Queridos
amigos:
Cuando escribo esto, Buenos Aires está rodeada desde hace una
semana por una densa humareda originada en la quema de pastizales del Delta del
Paraná y que ha alterado la vida cotidiana de millones de personas.
La mayor parte de los responsables son propietarios de campos
que adoptaron un método drástico para eliminar la vegetación y acelerar su
puesta en producción.
El evento ha provocado el cierre de varias rutas, dejó sin
operar a tres puertos, dos aeropuertos y la terminal de ómnibus de la Ciudad de
Buenos Aires. Ha habido importantes accidentes en las rutas, con varios muertos
y heridos.
Es claramente el peor caso de contaminación del aire en toda
su historia.
Quiero expresarles mi desconcierto ante la falta de
prevención y respuesta por parte de quienes deberían haberle hecho frente con
responsabilidad y que, en vez de eso, basaron su estrategia en la esperanza de
un cambio en la dirección del viento.
Veamos los hechos:
Los incendios hay que apagarlos apenas aparecen
Al mediodía del 17 de abril, uno de los directivos del
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) informó al canal de
televisión TN que había campos que se estaban quemando “desde hace 21
días”. Cuando habló, ya había 300 focos de incendio y se estaban quemando
70 mil hectáreas.
En una recorrida por cualquier Parque Nacional podemos ver
carteles que indican el riesgo de incendio según la humedad y el estado de la
vegetación. ¿Aquí no había nadie pensando que cuando hay una sequía prolongada
algo se puede quemar?
En ese momento, la noticia era que los aviones hidrantes no
podían actuar para apagar el fuego, debido a la densa humareda.
Sucede que tenemos un Plan Nacional de Manejo del Fuego,
debido a los incendios de bosques y de campos de años anteriores y que está
diseñado para responder en cuestión de horas. ¿Por qué no actuaron los
hidrantes 21 días atrás? ¿No estaban en condiciones de actuar o alguien
consideró que no era necesario movilizarlos? Cualquier persona sabe que a los
incendios hay que agarrarlos de chiquitos y que si nos tomamos 21 días para
decidir apagarlos, se van a volver inmanejables. Que fue precisamente lo que
ocurrió.
Está claro que cuando se produce un incendio, hay que
apagarlo cuanto antes. Si el propietario del campo lo hizo deliberadamente,
habrá que cobrarle los gastos de apagarlo y llevarlo a juicio.
¿Lo que hicieron es un delito?
Sugiero ver el Código Penal de la República Argentina, donde
hay una figura delictiva llamada “estrago culposo”. Es decir,
cuando alguien produce un desastre sin querer, por impericia o por negligencia.
¿Va actuar la justicia, o lo trataremos como un simple
fenómeno meteorológico, que no fue culpa de nadie?
En las rutas, la seguridad es más importante que el cobro del
peaje
También cualquier persona sabe que si no hay visibilidad en
las rutas, se producen accidentes. Sin embargo, fue necesario un espectacular
choque en cadena, en el que siniestraron más de 40 vehículos, con varios
muertos, para que se decidiera cortar la ruta 9. En los días subsiguientes,
cada vez que alguien decidía reabrir la ruta, morían algunas personas y se la
volvía a cerrar.
El humo actuó sobre una atmósfera ya saturada.
La contaminación afectó duramente el Área Metropolitana de
Buenos Aires, porque allí ya hay tantos contaminantes en suspensión, que la
atmósfera no puede diluirlos.
En Santiago de Chile o Ciudad de México, ante una situación
equivalente, las autoridades declaran la emergencia ambiental. En esa
situación, se prohíbe la circulación de los automóviles particulares para que
no agreguen más gases a la atmósfera y sólo se puede circular en transporte
colectivo.
Una emergencia de contaminación es una emergencia sanitaria.
