éste sí que sería un servicio que el Gobierno vasco podría prestar
al Estado de derecho. Obligar a discutir, no en los medios de comunicación,
sino ante el Tribunal Supremo, la fundamentación jurídica de una decisión que
está teniendo la transcendencia que está teniendo en la convivencia en el País
Vasco en particular, aunque también en España. Por ese camino sí puede
transitar el Gobierno vasco, pero no por el que ha elegido. La vía del CGPJ es
un callejón sin salida. Si el consejero de Justicia quiere 'poner fin a la
confusión que han generado las últimas actuaciones del juez Baltasar Garzón',
no es al CGPJ al que tiene que dirigirse, sino al Tribunal
Supremo.
Enlaces: el
Arsenal político-jurídico del Estado español
ENTREVISTA - Arnaldo Otegi,
parlamentario
independentista:
"No
es Batasuna lo que no cabe en la democracia española, es el pueblo
vasco"
Protesta en Sede de Batasuna en
Durango
Arnaldo Otegi, parlamentario electo por Batasuna, valora
que las últimas medidas aplicadas contra la formación abertzale demuestran que
«el pueblo vasco no cabe en la democracia española». Asegura compartir con
Joseba Egibar la apreciación de que el proceso de soberanía se está acelerando,
aunque matiza que «es así a pesar del PNV» y advierte a la sociedad vasca que en
este momento histórico «hay que valorar lo que se hace, no lo que se
dice».
Hasta el
pasado lunes actuaba como portavoz de la Mesa Nacional de Batasuna. El viernes
respondió a las preguntas de esta entrevista a título personal y como
parlamentario en la Cámara de Gasteiz. Ello no obedece a un desdoblamiento de
personalidad ni a un criterio periodístico, sino a la decisión de un juez, que
ha venido acompañada del impulso del Parlamento español para ilegalizar a la
formación abertzale. No obstante, Arnaldo Otegi aclara que la ofensiva del
Estado español, «probablemente el último salto que van a dar», no se dirige
contra la izquierda abertzale, sino contra Euskal Herria. También está seguro de
que «el pueblo vasco sabrá responder con dignidad nacional».
En apenas unas horas, el lunes, se procedió a la suspensión de
las actividades políticas de Batasuna y a instar a su ilegalización en el Estado
español. En los siguientes días se están clausurando sedes políticas en Euskal
Herria. Estos hechos son reflejo de que el conflicto tiene carácter político.
¿Qué alcance real va a tener esa ofensiva?
No se
pueden leer estos acontecimientos sin tener en cuenta el diseño del Estado
español que hizo la reforma postfranquista. Esa reforma, dirigida por los
poderes que apoyaron la dictadura, buscaba tres grandes objetivos: darle una
fachada democrática al régimen para homologarlo al contexto europeo; incluir a
la economía española en la cadena internacional y acabar con el proceso hacia la
independencia nacional del pueblo vasco. Está claro el fracaso estrepitoso en
ese tercer gran objetivo.
El
Estado español hizo un diseño, a través de una autonomía pactada con el PNV, que
pretendía plantear al pueblo vasco una dicotomía que perseguía su asimilación y
pretendía desactivar a la izquierda independentista, porque entendía que ese
mismo mecanismo estatutario iba a impedir que se desarrollara un sector popular
fuerte en torno a sus reivindicaciones. Veinticinco años después y, como dicen
sus propios portavoces, una vez que ese Estado ha usado todo contra el
movimiento independentista cuando dicen todo quieren decir eso: desde la
guerra sucia a la dispersión, desde la tortura a la autonomía, se sienten
obligados a dar un salto más, probablemente el último, que es el intento de
borrar del mapa político a ese sector popular que es el motor del proceso de
emancipación nacional del pueblo vasco. Hoy las máscaras han caído, porque ese
ciclo que se abrió con la transición y el Estatuto está acabado.
¿Quiere
decir que la suspensión de las actividades de Batasuna ha hecho saltar ese
marco?
Es la
última prueba gráfica. En virtud de esa aceleración de la emancipación nacional
que se le escapa de las manos, el Estado decide intentar aniquilar al motor de
ese proceso. Lo realmente preocupante para el Estado es que el conflicto está ya
situado entre el pueblo vasco y el Estado. Lo que no cabe en la democracia
española no es Batasuna. Lo que no cabe en la
democracia española es el pueblo vasco. Esa es la gran victoria popular de la
izquierda independentista. Y eso sólo se resuelve de una manera, con soberanía
para el pueblo vasco.
¿La
mayoría social de Euskal Herria comprende hoy menos que se respete la legalidad
española?. ¿Ya 'está madura' para apostar por la soberanía? ¿No se estará
acabando el tiempo?
Hay
masa crítica suficiente en este país para hacer un proceso soberanista. No me
cabe la menor duda. Además, a la vista de los últimos acontecimientos, estoy
convencido de que esa amplia base social que apostó el 13-M por PNV-EA frente al
Gobierno de Aznar hoy ya tiene claras dos conclusiones: que se equivocó
profundamente y que aquí sigue mandando el Estado español; que PNV, EA e IU, a
través del Gobierno de Gasteiz y con la Ertzaintza al servicio de ese 'proceso
de emancipación' del señor Egibar, lo que hacen es colaborar con el Estado, ser
Estado.
Tanto
usted como Pernando Barrena respondieron con críticas a esas declaraciones de
Joseba Egibar sobre «la aceleración del proceso de emancipación nacional». ¿No
comparte esa reflexión o no da credibilidad al portavoz del PNV?
Comparto
con Joseba Egibar que, efectivamente, el proceso de emancipación nacional se
está acelerando... a pesar del PNV; ésa es la gran diferencia, a pesar del PNV.
Ese proceso se está acelerando, entre otras cosas, porque hay un sector popular
que ha sabido durante estos últimos 25 años mantener la bandera de la dignidad
nacional y ha abortado los planes que elaboraron conjuntamente el Estado y el
PNV.
En cambio, durante estos últimos días desde PNV y EA se está acusando a
Batasuna el resto de fuerzas políticas sigue utilizando esa referencia
de «falta de autonomía».
Uno
tiene la impresión de que hay determinados responsables políticos que hablan por
no callar. Además, ya se les ha acabado ese discurso: ¡si Batasuna ya no puede
ser ni autónoma ni independiente! ¡si Batasuna no puede condenar las acciones
armadas de ETA!. Batasuna está ya fuera del mapa político en términos de
legalidad española... Luego, ése es un discurso que se les ha acabado y ¿a
partir de ahora, qué?
Estos
sectores políticos necesitan repetir lo que vienen diciendo desde hace veinte
años porque saben que las bases que les votaron el 13-M se sienten profundamente
avergonzadas de la actuación de la Ertzaintza cerrando sedes de un partido
independentista. Ese es el problema que tienen, y necesitan volver a ese
discurso lleno de alcanfor político que no plantea ninguna salida. La grave
responsabilidad de PNV, EA e IU es qué elección van a hacer: la de la soberanía
y la confrontación con el Estado o la de la colaboración con el Estado contra la
izquierda independentista.
¿Pero
hay alguna forma de salir de ese cruce de reproches?
Hicimos un emplazamiento al Gobierno de Gasteiz a la dignidad nacional y
a la responsabilidad política, porque el problema no es defender a la izquierda
abertzale, el problema es defender a Euskal Herria. Y no se defiende a Euskal
Herria en un marco de partición territorial y de colaboración con un Estado que
lo que busca es aniquilar al pueblo vasco. Lo que necesita este país es
confrontación con el Estado fascista español, no confrontación entre abertzales.
Y la respuesta ha sido que han mandando a la Ertzaintza a golpearnos y cerrar
nuestras sedes.
Dirigentes de distintas fuerzas abertzales están haciendo
llamamientos a no situar el conflicto entre abertzales. ¿Cree que las bases de
la izquierda abertzale buscarán la colaboración de las de otros sectores en el
día a día, pueblo a pueblo?
Históricamente, siempre se ha hecho una distinción entre las bases
populares y las direcciones de los partidos. No tengo ninguna duda de que las
bases populares de EA, IU y PNV quieren un acuerdo entre abertzales y
progresistas para la independencia de este país. El problema reside en que sus
direcciones no están apuntando precisamente hacia esa dinámica, sino en
dirección contraria. La izquierda abertzale siempre, siempre, va a tener la mano
tendida a todos los sectores populares que buscan el cambio político. Otra cosa
muy diferente es que alguien se empeñe en dinamitar la posible colaboración
entre partidos, y ésa es la labor que está haciendo el Gobierno tripartito. La
izquierda abertzale ha demostrado que tiene suficiente capacidad como para
anteponer los intereses del pueblo vasco por encima de los intereses propios.
Desgraciadamente, ésa es una lección que otros sectores abertzales aún no han
aprendido.
Esta
semana se ha hablado ya de contactos, como el que usted y Antton Morcillo
mantuvieron públicamente con ELA... ¿Para qué se habla? ¿tendrá alguna
traducción práctica?
En
este ciclo político y en este momento histórico el diálogo tiene un objetivo
claro: responder al Estado y, además, buscar vías de entendimiento en clave de
soberanía. En virtud del margen de maniobra y nivel de actuación que tenemos, es
evidente que no estamos dispuestos al diálogo estéril ni de entretenimiento
político. Ha llegado el momento de poner encima de la mesa las recetas y los
proyectos que cada cual tiene.
El
lehendakari Juan José Ibarretxe no hizo acto de presencia en la palestra
política hasta el viernes. ¿Cómo valora ese silencio de cuatro días?
Eso
retrata al lehendakari de las tres provincias. ¡Que mejor retrato que ése, con
la que está cayendo! Siendo el máximo responsable político de la Ertzaintza, es
el que tiene que asumir la actuación de la Ertzaintza contra la izquierda
abertzale. Y como no tiene nada que decir sobre eso, probablemente en los
próximos días hará declaraciones para darle cosmética soberanista a su
actuación. Pero hay que tener clara una cosa en esta situación política: hay que
valorar lo que se hace, y no lo que se dice. Creo que ha quedado meridiana y
gráficamente expresado con la actuación de la Ertzaintza; eso es lo que se hace.
Estar a la altura de las circunstancias exige un plante al Estado fascista
español en clave de proceso de soberanía. Todo lo demás es literatura política.
¿Y cómo se concretaría
ese plante al Estado?
El
Estado, el Estatuto de autonomía, ya no permite que cientos de miles de
ciudadanos vascos mantengamos en nuestro país una actividad política regular,
normalizada, en igualdad de oportunidades. Frente a esa situación hay que
resolver una pregunta muy sencilla: ¿vamos a seguir legitimando ese régimen o
vamos a combatirlo construyendo realmente los pilares de la democracia de Euskal
Herria?. Seguir jugando a autonomías, a Parlamento español y a cumplir 'como es
debido' la legalidad española es ser cómplice de un régimen antidemocrático que
impide al pueblo vasco decidir su futuro.
Se marcó
setiembre en la agenda política para, entre otras cosas, evaluar el dictamen de
autogobierno aprobado en Gasteiz ¿Ese calendario sigue vigente?
Quiero hacer una matización. Efectivamente, se aprobó un dictamen en el
Parlamento de las tres provincias con la abstención de Batasuna. Hay que hacer
un primer balance de lo que han hecho desde su aprobación: no ha habido un solo
portavoz, ni uno solo, de ese Gobierno que haya hablado en clave de
autodeterminación; se han centrado exclusivamente en un discurso de
reivindicación del Estatuto. Eso es lo que han hecho. Otra cosa es lo que se
escribió. Ahora, quizás necesiten hacer otros pinitos en el discurso para seguir
realimentando una expectativa.
Si se
quiere hacer un proceso soberanista, la autonomía va a estar en riesgo por una
sencilla razón, porque es un instrumento del Estado. Pretender hacer proceso
soberanista sin poner en riesgo la autonomía es imposible, no porque lo quiera
así la izquierda abertzale, sino porque lo quiere el Estado. Eso no quiere decir
que los instrumentos de que se han dotado tres provincias a través de ese
Estatuto no puedan ser utilizables, sino que en el momento en que se utilicen
para hacer camino de emancipación nacional, van a ser desactivados por parte del
Estado. La cruda realidad es que en el PNV, los michelines, que son los que
mandan, no están dispuestos a perder su estatus por plantear una dinámica de
soberanía.
La
próxima cita electoral en Hego Euskal Herria está fijada para la primavera de
2003. ¿Cómo ve ese escenario?
¿Cuál
es la estrategia que el PNV diseñó tras el triunfo electoral del 13-M?. Seguir
gestionando la ambigüedad, seguir manteniendo de cara al público una
confrontación con el Estado en términos semánticos mientras en las cosas
importantes llegan a acuerdos, como en Interior o el Concierto Económico. En
definitiva, lo que busca es la hegemonía del movimiento abertzale y el cálculo
que hace es el siguiente: con una izquierda abertzale ilegalizada y que no puede
presentarse a las elecciones, el PNV vuelve a engordar y vuelve a plantear con
el Estado una interlocución partidista para renovar el pacto estatutario. Ese
era y ése sigue siendo el plan.
¿Qué
es lo que ocurre?. Que la intervención del Estado voltea el plan y ahora tienen
muchas más dificultades para mantener su discurso. Yo planteo una interrogante
razonable: ¿con esos sectores populares imposibilitados de concurrir a las
elecciones, los sectores de este país que se reclaman abertzales van a legitimar
unas elecciones que dejan fuera a la segunda fuerza política en las últimas
municipales?. Tienen que responder a ese reto, porque, si no, se debería
entender que hay partidos dispuestos a sacar rentabilidad del intento de
aniquilamiento de la izquierda abertzale, lo que sería suficientemente grave
como para que a cualquiera que sea responsable en el terreno político de este
país ni se le pasara por la cabeza.
El auto de Garzón deja una puerta semiabierta, o semicerrada, a
la actividad de los parlamentarios. ¿Asumir ese escenario como «Plan B» no sería
entrar en una ratonera cuando ya se está buscando la inhabilitación de los
electos e incluso su procesamiento y detención?