Ante un evento así, hay que redoblar las guardias que atienden
enfermedades respiratorias en hospitales y clínicas privadas. Y, por supuesto,
el informe que después se haga (¿se hará? ¿se publicará?) tendrá que consignar
si hubo un aumento de la cantidad de enfermedades y muertes en estos días por
dolencias respiratorias.
Una situación así tendría que reforzar las estrategias de
prevención.
Sin embargo, parece ocurrir lo contrario. En plena crisis, la
Secretaría de Energía decidió suspender la aplicación de las normas ambientales
para el fuel oil que se usa en las usinas térmicas. Esta decisión tiene nombre
y apellido: se trata de facilitar el uso de un combustible de origen
venezolano, de baja calidad y que por eso es difícil colocarlo en otros
mercados. Viene con un alto contenido de azufre, y las normas prohíben que se
use.
Si se quema fuel oil con azufre, después llueve ácido
sulfúrico. Es decir, lluvia ácida, un fenómeno históricamente desconocido en
Buenos Aires.
Sería bueno que la experiencia sirviera para algo. Si hemos provocado la humareda,
sería bueno que aprendiéramos a no causar la lluvia ácida.
En esta entrega ustedes reciben:
§ Una noticia periodística que anuncia la
suspensión de las normas ambientales en el momento en que se las necesita.
§ La obra de arte que acompaña esta entrega es un
detalle del cuadro “Incendio Forestal”, del italiano Piero di Cosimo, en el que
se ve el espanto de los animales ante tanta irracionalidad.
Un gran abrazo a todos.
Antonio Elio Brailovsky
Piero Di Cosimo (italiano): “Incendio Forestal”, detalle
Miércoles 16
Abril 2008
UNA RESOLUCION A MEDIDA DE LAS COMPRAS DE COMBUSTIBLE A PDVSA
Postergan norma ambiental para favorecer al fuel
oil de Venezuela
Se
intenta de esta manera suplir la falta de gas para las centrales térmicas.
Por: Antonio Rossi
El Gobierno postergó la aplicación de nuevas especificaciones
ambientales que se habían fijado para el uso de fuel oil y que amenazaban con
dejar fuera de circulación al combustible que provee PDVSA para las centrales
térmicas.
Por la resolución 150, la Secretaría de Energía decidió que hasta nuevo aviso
seguirá vigente el actual nivel máximo de azufre en el fuel oil de 10.000
partes por millón (mg/kg) en peso.
En setiembre de 2006, Energía había determinado las nuevas especificaciones
técnicas y ambientales que debían cumplir los combustibles que se comercialicen
en el mercado interno. Entre otros parámetros, dicha norma estableció para el
fuel oil que el máximo de azufre permitido desde junio de 2008 debía ser de
7.000 partes por millón en peso.
A menos de dos meses de la entrada en vigencia de ese cambio que apuntaba a
reducir los niveles de contaminación, el Gobierno lo dejó sin efecto y autorizó
que se continúe utilizando un fuel oil más pesado.
De acuerdo con lo señalado a Clarín por varios generadores y especialistas del
sector, la nueva norma que posterga la mejora del combustible en materia
ambiental tendría como beneficiario directo a PDVSA, porque el fuel oil que
está enviando al país es de mediana y baja calidad.
Según la resolución oficial, la modificación se basa en que "la necesidad
de importar fuel oil vuelve conveniente ajustar las especificaciones a la
calidad internacionalmente más comercializada, teniendo en cuenta que las
usinas tienen controlado el máximo de emisión de dióxido de azufre en los gases
emitidos por las chimeneas".
Para suplir la falta de gas de las centrales térmicas, desde hace cuatro años
la administración kirchnerista importa en forma directa desde Venezuela grandes
cantidades de fuel oil y gasoil.
En 2007 se importaron casi 928.000 tn. de fuel oil que implicaron para el
Estado un desembolso superior a los US$ 400 millones. Para este año, las
compras se incrementarán, como mínimo un 20%, y la factura a pagar crecerá
hasta los US$ 600 millones.
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