Hay
que tener claro que, además de efectos electorales y políticos, el Estado busca
descabezar a la izquierda independentista. Creo que las gentes de izquierda y
abertzales cometeríamos un grave error si medimos los márgenes de maniobra según
el espacio que dejan los autos de Garzón. En Euskal Herria existen centenares de
miles de mujeres y hombres que son independentistas y de izquierdas que sabrán
encontrar los mecanismos de articulación para plantear propuestas y seguir
manteniendo su dinámica política y social. Adoptarán las formas que en
determinadas coyunturas decidan. Este pueblo y el motor de este proceso de
emancipación nacional tienen que perder muy poco tiempo en la lectura de los
autos judiciales; eso lo tienen que hacer los juristas. Lo que corresponde hacer
a esos sectores populares es garantizar que se sigue manteniendo la actividad de
la izquierda abertzale. Eso es lo fundamental.
Pero la Ertzaintza, en Durango, o la Guardia Civil, en Lizarra,
ya han denunciando a militantes abertzales por mantener «reuniones ilegales».
¿La militancia de la izquierda abertzale estaba preparada para asumir de golpe
esta situación?
Eso
en principio ya denota un hecho extremadamente grave, que la Ertzaintza no se
limita a ejecutar los autos de Garzón. Estaríamos ante la tesitura de comprobar
que el Gobierno de Gasteiz lejos de garantizar los derechos de los vascos, que
no lo puede hacer, incluso colabora con el Estado en la persecución de derechos
internacionalmente reconocidos como el de manifestación, reunión o de
participación política. En cuanto a si
estaba preparada la militancia para encajar este golpe, creo que la izquierda
abertzale no es un sector político que desconozca la clandestinidad o la factura
que pueda suponer el compromiso con la liberación nacional. Si algo ha tenido y
tiene la izquierda abertzale es capital humano preparado.
Hay
muchos discursos como el suyo, también lo repite Arzalluz, que inciden en esos
tiempos peores que ha vivido Euskal Herria ¿Cómo cree que están recibiendo esos
mensajes las generaciones más jóvenes, que no vivieron la dictadura franquista?
Este
pueblo no ha perdido la memoria histórica. Existe caudal humano suficiente, en
la juventud, en el movimiento cultural, obrero, internacionalista... como para
hacer frente a la actual situación. Unas circunstancias duras como las que está
imponiendo el régimen fascista español en Hego Euskal Herria no van a abortar el
proceso de emancipación nacional, ni van a impedir que miles de hombres y
mujeres defiendan el proyecto político de la izquierda independentista. Y el
tiempo será testigo. Cuando digo que Euskal Herria va a ser el Stalingrado
político de los fascistas españoles lo digo con absoluta seguridad. No van a
someter al chantaje ni al miedo al sector popular que busca la liberación
nacional y social. Al contrario, van a fortalecer la necesidad del cambio
político.
¿Que
mensaje les dirige a quienes han elegido una opción política ahora ilegalizada
de facto y que pueden pensar que se les va a arrebatar lo que han logrado con
sacrificios personales?
Siempre ha sido muy duro pelear por Euskal Herria. Tenemos ejemplos en el
pasado y en el presente. Siempre ha habido quienes, por encima de intereses
personales, han sabido anteponer los intereses de este pueblo. Yo lo único que
les digo es que merece la pena el compromiso con Euskal Herria, merece la pena
luchar, merece la pena el sacrificio, porque la mayor irresponsabilidad sería
legar este conflicto a la siguiente generación.
He
apelado muchas veces a la memoria histórica. A nuestros bisabuelos les quitaron
los fueros, les quitaron los bienes. Unas décadas después volvieron a perder la
II Guerra Carlista. A nuestros abuelos y padres les confiscaron los bienes y les
encarcelaron. Y a nosotros ya nos han confiscado y nos han encarcelado varias
veces. Los sectores independentistas y de izquierda no están dispuestos al
sacrificio de los de siempre para que pueda ser posible el negocio de los de
siempre. No están dispuestos a que la siguiente generación viva en conflicto
político y, por lo tanto, vamos a hacer todo para que no sea así.
¿Qué
valoración hace de la respuesta que está ofreciendo la militancia de la
izquierda abertzale durante estas jornadas tan especiales?
A
nivel personal tengo el deber de agradecer a las mujeres y hombres que han
estado defendiendo las sedes de Batasuna en pueblos y capitales. Hemos vivido
escenas auténticamente emocionantes, comprobando cómo la gente es capaz de
mantener en alto la dignidad de un pueblo. Quiero agradecérselo de corazón. Nos
ha llegado al corazón a todos, porque al final es el calor popular el que
mantiene alta la moral. Y quiero animar a
la gente a que mantenga esa posición de dignidad y a que responda a las
agresiones y participe en las movilizaciones que, a nivel individual y de
plataformas populares, están siendo convocadas tanto en los pueblos como el día
7 en Bilbo. Son citas con la dignidad nacional y con Euskal Herria, en las que
se va a comprobar que hay confianza en el futuro. El futuro es del pueblo vasco.
Hay que seguir construyendo Euskal Herria en el día a día. Este pueblo tiene
cita con la libertad y con la dignidad nacional, y a esa cita tenemos que acudir
todos. Ahí va a estar también la izquierda abertzale.
La
repercusión internacional de lo que está sucediendo en Euskal Herria está siendo
grande, al menos en los medios de comunicación.
Siempre ha sido una labor prioritaria de la izquierda independentista
situar el conflicto en el terreno internacional. El señor Aznar ha hecho una
gran contribución en ese sentido. El pueblo vasco está en las portadas de todos
los periódicos de todo el planeta, y percibo que en muchos la medida ha sido
criticada. El último dato evidente es que iban a presentar una moción en el
Parlamento Europeo a favor de la ilegalización y la han tenido que retirar. El
Estado busca cercar a Euskal Herria en su actividad política dentro de sus
propios límites geográficos, y lo que tienen que hacer los independentistas de
izquierda es situar el conflicto con el Estado francés y el Estado español en el
mapa europeo. Hay que aprovechar ese eco mediático para poner encima de la mesa
las soluciones en clave de paz, democracia y soberanía para el pueblo vasco. -
Enlaces - Tras la
ilegalización...:
Acontecimientos - Prensa
Pronunciamientos:
Enlaces para
ampliar Información sobre Euskadi:
Opinion Ilegalizar: una tarea
inútil
Juan
Manuel Sánchez
Gordillo*
Manifestación de protesta
contra la ilegalización de Batasuna,
convocada en Donosti por dos
personas.
Las siguientes han sido
prohibidas
Prohibir es
siempre reprimir. Prohibir la realidad es propio de esquizofrénicos y una tarea
inútil que no puede conducirnos más que al fracaso y al abismo.
En estos
momentos tan ultraconservadores donde no hay más discurso que el pensamiento
único es imprescindible decir la verdad no solo porque sea revolucionaria sino
porque es el único asidero del pensamiento crítico que pueda romper con tantas
alienaciones impuestas por los señores que controlan el poder.
Decir la
verdad de lo que uno piensa y siente es por otra parte en esta sociedad de
encefalograma plano peligroso y hasta temerario porque los "torquemadas" de lo
"políticamente correcto" te pueden señalar con el dedo y mandarte directamente a
la cárcel o propiciar tu linchamiento público.
Pero a pesar
de esto y otros muchos pesares diré lo que pienso, les guste o les disguste a
los señores del orden establecido y cueste lo que me cueste porque el silencio
aquí y ahora es complicidad y un hecho política y humanamente abominable.
La
ilegalización de Batasuna es una barbaridad política propia tan solo de los
ciegos que no quieren ver. Y es una barbaridad se siga el camino de "la ley de
partidos políticos" que atenta contra derechos esenciales que la propia
Constitución consagra como son la libertad de expresión y la libertad de
asociación o sea por el camino seudojurídico del Juez Garzón que con sus
exhibiciones no hace más que demostrar que la ley y su aplicación no es más que
la dictadura miserable de la clase dominante.
Yo no voté la
Constitución porque había y hay aspectos fundamentales que no comparto y porque
en aquellos momentos estaba en la cárcel, pero me da mucha rabia que los
fundamentalistas que consideran la Constitución como un dogma inamovible sean
quienes la pisotean cada vez que le sale de sus caprichos y de sus intereses. No
creen ni en sus propias leyes, tal vez porque la burguesía no tenga más
creencias, ni más sentimientos ni más ley que la de sus cajas fuertes.
La Ley de
Partidos Políticos es un golpe de Estado a la propia legalidad que dicen
proteger las fuerzas más reaccionarias que van de la mano de las consignas del
imperialismo desde el 11 de Septiembre con una arrogancia y chulería muy
cercanas al fascismo.
Y si esta ley
de partidos es golpista y liberticida no puede ser inocua su aplicación, por eso
es normal que no se pueda entender para nada a los partidos que como Izquierda
Unida dijeron no a la ley y ahora no sabemos por qué miedos, presiones o
incoherencias se abstienen, ya que la ética más elemental exige cambiar esa ley
en cuantas ocasiones se pueda y por todos los medios a nuestro alcance ya que
estamos hablando de dejar sin expresión política a más de 200.000 personas, nada
más y nada menos.
Pero además
ilegalizar Batasuna no sirve absolutamente para nada, si acaso para echar leña
al fuego, romper puentes y radicalizar un conflicto político que de una puñetera
vez debe ser reconocido como tal. No reconocer la naturaleza política del
conflicto existente en Euskadi es como el avestruz meter la cabeza bajo el ala y
desde ahí es imposible construir ninguna salida hacía la paz.
Y ese
conflicto radica en que una parte más o menos importante de la nación vasca
quiere que se reconozca al pueblo vasco el derecho de autodeterminación que le
permita decidir su futuro desde sí mismo.
Creo que la
solución a este conflicto político tiene que pasar por tanto por una solución
política en la que puedan dialogar todas las partes en conflicto para intentar
encontrar una salida que desde luego ha de pasar por el reconocimiento de este
derecho democrático admitido internacionalmente entendido "como la libertad que
tiene cada pueblo a decidir en cada momento la cantidad de soberanía que quiere
ejercer y si quiere federarse o confederarse al Estado español o a cualquier
otro Estado o si por el contrario quiere la independencia absoluta y formar
Estado propio".
Si para
reconocer este derecho ha de reformarse la actual constitución en sus títulos
Preliminar, II, III, IV, VII, VIII, IX y X y el Estatuto, para llegar a un
estadio político realmente diferente al actual que permita otras reglas del
juego donde todas las opciones políticas tengan espacio suficiente desde donde
actuar no ya en Euskadi sino en cualquier otra nación de las que forman el
Estado español... hágase sin tantos complejos ni tantas monsergas.
Creo que
rompiendo el mito de que la Constitución y los Estatutos son inamovibles
estaremos en muchas mejores condiciones para abordar no solo el problema en
Euskal Herria sino en el Estado español donde las otras naciones que lo componen
necesitan tener la posibilidad real de ejercer su soberanía hasta donde sus
pueblos decidan.
El actual
estado de las autonomías está ya más que obsoleto y querer imponerlo por la
fuerza choca con la realidad y los sentimientos de unas naciones más o menos
emergentes que en cualquier caso deben gozar de la libertad que les permita
fijar por sí mismas sus horizontes futuros y sus señas de identidad.
Desde ahí si
puede abordarse el problema hoy de la violencia en Euskadi y llegar al abandono
de las armas por parte de ETA pero también estaremos evitando otros conflictos
que más temprano o más tarde pueden darse en Cataluña, Galicia o
Andalucía.
La
Globalización entre otros efectos trae el recorte de soberanía a los pueblos y
naciones de este planeta ya que hay un trasvase continuado de esta soberanía, de
la capacidad real de decidir que está pasando de la esfera de lo político al
Mercado que es quien realmente a través de sus multinacionales, FMI, Banca
Mundial, OMC o la Trilateral deciden los cultivos que se han de sembrar, las
industrias que tienen que desaparecer, el hambre que se tiene que sufrir o las
guerra que hay que declarar y en el lugar concreto de este planeta que habitamos
donde se tienen que producir. No es ninguna tontería en este contexto de
perdida de soberanía de los pueblos y naciones de reclamar espacios reales de
decisión... para hacer posible otro modelo de desarrollo y otro modelo de
sociedad... pero en cualquier caso lo que me parece estúpido es aferrarse a unas
estructuras donde no se sientan cómodos los pueblos entre otras cosas porque los
pueblos tendrán siempre el derecho a subvertir.
Pero además es
que la paz no tiene otro camino que el de la libertad y el crecimiento de los
derechos sociales y nacionales de los pueblos, nunca desde su prohibición,
represión, recorte o ignorancia.
Algunos
partidos defienden un Estado Federal pero ese Estado no es posible desde la
actual Constitución española y desde luego es evidente que cualquier forma de
federalidad tiene que venir previamente desde un referéndum en el que cada uno
de los pueblos y naciones manifiesten su voluntad para dar lugar a esa
federalidad y puede haber naciones que no quieren acogerse a esa federación y
desde luego esas naciones tendrán siempre el derecho innegociable a ser
independientes.
Cualquier
modelo de Estado que se defienda ya sea federal o confederal pasa por esta
libertad esencial que indudablemente no se le puede negar a ningún pueblo ni
hoy, ni mañana, ni nunca.
Por tanto el
camino de la paz no puede nunca venir desde la negación del contrincante o del
enemigo y mucho menos de su derrota o aplastamiento sino desde el diálogo, la
negociación y el encuentro por muy duro que este sea y aunque la distancia entre
esos oponentes o enemigos sea aparentemente insalvable.
Ilegalizar lo
que no le gusta, odia o teme ha sido siempre una tentación del poder que no es
solo rematadamente inútil para la paz sino una magnífica estupidez cuyos efectos
han sido siempre contrarios a lo que se busca. La paz es algo mucho más
complicado y desde luego infinitamente más serio.
La paz solo
puede venir desde la tolerancia, la generosidad, la inteligencia y la
justicia.
*Juan Manuel Sánchez
Gordillo es Alcalde de Marinaleda por IU-CA; Coordinador
Nacional de CUT-BAI; miembro de la dirección nacional del SOC y de la
Presidencia Federal de IU, electo por las listas de la Plataforma Critica (hoy
Corriente Roja de IU).
Opinión
Euskadi:
El Estado español ilegaliza a
Batasuna
Andalucía Libre
El 26 de Agosto
de 2002 el Congreso de los Diputados español aprobó iniciar la ilegalización
de Batasuna. Ese mismo día, el Juez Baltasar Garzón suspendió
de forma inmediata la legalidad de Batasuna. A partir de esta
coincidencia, casual o coordinada, una fuerza política con 200.000 votos,
más del 10%; miles de militantes; diputados, alcaldes... quedó remitida a la
clandestinidad. Sus locales han sido clausurados, sus bienes
y cuentas corrientes embargadas. No puede convocar actos o manifestaciones, ni
directa ni indirectamente. Sus grupos parlamentarios actuales, limitados en
acción y con peligro de disolución; su web amenazada.Ya se anuncian
iniciativas para encausar y detener a sus sucesivas direcciones. La Ley, hecha
a medida para ilegalizar Batasuna, la hace extensiva a
cualquier otra formación política nacional -o incluso local- que se entienda
su sucesora y a sus precedentes HB y
EH, impidiéndole concurrir a todo tipo de
elecciones; convirtiendo con ello en social y
políticamente fraudulentos todos los futuros
resultados electorales que puedan producirse en Euskadi
bajo esas condiciones de excepción.
Una manifestación de
Batasuna, de antes de su prohibición
Cuando la democracia deja traslucir la
dictadura
Aún prevista, la ilegalización de
Batasuna es un acto de fuerza antidemocrático del Estado
español de enorme trascendencia y repercusión política, tanto en
Euskadi como en el conjunto de naciones del Estado y por
tanto en Andalucía. El 26 de Agosto de 2002 cierra una etapa
y abre otra de imprevisible desarrollo. Ayudado por la estrategia
suicida y las acciones irracionales de ETA, el Gobierno español
postfranquista del PP (con el PSOE a su cola) no ha dudado en dar un paso
inscrito en su proyecto de reespañolización; sin arredrarse ante las
contradicciones e incoherencias que conlleva su decisión con el mismo discurso
ideológico legitimador de la democracia parlamentaria. Como si se
extrajera de un manual, ha podido comprobarse como el Gobierno manda, los
jueces actúan como su prolongación y complemento y el parlamento sirve como un
teatro.
No estamos en el fascismo, pero eso no
significa que no vivamos bajo una dictadura soterrada y sutil, en forma de
democracia homologada, perfectamente funcional a los intereses
dominantes, que sólo permite la organización, la discrepancia y la resistencia
en tanto su control sobre ellas sea lo suficientemente efectivo como para que
no resulte un riesgo al Estado español. El franquismo nació con un golpe
militar del Ejercito de la II República española, gracias a la colaboración de
buena parte de su aparato de estado, heredado a su vez de la Monarquía
borbónica. Y la Monarquía parlamentaria actual, surgió de las mismas entrañas
del franquismo. Aquí no hubo ni un amago de Nüremberg o de depuración; ni
siquiera se concedió como sustitutivo una mísera Comisión de la
Verdad. En el momento clave, los reformistas (PCE) se encargaron de
facilitar el transito para procurarse un lugar al sol y luego -ya
con la desigualdad de fuerzas instaurada y la continuidad asegurada- se
establecieron los restringidos y leoninos márgenes de juego. Y el orden
español vigente dejó de remitirse como legitimación al 18 de
Julio para hacerlo a la Constitución. Y los antidemocratas y
chauvinistas españoles que niegan un principio democrático elemental como
el de la autodeterminación se travistieron de
democratas.
Entre fascismo y democracia
-según se entienden al uso- hay profundas diferencias, desde luego, pero
también notorias concomitancias. Las democracias toman medidas
fascistas cuando interesa (guerras de agresión, ilegalizaciones,
prohibición de prensa); el fascismo no necesariamente
ha de instaurarse en contra de las llamadas instituciones
democráticas o incluso del mismo parlamento, sino que incluso
historicamente solio imponerse a su amparo y con su aval (Italia, 1922;
Alemania, 1933; Francia, 1940) o incluso coexistio duraderamente con el
parlamento (Hungría, años 30). Y si no es expresamente el fascismo,
las democracias llegado el caso pueden, gracias a la amenaza de
unos cuantos centuriones insubordinados, dar cortésmente el paso a
un régimen democrático fuerte (Francia, 1958) que -aunque
mantenga elecciones- reinstaure el control. Las democracias
colonialistas han podido asesinar a mansalva en Marruecos, Argelia, India,
Indochina; bombardear impunemente, antes con cañoneras y ahora con B-52 y
misiles. Impolutos regímenes democráticos se han dedicado a infiltrar
y destrozar organizaciones populares mientras recurrían al fraude (EEUU) o
a prohibir fuerzas políticas molestas (Francia, 1939-1970; RFA, 1956) o a
dividir países pese a otros parlamentos incómodos (Gran Bretaña a Irlanda,
1921) o a usar el terrorismo de estado (SAC, BVE-GAL, SAS). La
democracia puede ser muy dictatorial si se necesita y sin dejar
por ello de ser democracia. Por eso es igualmente estúpido tanto
asumir sus reglas (que no es lo mismo que usarlas o acatarlas,
provisionalmente) o creerse su discurso, como no tenerlas en cuenta a
unas y a otro, a la hora de actuar. Por eso son tan políticamente criminales
los que pretenden creerse que es posible realmente cambiar algo y llegar a la
ruptura mediante la no-violencia como estrategia -convirtiendo la
cobardía en ética- como quienes convierten a su impotencia en impaciencia,
pretenden ganarle al Estado jugando en su plano y con sus armas
y olvidan que medios y fines forman una unidad dialectica. Sabiendo
siempre también que una cosa es esta democracia y otras bien
distintas la democracia y el pluralismo imprescindibles en las
organizaciones populares y después de la victoria y la
independencia.
La
ilegalización de Batasuna -vía Ley de Partidos y vía las sucesivas actuaciones
del ambicioso Juez Garzón- es una medida destinada a Euskadi, pero que afecta
a todas las naciones del Estado -y especialmente a la izquierda nacionalista,
la única que preocupa al Estado- como amenaza y
recordatorio. El Estado español está diciendo: si dejas de ser
marginal y te haces lo suficientemente fuerte, cuenta con que intentaremos
aplastarte. Una vez que para ser considerado terrorista no es
necesario ni robar, ni matar, ni secuestrar, ni colaborar directamente a la
ejecución de estos actos, sino que basta compartir ideas y
organizarse políticamente en forma y manera que a criterio del Estado
español se forme parte del proyecto terrorista, la veda esta
abierta y que se ejecute o no queda a discrección y conveniencia del Estado.
El Art. 9 de la nueva Ley de partidos es tan versátil y omnicomprensivo como
el Art. 58 del Código Penal soviético de 1926 con el que Stalin amparó sus
purgas. El Estado español está recordando con esta Ley y con las
actuaciones de Garzón que una vez que falle el fomento y protección de
las organizaciones españolas (de derecha o de izquierda), los dineros, el
monopolio informativo, la ley electoral...; una vez que sean insuficientes las
listas negras, la precariedad, el paro... siempre quedara el contundente uso
del Derecho democrático. El Gobierno español del PP ha impuesto
además el voto en el Parlamento de la ilegalización al objeto de forzar un
retrato y una corresponsabilización por parte del resto de fuerzas políticas,
lo que no ha dejado de resulta especialmente incomodo para quienes -como
CiU o IU- preferían en principio no ensuciarse las manos y dejarle
la tarea al aparato judicial.
Cuando se
dispone del Poder real y este es irresponsable por permanente, no hay que
tener miedo al ridículo o a la incoherencia formal y si no véase: la
ilegalización de Batasuna como colectivo se argumenta aduciendo que
Batasuna forma parte de ETA -que es tan ETA como la misma ETA- y sin
embargo no parece que, de momento, el Estado español esté dispuesto a detener
inmediata y sistemáticamente a todos esos miles de militantes de Batasuna
que, según su tesis, por serlo son de ETA o aún más, a esas decenas de
miles que, por votar Batasuna, habría de entenderse que apoyan y por
tanto colaboran con ETA. Tate. El Estado español -que es democrático
y está en Europa- no quiere llenar los estadios de San Mames o
Anoeta con presos; prefiere tener vía libre para pescar a su arbitrio a
aquellos que considere oportuno en cada momento. No para afectar a la
actividad de ETA, es obvio, sino para impedir o al menos dificultar la
acción política de la izquierda abertzale civil.
Hay que
recordar, además, que el Estado español hoy ya dispone de abundantes
resortes desde el Código Penal, las sucesivas leyes antiterroristas, de
seguridad ciudadana, la LSSI, etc hasta las aparentemente inocuas
ordenanzas municipales de limpieza u ocupación de vía pública, para reducir al
mínimo si se quiere la actividad política, sindical y social;
acogotándola a multas y detenciones. Que la situación social y la correlación
de fuerzas haya hecho innecesario en general hasta ahora
-por ejemplo en nuestra Nación- el uso de este arsenal no significa que
no este ahí a la espera, validado por el parlamento, dispuesto a ser utilizado
para que los islotes democráticos en esta democracia
española sean reducidos, en el pleno sentido físico de la
palabra, a la virtualidad.
Contexto profundo
y coyuntura.
Todavía en 1995 el mismo
Aznar decía que la hipotética ilegalización de la izquierda abertzale era
inútil para acabar con el terrorismo vasco y que había otras
prioridades.
La Tregua de ETA
de 1998-99 y el Pacto de Lizarra-Garazi, alteraron forzosamente
los planes iniciales de Aznar. Nunca hubo desde 1975 hasta entonces
en las cúpulas del PP, PSOE y PCE mayor preocupación y nerviosismo por el
cariz que tomaban los acontecimientos. ETA entonces no mataba, pero el tono
del discurso españolista no por ello se atenuó, antes al contrario. No
había terrorismo pero el nacionalismo español estaba mucho más inquieto que
cuando ETA actuaba. Sin el recurso a la critica de la violencia y con
el discurso democrático claramente del otro lado, al Estado español sólo
le quedaba recurrir en la propaganda a espantajos de presunta limpieza
étnica y a la amenaza de la fuerza contra las instituciones
vascas.
El boicoteo de la tregua
desde Madrid fue exitoso gracias a la torpeza y prepotencia de ETA y a la
duplicidad y cobardía del PNV. El Gobierno extrajo las enseñanzas
debidas del trago pasado y se dedicó a elaborar un diseño
político hecho exprofeso para intentar evitar la reedición del periodo de
Lizarra-Garazi. Un eje del proyecto gubernamental español era la
neutralización y supresión políticas del independentismo socialista
vasco. Suprimir a Batasuna para impedir cualquier posibilidad de acuerdo
con el PNV; para favorecer la hegemonía en la izquierda abertzale de los
sectores más militaristas y para facilitar con su ausencia forzada, primero el
acoso y luego la toma por las fuerzas españolistas de las instituciones
vascongadas gracias a mayorías fraudulentas. Los antiguos franquistas e
hijos del franquismo que nutren el PP -aún están frescas las declaraciones
ultraespañolistas de Mayor Oreja diciendo que Euskadi no
existe- tienen claro -más que el mismo nacionalismo vasco- el riesgo
que supone Euskadi para la unidad y preservación del Estado
español y consecuentemente para el orden social que lo sostiene y al que
ampara y no están dispuestos a negociar nada que no asegure -aunque sea en
condición de privilegio- la continuidad vasca en el Estado
español. Estratégicamente, quieren colocar un dique a unas aguas que si
caen en Euskadi saben que también lo harán a continuación en Cataluña y luego
ya de forma incontenible aquí o allá; hasta llevar a España al
basurero de la historia, a reunirse con el Imperio otomano o el
austrohungaro. De ahí que no quepa extrañarse de que no estén dispuestos a
detenerse ante nada ni ante nadie.
A este objeto, el bloque PP-PSOE ha
pretendido descubrir ahora que entre ETA y Batasuna existe una relación
política, como si no fuera un hecho sobradamente conocido y obvia su
existencia desde siempre y como si esa misma relación no hubiera sido
usada y tenida en cuenta en innumerables ocasiones por unos y otros.
Durante años era ETA quien exigía ser el interlocutor del Estado español
(y de ahí las negociaciones de Argel con el Gobierno PSOE) y eran los
españolistas los que decían que sólo hablarían, en su caso y
sin terrorismo actuando, con la izquierda abertzale civil. La relación
política existente entre ETA y Batasuna deriva de la misma historia de
Euskadi y de la izquierda abertzale y es también notorio que no se
asienta en vínculos operativos (que siempre han sido perseguidos y castigados
penalmente) sino en la comunidad -conflictiva y paulatinamente más
plural- de objetivos políticos e ideología y en la condición de expresión
política compartida de un sector social realmente existente en
Euskadi.
En esta etapa, la degradación política, ética y
militar de ETA ha servido altamente para facilitar la consumación de los
objetivos del Gobierno y el Estado español. Progresivamente aislada
dentro de Euskadi; recurriendo al terror indiscriminado de hecho fuera de
Euskadi (hemos tenido ejemplos en Andalucía de ello) sin la menor
consideración política con ninguna otra nación del Estado; baste recordar como
botón de muestra -una vez ya aprobada la Ley de partidos- el ultimo y reciente
atentado de Santa Pola (Países Catalanes). La colocación de una bomba junto a
una Casa-Cuartel de la Guardia Civil tuvo como resultado la muerte de una niña
de 6 años, hija de un guardia civil, y la de una persona mayor que esperaba el
autobús en una parada cercana. El comunicado en el que ETA reivindicaba
y justificaba la acción (ver enlace) aparte de rellenarlo con la
sutil amenaza a todos los partidos que no votaran NO a la
ilegalización de Batasuna, decía que no era responsable de que las
familias de guardias civiles vivieran en casas-cuartel y que quien
no quisiera arriesgarse a ser coste colateral de ETA que no se acercara a lo
que ETA considera sus objetivos (una larga lista, ciertamente). Esta
declaración evidenciando
nuevamente que la responsabilidad de estos asesinatos no podía adjudicarse
meramente a la fatalidad o a la chapucería militar últimamente dominante en
ETA, sino que derivaba directamente del autismo y empobrecimiento
políticos, del egocentrismo, la irracionalidad y la perdida de
criterios éticos dominantes en la dirección de ETA. El comunicado de Batasuna
(ver enlace) en relación al atentado de ETA, de otra parte, donde lamenta los
hechos pero no los critica, muestra como la renuencia a romper explícitamente
con una estrategia agotada ha contribuido enormemente y de forma decisiva a
facilitarle políticamente la faena al Estado español. Este curso, gestado en años, explica que el
Estado español (tras haberse dedicado con empeño a asociar ETA y Batasuna)
haya podido dar el salto que implica la Ley de partidos, justificándose tras
ETA cuando su objetivo político real era Batasuna, sin temor a tener que
responder a una reacción solidaria
significativa fuera de Euskadi.
La ilegalización de Batasuna ha tenido de
momento en Euskadi una respuesta movilizadora moderada. Cabe considerar
que se piense en el medio más que en el corto plazo, aparte de las nuevas
dificultades que conlleva la clandestinidad. Tanto política como socialmente
la mayoría de Euskadi -a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado
español- está contra la ilegalización.
Con todo, la prohibición no ha dejado de
provocar sus efectos. El PNV sigue con sus dos almas
de toda la vida a cuestas -la independentista de fin de semana o de milenio y
la autonomista negociante de los días de labor- pero que opte ahora por la vía
de la reforma estatutaria en lugar de por la asunción unilateral de
competencias usurpadas denota que los michelines(1) ganan grasa. Que haya sido la policía autónoma a su mando la
encargada de clausurar las sedes de Batasuna es un signo posible de que en
Lakua(2) no descartaban que La Moncloa estuviera esperando
un pase foral(3) para quitarles el mando de la
Ertzantza(4), pero al margen de estas u otras presunciones
no deja de ser un acto de sometimiento impresentable a Madrid.
De
las otras dos fuerzas representadas en el Gobierno, cabe destacar que EA ha
organizado por su parte una concentración de protesta contra la ilegalización
en Guernica y que junto a declaraciones de fe independentista, ha difundido
criticas recias al Juez Garzón. Queda por ver qué hechos sucederán a estas
palabras. EB-IU, de una parte ha vuelto a tener que reproducir su espectáculo
habitual: defender el no a la ilegalización en Euskadi pero entender
que su central española a la hora de la verdad realice una abstención cómplice
en Madrid. También ha terminado plegándose a la presión de sus
mandos en Madrid a la hora de rectificar la propuesta de someter a voto en el
Parlamento vascongado un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Partidos,
reconvirtiéndola en lo propio pero desde el Gobierno vasco, para evitar una
contaminante coincidencia de voto con Batasuna. Ahora bien, la propuesta
carroñera sobre el nuevo modelo federal (ver enlace) como nuevo
Abrazo de Vergara(5) esa sí parece
ser de cosecha vasca, aunque más que una pretendida solución sea una auténtica
distorsion.
Lo que ni
PNV ni EA ni IU-EB han dicho es que, a partir de considerar previamente
trucadas las próximas elecciones, no comparecerán en esos comicios, salvo que
Batasuna (o su herencia) pueda presentarse. Eso no.
ELA -primer sindicato de Euskadi y que con LAB
tiene mayoría nacional- en un interesante comunicado (ver enlace) se
posiciona afirmando que «un proceso
soberanista no avanzará sin confrontación con el Estado español, aunque ello
suponga hacer frente a la amenaza de retirada de las esferas de poder
'otorgadas' por Madrid'», criticando al Gobierno PNV-EA-IU
por «dar preferencia a la obediencia debida sobre la defensa de los
derechos y libertades y el cumplimiento de la voluntad de la ciudadanía a
la que representan lo que es, no sólo un error democrático, sino también
un suicidio político». Para ELA, el acatamiento de las órdenes recibidas
desde Madrid «degradan y erosionan la condición de órganos políticos de
las instituciones vascas y las reduce a eslabones de una cadena
administrativa».
Batasuna -o mejor dicho
las personas que actúan como referencia de ese sector político- mantiene en
público de momento un discurso optimista y voluntarista y se muestra
especialmente sensible en la preocupación por preservar su electorado y evitar
que haya fugas hacia PNV y EA.
La mejor noticia que
podría provenir de Euskadi en esta coyuntura, la que cambiaria automáticamente
el escenario político y la más temida en Madrid porque transmutaria la
defensiva en ofensiva políticas -una declaración de tregua indefinida por
parte de ETA- es, a fecha de hoy, poco previsible.(6)
-
Michelines, se usa
-recordando la imagen de marca del muñeco de los neumáticos Michelín- en
referencia a los anillos de grasa en las caderas y políticamente en
Euskadi a partir de una expresión del líder del PNV Arzalluz en los que
con esta palabra definía a los sectores acomodados y acomodaticios
de su propio partido, prestos a pactar con Madrid y a dedicarse a los
negocios.
-
Lakua, sede del
Gobierno vasco.
-
Pase foral,
procedimiento tradicional en el Antiguo Régimen cuando llegaban a las
provincias vascas leyes de la Corona española para avalar o para acatar
pero no cumplir.
-
Ertzantza, Policia autónoma
vasca
-
Abrazo de Vergara,
pacto con el que termino la Guerra carlista (siglo XIX) entre liberales y
absolutistas.
-
Sobre el proceso de
ilegalización , ver ANDALUCIA LIBRE nº 115, 118, 126 (Archivo de
Boletines) o Sobre
Euskadi
Retratos
parlamentarios
Las fuerzas políticas ante la ilegalización de
Batasuna
Andalucía Libre
Momentos trascendentales
como la votación parlamentaria para ilegalizar Batasuna y los posicionamientos
previos (ver enlace) definen bien a cada fuerza política.
De quienes votaron a
favor, no vamos a ocuparnos de los españolistas expresos y confesos. De
los regionalistas canarios (nuevamente representados en la tribuna por J.C.
Mauricio, antiguo secretario general del PCE en Canarias) sólo apuntar
que en cada ocasión que se le escucha, sorprende su capacidad para revalidar y
elevar niveles de cinismo y reaccionarismo que difícilmente parecen
superables. Hay quien dice que el portavoz del insularismo canario suele
explicar con su verbo desenvuelto mejor la política del PP que el propio
PP. Para observadores ajenos no deja de resultar llamativa la armonía
discursiva resultante de una síntesis en donde se mezcla
la experiencia de un exestalinista renegado con el manejo de una
banda de tránsfugas de la UCD. Escuchar a Mauricio defender que no hay
presunto nacionalismo valido más que dentro de la defensa de España,
porque eso es lo moderno, no tiene desperdicio. A anotar su
cuidado de la imagen en televisión, puesto de manifiesto cuando al
cruzarse en la escalera con Anasagasti (PNV) siendo canario, se hizo el
sueco descaradamente para no responder al saludo del
vasco.
José Núñez, diputado del
PA y candidato a la alcaldía de Sevilla, por contra, al explicar su
alineamiento contra los derechos democráticos y detrás de las fuerzas
españolistas volvió a demostrar que la oratoria no es lo suyo. Que nuevamente
hubiéramos de escuchar como se usaba el nombre de Andalucía, para hacer
españolismo por parte de un partido llamado andalucista producía no
se sabe si más pena que asco o más indignación que hartura. Sería parcial sólo
decir que el PA volvió a juntarse con quienes les aseguran las
poltronas, los sueldos y los negocios en la Junta y en los Ayuntamientos.
Siendo esto seguramente una razón de entidad -como cuando apoyaron
últimamente la invasión de Afganistán, la expedición colonialista
española en el Perejil o antes el mismo Pacto españolista PP-PSOE- hay que
considerar también el peso de la historia y que esta fuerza siempre ha
confundido interesadamente su presunta versión del nacionalismo andaluz con el
españolismo alienante y paralizador del agravio comparativo y siempre se
ha manifestado incapaz de hacer avanzar un milímetro la conciencia nacional
andaluza. Y es que si a los del PP si se les rasca les sale el discurso
joseantoniano, a los del PA les sale un híbrido entre PP-PSOE; puede que por
tanto rebotado de por ahí refugiado en sus filas o porque el grueso de sus
mentores -Rojas Marcos, Arredonda, De los Santos, Uruñuela...- iban de
jóvenes para esto y se quedaron en una cosa como el PA. Para colmo de
cutrez y servilismo y para ser más españolistas que los españolistas, el
PA anda indignado ahora porque PSOE-PP no le dejan -de momento- someter a voto
en el Parlamento andaluz una resolución de
apoyo a la ilegalización de Batasuna. Así les va y así nos va a
Andalucía con semejantes piezas.
De los abstencionistas,
CiU -que había votado a favor de la ley- se explicoteo en términos
jurídicos, dando consejos de cómo es aconsejable ponerse guantes antes de
meter las manos en la mierda, de como hubiera sido mejor dejar que los jueces
se ganasen el sueldo, de los riesgos no fuera a ser que, por casualidad, algún
Tribunal internacional de esos tan inútiles que hay por Europa le diera por
ponerse proteston y lo mal que iba a quedar entonces la democracia
española, toda pringada ella... En fin, el partido de Pujol hizo de su
abstención un sí, pero, buscando no perder demasiados
puntos en Cataluña ni a un lado ni a otro y mantener abiertas sus
tradicionales relaciones con el PNV.
Del BNG -que había
votado NO a la Ley y ahora se pasaba a la abstención- decir que escuchándole
parecía que su sitio precisamente estaba donde votaba: a medio camino
entre Labordeta, el PCE-IU y CiU. Apoyo al proceso judicial; Galicia ante
todo (o lo que es lo mismo, no vamos a pagar costes por asuntos ajenos),
temor ante la presión mediática, etc. Triste discurso para un
diputado -Rodríguez- que ya de por si desprende tristeza y triste situación
para una fuerza que pretenda algún día liberar su país -si es todavía el
caso- reconocer que no se tiene valor para hacer lo
debido.
A Llamazares (PCE-IU)
hay que agradecerle la claridad para situar a IU en su sitio -como heredera
del PCE- aunque su rigor histórico sea tan escaso como abundante su
desverguenza. Ahí que vino a decir que -ojo- que el PCE había estado
contra la el uso de la violencia hasta contra el franquismo, con lo que
de un plumazo rescribió la relación del PCE con el Maquis antifranquista hasta
que este fue exterminado por el Régimen mediados los años cincuenta (que
por entonces el PCE combinara la lucha armada con la búsqueda de pactos
políticos que prefiguraban el que después hizo en la Transición, es otro
asunto). Un caluroso apoyo a Garzón (al que le falto llamarle
compañero); una defensa del Pacto de Ajuria-Enea y de la Constitución
española; un recordatorio dolido de los meritos adquiridos por el PCE
acompañado de un llamamiento a PP-PSOE para restablecer puentes y
que se les perdonara que no se sumaban a la ilegalización con banderas
desplegadas, para terminar con un ejercicio de incoherencia supina al afirmar
que la ley en cuestión era inconstitucional -por lo que habían votado
antes que NO- pero llegado el caso de aplicarla no se oponían a que así fuera,
que ese es aquí el sentido de la abstención. En resumen, un punto de encuentro
(quizá sea a esto a lo que llamen tercer espacio)
entre la cagalera ante el acoso mediático y el españolismo congénito; la
revalida de que al PCE-IU no puede comprársele un coche usado; la
pena, al recordar que sin los votos andaluces lo que quedaba del PCE-IU
no aguantaba un chubasco y estos estarían pronto en su casa (o en la casa
común) y un interrogante, ¿como puede alguien de izquierda y
andaluz -si es consecuentemente de izquierda y nacionalmente andaluz-
aguantar dentro del PCE-IU?. ¿Hacen falta más pruebas de que las formaciones
españolas (o de referencia y ámbito español, si le damos al eufemismo) son
esencialmente inútiles y no digamos si son como el PCE-IU?. Por cierto, su
antigua sucursal y próximo referente en Cataluña -IC/Verds- tuvo la astucia,
al menos, de hacer el mismo discurso casi, pero votando
NO.
Los vascos -PNV y EA-
que votaron NO, no tuvieron su día. Lagasabaster (EA) en el poco
tiempo disponible apunto algunas criticas democráticas a la ley, recordó la
mayoritaria oposición política, parlamentaria y social vasca a la ley y
desperdicio segundos con un llamamiento contra la crispación y por el dialogo,
que no tocaba y con el que, además, no le iban a perdonar desde los
bancos españolistas anteriores intervenciones más contundentes. Lo de
Anasagasti (PNV), simplemente, es para leerlo (mejor escucharlo). Y es que al
hombre -que se le nota que no traga a Batasuna ni en pintura- le pone de los
nervios las acusaciones del PP-PSOE de que el honesto PNV son casi
como ellos (aunque en este debate, al PSOE le tocaba el papel de
policía bueno, por aquello de mantener los puentes) y
así se adelantó un tanto inquiriendo si tras ilegalizar a Batasuna
estaban pensando también en ilegalizar al PNV.
La mejor intervención
del día corrió de la mano de Puigcercós (ERC). Desde la legitimidad de quien
no venia de la dictadura franquista (andanada al PP) ni había sido
autista con el terrorismo de estado (andanada al PSOE) remarcó que lo
de Euskadi era un conflicto político (como Irlanda del Norte o Córcega) que
tenía que tener soluciones políticas, posicionándose hacia una salida
irlandesa. Rechazó que se aplicara una ley española a una nación como la vasca
que la rechaza; refirió los intereses electorales existentes tras el asunto y
las motivaciones orientadas a desgastar también al Gobierno vasco y terminó
constatando que ningún partido catalán, vasco o gallego había votado que sí,
lo que era un favor forzado por la retórica, vistas las posturas citadas, pero
al que no pudo resistirse para disociar Euskadi, Cataluña y Galicia del resto
(dado que es catalán y el partido andaluz que había allí mejor que no
estuviera -porque cada vez que habla sube el pan- no se le puede
reprochar a priori que no tuviera en cuenta a
Andalucía).
Y así quedaron
retratados para la historia.
Nota:
Batasuna boicoteo las ultimas
elecciones generales españolas
Textos de analisis y opinión de
ANDALUCIA LIBRE sobre Euskadi
-
Publicados entre 2000 y septiembre de
2002
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Solidaridad con
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